¿Hacia un segundo error judicial en el caso Grimaldos?

El impopular asunto que se ha planteado abiertamente con motivo del procesamiento, por la jurisdicción castrense, de la realizadora de la película El crimen de Cuenca suscita dos cuestiones de pareja magnitud: primera, hasta qué extremos tiene derecho un creador a rebuscar en nuestro pasado los datos de un hecho real y recrearlo bajo forma de narración, escénica o cinematográfica, y, segundo, en qué medida la Administración y las jurisdicciones ordinaria y militar están legitimadas para impedir que se relaten unos hechos para conocimiento de la opinión pública, hechos rigurosamente ciertos, aunque del relato salgan justamente malparados algunos individuos.Respecto de la primera cuestión, entiendo que, a la vista de los derechos constitucionales del ciudadano español, el creador es absolutamente libre para crear la obra que le plazca, siempre y cuando no rebase los límites del respeto debido a las personas y a las instituciones.

En cuanto a la segunda, considero que la legitimación para actuar contra una obra de creación, ya sea desde el plano del poder ejecutivo o del judicial, estará subordinada a la ley, y mientras no exista una norma que impida a un creador realizar su obra o ésta lesione algún derecho tutelado por nuestro ordenamiento jurídico, el relato, el drama y la película tienen derecho a vida plena mientras gocen del favor del público.

Una cuestión a añadir a las dos planteadas sería el derecho de todo español a ser informado puntualmente y con respeto a la verdad de todos los acontecimientos, no sólo presentes, sino también pretéritos.

En el caso de El crimen de Cuenca, debido a que, al parecer, se ofrecen violentas imágenes de las torturas infringidas a los supuestos culpables de un asesinato, la jurisdicción militar ha tomado cartas en el asunto incluso, se deduce de las informaciones publicadas en la prensa, adelantándose a la jurisdicción ordinaria, y como primera medida ordenó el secuestro de la producción cinematográfica y de todas sus copias, para dictar hace muy pocos días auto de procesamiento contra su autora. Ignoro qué indicios racionales de culpabilidad han impulsado al Juzgado Militar número 5 a tomar estas medidas, que yo calificaría de algo más que cautelares, y con todos mis respetos al secreto del sumario, sospecho que el único delito de la procesada ha sido el decir la, verdad; verdad cruda, si se quiere, pero verdad comprobable fácilmente.

Con el fin de ilustrar previamente al profano lector sobre los hechos que dieron lugar al mal llamado «crimen de Cuenca» ya que doy por sobradamente ilustrados del hecho a quienes han tomado la decisión de secuestrar el filme y procesar a su realizadora, haré un breve relato de los hechos reales, que han servido de base a esta nueva producción del cine nacional.

El día 21 de agosto de 1910, el pastor José María Grimaldos, vecino: de Tresjuncos, manifestó a su amigo León Sánchez, mayoral de una finca situada en el término municipal de Osa de la Vega, y a un conocido de ambos, Gregorio Valero, guarda forestal, su propósito de abandonar la comarca en busca de un nuevo trabajo. Para ello disponía de unas 250 o trescientas pesetas, producto de la venta de unas reses. Grimaldos desapareció a raíz de aquella conversación y, pocos días más tarde, la familia del desaparecido denunció a Sánchez y a Valero como presuntos asesinos de Grimaldos. La causa tardó en instruirse tres años. Fue primero archivada por el juez, ante la falta de pruebas, y sólo con la llegada de un nuevo juez de instrucción a Belmonte, al parecer más propicio, don Emilio Isasa Echenique, pudo intrigar la familia de Grimaldos y lograr la reapertura de la causa y el procesamiento de los dos presuntos culpables. De nada sirvieron las reiteradas protestas de inocencia hechas por Sánchez y Valero. Después de repetidos interrogatorios terminaron por confesarse autores del asesinato de Grimaldos y hasta indicaron el lugar del cementerio de Osa de la Vega, donde habían enterrado el cadáver. Efectuada la exhumación del cadáver, que se encontró en el lugar indicado por ellos, el médico forense, doctor Jáuregui, dictaminó que se trataba del cadáver de una mujer de unos treinta años, que llevaba enterrada entre dieciocho y veinte. Sin embargo, se cerró el sumario y las diligencias instruidas se remitieron a la Audiencia Provincial de Cuenca. El fiscal, en su escrito de calificación provisional, solicitó para los dos reos la pena de muerte, aunque más tarde modificarla tales conclusiones. El veredicto del jurado fue de culpabilidad, y el día 21 de mayo de 1913, el tribunal dictó sentencia por la que se imponía a los procesados sendas penas de dieciocho años de reclusión. Sánchez cumplió doce años en el penal de Cartagena, y Valero otros tantos en el de San Miguel de los Reyes, de Valencia. El 18 de febrero de 1924, ambos consiguieron la libertad condicional y se reintegraron a la vida ciudadana, en la que se les planteó toda clase de problemas de convivencia, debido a su condición de criminales convictos, confesos y penados. Dos años después de su liberación, tuvieron noticias de que Grimaldos vivía y que jamás había ocultado su existencia.

Un error judicial había estado a punto de conducir al patíbulo a dos inocentes que, en última instancia, se habían visto privados de libertad durante doce años de su vida y hablan tenido que vivir como alimañas desde su liberación hasta la aparición de Grimaldos.

¿Es admisible declarar contra uno mismo?

La pregunta no se hace esperar. Si no existían pruebas testificales, documentales ni periciales; si no se encontró el cuerpo del delito, ni aparecieron las armas u objetos contundentes con que fue perpetrado el delito, ¿qué razones posibilitaron que se instruyese la causa, que se pronunciase un veredicto de culpabilidad y que se dictase un fallo tan severamente condenatorio contra los procesados? Simplemente, una: las propias declaraciones de los encartados Sánchez y Valero.

¿Cómo es posible que dos inocentes se confiesen autores del delito que se les imputa? ¿Por puro placer morboso? Los hombres de Castilla no son de esa calaña. A veces cuesta mucho sacarles la verdad, de manera que hay que echarle mucha imaginación para suponer que admitieron su participación en el delito graciosa y alegremente en plan de broma. ¡Menuda broma! La respuesta a esta pregunta clave la da Luis Jiménez de Asúa en su riguroso ensayo El error judicial en el caso Grimaldos, incluido en su libro Crónica del crimen, cuya quinta edición, publicada en 1970 en Buenos Aires por Ediciones Pannedille tengo a la vista en el momento de redactar estas líneas. Para Jiménez de Asúa «el error judicial de Osa de la Vega tiene dos motivos bien especificados y concretos: el apasionamiento del pueblo vengativo y los tormentos empleados para el logro de la confesión de estos inocentes». El ilustre criminalista amplía más adelante esta afirmación con datos fehacientes: «La Prensa española, amordazada por la censura, no ha podido detallar las violencias que Valero y León sufrieron. Pero han circulado por Madrid con profusión y he atestiguado su veracidad teniendo a la vista las diligencias y declaraciones del expediente. Gregorio Valero y León Sánchez afirman que fueron maltratados por el teniente, el sargento y los guardias civiles, estando grillados y esposados. Además de los castigos comunes a los reos, padeció cada uno las siguientes brutalidades específicas: a León le puso el guardia Telesforo estaquillas entre las uñas y palos entre los dedos, apretando luego ferozmente, y el antedicho Telesforo con sus compañeros le ataron los testículos con un bramante arrastrándolo cuatro o cinco pasos, mientras le daban golpes con las culatas de los fusiles. A su vez, Valero sufrió estos martirios: el sargento Taboada le pasó por encima del hombro el sobrante de las esposas, tirando de él al tiempo que le ponía la rodilla en la espalda, lo que le ocasionó tan vivo dolor que se desvaneció declarando; y el mismo Taboada fue arrancándole pelo a pelo el bigote... Las violencias empleadas dejaron lesiones evidentes, y el doctor Baldomero Pedernoso confirmó que los presuntos reos fueron maltratados. El rostro de Valero presenta una cicatriz que le parte una ceja y varios surcos blanquecinos en la cabeza que las heridas dejaron al cerrarse, como reliquias patéticas de los bárbaros tratos a que fue sometido. He aquí el verdadero motivo de este error judicial, que transforma su naturaleza, transmutándola de yerro doloroso en un verdadero delito del que son responsables los guardias civiles que, en funciones de policía judicial, arrancaron a unos inocentes la confesión de un crimen que no habían perpetrado y, en su caso, el juez que ordenó el empleo de tales procedimientos».

Oficialmente se reconoció el tormento sufrido

Oficialmente, estas afirmaciones quedan ratificadas en el contenido de la real orden del Ministerio de Gracia y Justicia publicada en la Gaceta del día 30 de marzo de 1926, cuyo preámbulo dice: «Hay fundamentos bastantes para estimar que la confesión de los reos Valero y Sánchez, base asencial de su condena, fue arrancada en el sumario mediante violencias inusitadas. En iguales términos se manifiestan los dos primeros artículos de esta disposición dictada expresamente a fin de ordenar una exhaustiva investigación de los hechos que posibilitaron las declaraciones de culpabilidad de dos inocentes.

El citado libro de Jiménez de Asúa, a pesar de haberse distribuido en España durante la dictadura franquista no ha merecido la atención del secuestro por parte de la jurisdicción castrense. Si los hechos en él consignados no fueran ciertos, ¿por qué no se secuestró en su día? Sospecho que porque tanto los hechos relatados como los testimonios del criminalista español, hasta del propio Ministerio de Gracia y Justicia son harto elocuentes como para admitir la menor discusión. Y si ello es así, cómo pensar que el secuestro de la película El crimen de Cuenca y el procesamiento de su autora, de seguir adelante, podrían dar lugar a un nuevo y lamentabilísimo error judicial en el «caso Grimaldos».

A fin de llamar la atención sobre esta posibilidad, que en 1980 resultaría inconcebible, echo mi cto a espadas en el asunto. La aci de la juridiscción castrense,, peñada, al parecer, en que no guen a conocimiento de la opit pública unos hechos rigurosan te ciertos, parece querer dar a tender que los métodos utilizi hace setenta años por algu miembros de la Guardia Civil los mismos que utiliza el Cu.