El PCE propone sanciones al director de RTVE

El Grupo parlamentario Comunista dio cuenta ayer, tras una entrevista con el presidente del Tribunal de Cuentas y el miembro de dicho tribunal encargado de la sección de RTVE, sobre la situación en que se encuentra la rendición de cuentas de dicho organismo. Entre otros datos, se informa sobre un documento remitido por el Tribunal de Cuentas al presidente del Congreso de los Diputados hace mes y medio. Los comunistas estiman que el tribunal debe proponer al Gobierno «la suspensión de empleo y sueldo hasta dos meses» del director general de RTVE, Fernando Arias-Salgado.El Grupo Comunista constata el reiterado incumplimiento de las normas que regulan la contabilidad de RTVE, según la memoria del Tribunal de Cuentas, relativa a 1974 y 1975, en la que se afirma: «A juicio de este tribunal es evidente que el cumplimiento del decreto de 11 de octubre de 1973 era plenamente exigible desde su vigencia y, por ello, ante el hecho consumado de no haberse cumplido el mismo, este alto centro estimó conveniente tomar las medidas imprescindibles para que los datos esenciales que la cuenta única aludida debía contener fueran reunidos de manera que pudieran reflejar el estado de situación en cuanto a ingresos y gastos del servicio público centralizado RTVE, que la repetida ley de entidades estatales autónomas ordena».

El Grupo Comunista considera ejercidos los medios de apremio previstos gradualmente en los artículos del reglamento del tribunal, por lo que procede en derecho la inmediata aplicación de la propuesta del mismo al Gobierno de suspensión de empleo y sueldo hasta dos meses del director de RTVE. Idénticas actuaciones proceden -siempre según el Grupo Comunista- en relación al interventor general de la Administración del Estado.

El Grupo Comunista ha obtenido por cauces extraparlamentarios un escrito dirigido por el presidente del Tribunal de Cuentas al presidente del Congreso de los Diputados (fecha de salida, 29-2-1980, y de entrada en el Parlamento, 1-3-1980), en el que el tribunal traslada a la Cámara las razones por las que le es imposible cumplir el artículo 136 de la ley General Presupuestaria, así como la Constitución, en el sentido de informar a las Cortes Generales de la cuenta general correspondiente al año 1978, por no haberla recibido de la Intervención General.