Minoría Catalana y andalucistas votaron en contra de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas

La Minoría Catalana y el Grupo Andalucista votaron en contra del proyecto de ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas en el trámite de votación a la totalidad del proyecto, que tuvo lugar ayer en el Congreso de los Diputados. Coalición Democrática se abstuvo, con lo que la votación final arrojó 271 votos favorables al proyecto, dieciséis en contra y nueve abstenciones.

El ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, intervino en el turno de explicación de voto y aseguró, entre otras cosas, que esta ley facilita «el camino trabajoso hacia la instauración del Estado de las autonomías» y que la ley «pone de manifiesto la equiparación de las comunidades desde el punto de vista financiero, sin que existan privilegios para ninguna».El ministro de Hacienda puso de manifiesto el largo recorrido de este proyecto de ley que arranca de 1978 y que, en su opinión, ha servido para desarrollar y perfeccionar aspectos de la autonomía financiera. Señaló que el proyecto cubre dos áreas de necesaria regulación estatal: «las relaciones financieras entre las distintas autoridades que contempla el nuevo espectro constitucional de financiación múltiple de la hacienda pública» y, en segundo lugar, el desarrollo del campo de posibilidades financieras de las comunidades autónomas contenidas en la Constitución, de forma que cada una de ellas «puede utilizar sin ninguna clase de diferencias todas aquellas que juzgue oportunas. Ninguna vía financiera establecida por la presente ley es privativa de comunidad alguna».

Más adelante, García Añoveros subrayó que es un notable acierto el principio que establece la ley para la interpretación armónica de su texto con los estatutos de autonomía, y dijo: «No son piezas de una oposición, sino elementos integrantes de un conjunto de normas que, presididas por la Constitución, han de regular una materia tan delicada y básica como es la hacienda».

Recursos para las comunidades

Aseguró también que la ley evita que ninguna comunidad resulte privilegiada porque su estatuto se haya aprobado antes o después de ella, y que «la ley no es fuente de discriminaciones desde ningún punto de vista, lo que es compatible con las peculiaridades que cada comunidad puede incorporar en su estatuto o en el uso que haga de su autonomía financiera en la aplicación de esta ley y de su estatuto respectivo».

El ministro de Hacienda estudió luego los principales rasgos que configuran el texto aprobado por el Congreso y analizó el conjunto de los recursos financieros que se contienen en el proyecto y que pueden agruparse en tres grandes bloques «o tramos financieros». El primero, de «financiación básica», con la participación de los ingresos del Estado y la recaudación de impuestos estatales total o parcialmente cedidos.

El segundo tramo está constituido por la tributación de recursos propios, que son aquellos sobre los que la comunidad autónoma tiene total y absoluta competencia: tributación propia y recargos sobre los impuestos estatales. El tercer y último tramo incorpora la tarea de redistribución; «se trata», dijo García Añoveros, «del fondo de compensación interterritorial, fondo presupuestario que deberá anualmente dotarse, al menos, con un 30% del importe de la inversión pública y destinarse a financiar proyectos de inversión ».

Por fin García Añoveros destacó que, en su opinión, se ha dado una buena solución al establecer unos criterios equitativos para la determinación del porcentaje de participación de las comunidades en los ingresos estatales, que ha de constituir su más importante fondo de financiación.

Los catalanes se oponen

Alfonso Osorio, en nombre de Coalición Democrática, explicó que su grupo se había abstenido por entender que no se ha fijado la cuantía de los recargos que sobre los impuestos estatales puedan establecer las comunidades autónomas.

El representante de la Minoría Catalana explicó que su grupo había votado en contra por dos razones fundamentales: porque la mayoría de la Cámara no había querido reconocer de forma explícita la preeminencia de los estatutos de autonomía sobre la ley orgánica, y, en segundo lugar, porque la ley «contiene dos figuras que resultan claramente contrarias a los intereses de las comunidades autónomas y tienden a perpetuar el poder del centralismo más puro»: el consejo de política fiscal y financiera el fondo de compensación interterritorial. Respecto de esta última explicó que no contiene «los prerrequisitos que esta minoría pedía para tener unas garantías mínimas de objetividad en los criterios de captación y distribución de los recursos que lo integran».

Miguel Angel Arredonda, en nombre de la minoría andalucista, justificó el voto negativo de su grupo en el hecho de que la ley se ha venido retrasando sistemáticamente; y porque, dijo, «la ley del desarrollo desigual del capitalismo se ha cumplido fielmente en España y se da también la ley del, desarrollo desigual legislativo, creando zonas desarrolladas políticamente y zonas políticamente subdesarrolladas ».

Señaló que, de acuerdo con algunas tesis de Fernández Ordóñez, se encuentra lógica «la existencia de una voluntad política para mantener el desarrollo del País Vasco y Cataluña, pero no se considera necesaria la voluntad política para superar el subdesarrollo andaluz». Acusó también al proyecto de ser una copia de la solución socialdemócrata planteada en la República Federal de Alemania, y aseguró que «en política se puede hacer casi todo menos imitar y aplicar miméticamente políticas importadas ». Por fin negó que la ley asegurase la solidaridad regional a través del fondo de compensación y concluyó citando al profesor José Luis Sampedro: «La región es más vulnerable ante la explotación externa a ella que un Estado políticamente independiente». Arredonda afirmó, a renglón seguido: «Si no se cambia el actual y global proyecto político y económico, en el futuro se recogerán los frutos que se derivan de él, y otros grupos políticos propondrán las soluciones que, en último extremo, se puedan deducir de la frase del profesor Sampedro».

Pérez Royo, en nombre de los comunistas, explicó su voto favorable al texto, y se congratuló de que se aprobase y de que los comunistas hubiesen puesto su impronta en esta ley. Dijo que la regulación del Fondo de Compensación Interterritorial ha quedado tal y como lo deseaba la izquierda -concretamente, el PCE y el PSOE-, y mostró su extrañeza porque grupos de izquierda «muy significativamente no presentaron enmiendas a este tema».

Alfonso Guerra, en nombre de los socialistas, señaló que la ley a la que habían dado su voto favorable «apenas si se parece al primitivo proyecto». Destacó que «los afanes del Gobierno por impedir la pérdida de poder que para él supone el proceso autonómico ha podido traducirse en un cantonalismo financiero», y explicó luego la necesidad de las autoridades autónomas de contar con un suficiente volumen de recursos.

Más adelante aseguró que «en un país en el que el sectarismo político continúa siendo la razón fundamental de quienes desempeñan el poder, cuando constitucionalizamos la participación en ingresos estamos dando un paso importante en la consolidación democrática». Hizo hincapié en demostrar que «España es una de las naciones más injustas de Europa», sólo superada en ello por Turquía y Portugal, en el plano de la distribución personal de la renta, y que esa misma injusticia se manifiesta a nivel territorial. Aportó cifras sobre la carencia de electricidad, agua corriente, servicios de aseo e higiene y número de analfabetos en Castilla la Vieja, Extremadura, Andalucía, Galicia, Castilla la Nueva y Canarias, y concluyó atacando la falta de visión política del Gobierno en el tema autonomista «y también en las fuerzas políticas cuya lealtad es exclusivamente particularista», dijo Guerra, quien añadió: «Prescindir en estos momentos de los lógicos equilibrios a nivel de Estado significaría construir un Estado frágil, que a la larga redundaría en perjuicio de todos».