Un año después

HA TRANSCURRIDO ya un año desde que las primeras elecciones municipales democráticas celebradas después de más de cuatro décadas desmontaron la maquinaria de los ayuntamientos digitales, en los que el sistema de autoperpetuación de los concejales -especialmente en los núcleos de escasa población- y la ausencia de controles facilitaron las prácticas caciquiles. El desordenado crecimiento de las ciudades grandes y medianas, tanto en altura como en extensión, cabalgó durante años a la grupa de la especulación del suelo y las licencias irregulares, con el resultado de que, por ejemplo, el nuevo Madrid combina junglas de asfalto y congestión, como la ampliación de la avenida del Generalísimo, con fantasmales y desangeladas ciudades-dormitorio desprovistas de servicios. Los nuevos ayuntamientos democráticos, con clara preponderancia socialista, comunista y nacionalista en la España urbana, han tenido que asumir, así, una menguada e incómoda herencia. El principio constitucional del respeto a los derechos adquiridos y las astronómicas cifras que hacen invariables las expropiaciones públicas -baste con mencionar el caso de La Vaguada- perpetúan las barrabasadas y estropicios del pasado.

De otro lado, los ayuntamientos de las grandes ciudades han recibido pesadas y anquilosadas maquinarias administrativas, con excesivo personal y malas costumbres adquiridas en ciertos sectores de los funcionarios, en lo que se refiere a incompatibilidades profesionales y rendimientos de trabajo, que consumen en gastos corrientes gran parte de sus presupuestos y no siempre, muestran la adecuada voluntad y la deseable eficacia para la instrumentación de las decisiones que vienen de arriba. Finalmente, los tradicionales déficit de las haciendas municipales, que en el anterior régimen carecían de mayor importancia por la continuidad política entre la Administración central y la Administración local, han seguido arrastrándose hasta el presente y todavía constituyen una hipoteca para los presupuestos de los nuevos ayuntamientos.

Sin tomar en consideración estos decisivos aspectos de la vida municipal cuyo presente y cuyo futuro a medio plazo se hallan inevitablemente configuradog por las acciones del pasado, cualquier juicio sobre la gestión de los nuevos ayuntamientos a lo largo de su primez año de funcionamiento carecería de equilibrio. Es cierto que los alcaldes y concejales elegidos en abril de 1979 no han conseguido milagros, que nuestras ciudades no han mejorado de manera visiblemente apreciable y que el recuerdo de los idílicos carteles de la campaña electoral socialista hacetodavía más espectacular el contraste entre lo prometido y lo realizado. Pero al menos, sin embargo, el cáncer de la especulación, la megalomanía y la ceguera respecto al futuro parece haber sido frenado, a la vez que cabe albergar la esperanza de que la corrupción y el cohecho dejarán de ser esa mala hiedra que resquebrajó en el pasado las paredes maestras de nuestra vida urbana.

Ahora bien, el más envenenado regalo que pudiera hacerse a los ayuntamientos de izquierda sería invitarles a reclinarse en los lamentos por la herencia recibida y en las quejas contra el Gobierno por la escasez de medios de competencias de la Administración local. La sensibilidad ciudadana es bastante más fina de lo que los ideólogos antidemócratas piensan; y los vecinos de una gran capital, de una ciudad media o de un pueblo, posiblemente sepan dentro de tres años, a la hora de emitir sus votos, qué parte de sus incomodidades, carencias e insatisfacciones corresponde a los datos objetivos de la situación y qué parte incumbe a la gestión municipal.

En este sentido, nada pejudicaría más a los partidos coaligados en los ayuntamientos de izquierda que la rivalidad entre ellos para aumentar su respectiva área de influencia. Tampoco les favorecería que los alcaldes o concejales utilizaran sus cargos para hacer política dentro de su organización, con vistas a reforzar su posición personal en las luchas intrapartidistas. Mas, en general, la tentativa de emplear los, ayuntamientos, no para mejorar las condiciones de e xistencia de los vecinos o dar solución parcial a los gravisimos problemas de nuestras ciudades, sino como arma dehostigamiento contra el Gobierno, posiblemente terminaría por hacerles perder la apuesta en los dos tapetes, alejándoles de cualquier posibilidad de victoria en las elecciones parlamentarias y expulsándoles del área de poder periférico por falta de respaldo popular. Es indiscutible que las actuales competencias municipales son escasas o, en cualquier caso, muy inferiores a lo que aconsejaría el modelo de una sociedad descentralizada, democrática y eficaz. También es verdad que la ampliación de tales competencias y el buen desempeño de las actuales exigirla haciendas municipales mejor dotadas. Pero la izquierda debería tener presente que una Administración local cercana a los ciudadanos, capaz de prestar servicios vitales a la comunidad y autónoma en su, campo de actuación nada tiene que ver con la resurrección del cantón de Cartagena.