¿Qué hacer?: las propuestas del FMI y de la OCDE

Las familias -como revela la en cuesta a las familias españolas (véase sus resultados en EL PAÍS del 6-4-1980)- están más pesimistas que nunca sobre el futuro económico del país; el 24% de ellas tiene un parado en casa, y el 28 % de los que trabajan conocen que la empresa en que lo hacen padece graves dificultades; más del 60% de los consumidores opinan que los precios subirán más este año 1980 que en el pasado. Esta mala situación no va a mejorarse por la política económica: el 81% de las familias ignoran que el Gobierno tenga programa alguno que aplicar, y el 60% afirma que el Gobierno no hace lo necesario para corregir este estado de cosas.Las empresas han ratificado esta opinión general en el registro de sus expectativas, cuya caída constituye una segura señal que anticipa el descenso futuro en los ya débiles ritmos de producción actuales.

La pregunta de ¿qué hacer? trata de contestarla la misión del FMI reconociendo previamente el punto en el que se halla situada la economía española y su ajuste a la crisis. El tono voluntariamente discreto y a moderación de los adjetivos aplicados que caracterizan a los informes de las misiones del FMI tienen en el de este ejercicio una excepción en el grito de ánimo que recibe la política económica aplicada en el pasado: «Las medidas de saneamiento económico adoptadas en 1917 han alcanzado un éxito estimable para mejorar la posición exterior de la economía española y reducir la tasa de inflación. Estas medidas se instrumentaron en medio de un proceso de cambio social y político profundo. Conseguir todo eso es un logro importante que pocos países han conseguido igualar.»

El aliento de ese elogio parecía necesario, porque inmediatamente es preciso que esas dificultades no han desaparecido en 1980 y que las tenemos delante no son menores que las existentes en 1977. Es la proclamación de esta dura verdad, su difusión en la opinión pública y su participación por todos los ciudadanos el principio por el que debe iniciarse el ¿qué hacer frente a la crisis? Los altos precios de la energía y el lento crecimiento del comercio mundial, que están ya con nosotros en 1980, han impuesto el regreso a la mayoría de las economías nacionales a la crítica situación de 1974. Así rotundo, así de claro, así de desalentador. Por desgracia, España no es excepción, sino regla de este retorno a un pasado difícil.

Ese regreso al difícil pasado lo impone el empobrecimiento relativo del país por la caída de su relación real de intercambio: la marcha de nuestros precios de importación y de los de exportación hacen que las cantidades compradas de importaciones por un volumen dado de exportaciones sean mucho menores. Reconocer ese empobrecimiento irremediable es el primer estado de conciencia que la política económica debe crear en todos los ciudadanos. Ese mensaje lanzado permanentemente al país por quienes lo dirigen es la primera e impopular prenda que hay que pagar para dar respuesta a la crítica situación de los ochenta.

Sin embargo, la misión del FMI nos advierte que ese regreso al pasado al que obliga a todos los países la elevación del precio de la energía tiene en el caso de España dos graves matizaciones adicionales: las crecientes cifras de paro y la necesidad de preparar el ingreso en la CEE. El reto que suponen estos dos datos de la posición española para la política económica debe encontrar su respuesta en lo que la misión del FMI califica, como,«la urgente necesidad de adoptar medidas directas que permitan destinar más recursos a la inversión sin aumentar la inflación».

La satisfacción de esa urgente necesidad» hacia la que, llaman nuestra atención los técnicos del FMI no podrá lograrse si no se reconoce como tal por toda la sociedad española y si no se presta por todos los ciudadanos un esfuerzo continuado y perseverante.

Cinco condiciones para aumentar la inversión sin elevar la inflación

Las condiciones para destinar más recursos a las inversiones sin elevar la inflación son cinco, según indica la misión del FMI:

- Moderar el crecimiento de los costes de trabajo (salarios y seguridad social), «una necesidad continuada»para vencer las fuerzas que han estado y están detrás de la inflación.

Conseguir a toda costa un ahorro público positivo capaz de financiar un volumen mayor de inversiones.

Aumentar la corriente de ahorro financiero /(privado) con la que apoyar las inversiones.

Ampliar la liberalización exterior de la economía como fuente de presión para una mayor eficacia en el empleo de recursos y contrarrestar las presiones inflacionistas.

- Asegurar la competitividad exterior de la producción española adoptando las anteriores decisiones y vigilando el tipo de cambio de la peseta.

En esos cinco frentes debe dar talla de sí la política económica, contando con el indispensable esfuerzo de la población, porque las actuaciones en esas cinco direcciones no son gratuitas. Todas son costosas y necesarias. Ese carácter mixto de la política económica frente a la crisis es un rasgo de fundamental importancia.

El informe de la misión del FMI se refiere con más extensión a la segunda y tercera, pero coloca idéntico acento de importancia en cada una de esas cinco actuaciones mencionadas. En este mismo sentido han de entenderse nuestros comentarios que glosarán las propuestas a las que la misión del FMI dedica más espacio, pero a las que no concede mayor prioridad.

El mayor ahorro del sector público como una necesidad apremiante

El año 1979 estuvo marcado por una permanente dificultad del sector público para mantener su déficit dentro de los límites que no amenazasen gravemente a la estabilidad. Esta propensión deficitaria del sector público debe encontrar remedio y el camino para conseguirlo es que la Hacienda pública española aumente su ahorro para financiar las inversiones necesarias. Es decir, que como cualquier agente económico, la Hacienda reduzca sus gastos corrientes de consumo y eleve sus ingresos corrientes. Las presiones sobre el presupuesto para atender a crecimiento de los gastos corrientes son incontables -afirma la misión del FMI- y van a continuar siéndolo en el futuro. Hay mil millones para ello: la mejora en la calidad y cobertura de los beneficios sociales solicitada por la población, las subvenciones a empresas para mantener sus actividades (cuya continuidad niegan los datos de la crisis y la nueva configuración de precios relativos), el crecimiento del gasto de la Hacienda local, el carácter crecientemente deficitario de las tasas de determinados servicios públicos.

La existencia de esos motivos no pueden negarse. Pero su reconocimiento debe servir para resistir las distintas apelaciones a la expansión del gasto público de consumo. La misión del FMI sugiere como un medio necesario existentes para el control del gasto público.

Por otra parte, el ahorro público reclama actuaciones del lado de los ingresos.Tres propone la del FMI: reducir los márgenes de evasión fiscal por una mmejor aplicación de la norma vigente, acelerar el ritmo de la reforma tributaria en curso y corregir las tarifas de los servicios públicos en línea con la evolución de los costes.

¿Cómo juzgar esta preocupación y consejos sobre el comportamiento del sector público dados por la misión del FMI? Nuestra respuesta es que la preocupación no puede estar más justificada y que sus consejos habrían de seguirse fiel y rápidamente por nuestra Hacienda pública. La reforma del sector público debería constituir una de las orientaciones fundamentales de la politíca económica del futuro inmediato. Nuestro sector público gasta mal, y pese a ello, propende a un desequilibrio peligroso y creciente entre sus gastos e ingresos corrientes El reconocimiento de esta situación obliga, en primer término a convertir a la ordenación del gasto público en objetivo prioritario del Gobierno, sino de la común preocupación de todos los partidos y más aún de aquellos que hacen descansar sobre el sector público sus esperanzas de dar respuestas a la crisis. Mientras los gastos corriente ( y especialmente los gastos de transferencia) continúen creciendo al ritmo actual, mientras sus previsiones presupuestarias se desborden ampliamente, mientras los gastos de inversión no se ejecuten al ritmo previsto, se realizará una mala administración del sectro público que se pagará muy cara por la economía.

A esa reforma del gasto público español debería acompañarla la apelación al mayor ahorro público que tan oportunamente se realiza en el informe de la misión del FMI. Una despreocupación entendida sobre el déficit presupuestario y la insuficiencia financiera del sector público constituyen dos conclusiones precipitadas y erróneas de un keynesianismo mal entendido y peor aplicado. Ningún argumento, económico avala la defensa de un desequilibrio financiero sin limitaciones del sector público y mucho menos en una situación como la española actual, con déficit y necesidades tan importantes de ahorro. De ahí la pertinencia del atender a necesidad tan perentoria por une actor tan destacado como es el sector público. Las tres acciones propuestas por la misión del FMI están plenamente justificadas, Reducir la evasión fiscal apunta hacia el vacío fundamental que hoy se aprecia en el proceso de reforma tributaria: la necesaria y retrasada modificación de la Administración y el déficit de información que ésta padece. Acelerar, la reforma fiscal para lograr una mayor suficiencia de ingresos constituye una propuesta pertinente económica y políticamente. Económicamente, puesto que los posibles déficit del sector público constituyen un mal lleno de efectos adversos. Políticamente, ya que la aparente paralización de la reforma tributaria se ha denunciado una y otra vez en el último año. Un paso adelante en el proceso reformador convencería a todos de que el ánimo de cambio fiscal existe en UCD y que nadie ha inclinado realmente al partido del centro hacia la derecha, cuya comprobación más evidente se encuentra en detener las decisiones que afectan a la reforma de la imposición primero, para rectificarla más tarde. La alineación de los precios de los servicios públicos con el crecimiento de los costes constituiría una medida coherente para evitar la extensión del cáncer del subvencionismo, origen fundamental del déficit crónico del sector público.

La reforma del sistema finaciero: requisito necesario, según el FMI, para aumentar el ahorro

La liberalización del sistema financiero ha constituido la reiterada respuesta de los economistas españoles a los problemas que planteaba su reforma. Y esa misma respuesta se encuentra en los informes de los organismos internacionales. En, esa dirección de liberalizar el sistema financiero se dieron importantes pasos adelante en los meses de julio y agosto de 1977. Algunos de esos pasos se han desandado, y lo cierto es que hoy los propósitos. reformadores flaquean. Por esta razón es alentador encontrar quienes, con ánimo sereno y resuelto, siguen aconsejando, como lo hacen. los miembros de la misión del FMI, seguir adelante en este proceso inacabado. No es posible confiar en la realización de un ahorro mayor sin ampliar la gama de vencimientos de los título en el mercado para ajustarlos a la preferencias de los ahorradores No está tampoco justificado pedir un mayor ahorro mientras el rendimiento de los activos financieros sea, en términos reales, negativo dado que muchos rendimientos de ahorro se sitúan por debajo de crecimiento de los precios. La liberación plena de tipos de interés cualquiera que sea el plazo de préstamo o el crédito, y una mayor ,adaptación a los plazos en que se manifiestan las preferencias de los ahorradores, constituyen dos conclusiones obligatorias para inspirar la reforma necesaria del sistema financiero.

Estas propuestas se han defendido previamente por otros muchos economistas españoles y su necesidad y conveniencia se han reclamado desde estas mismas páginas. Confesemos que sin conseguir respuesta positiva alguna por parte de la política económica. Confiemos en que la contestación sea otra, para los técnicos del FMI.

No hay, por tanto, y frente a las innegables dificultades actuales, justificación alguna para la pasividad. A la pregunta de ¿qué hacer?, la misión del FMI responde con la existencia de un conjunto de quehaceres: decirle, al país la cruda verdad sobre su delicada posición económica, orientar las decisiones hacia esa «urgente necesidad» de aumentar las inversiones sin elevar la inflación, para lo que deberán cumplirse las cinco condiciones expuestas con anterioridad y sobre cuya aceptación deberá girar una política económica responsable.

El informe de la OCDE: los tres defectos de la política económica de ajuste a la crisis

Quizá el aspecto más destacado del informe 1980 de la OCDE so bre España sea la « valoración general que el mismo realiza de nuestra política de ajuste a la crisis desde sus comienzos en 1973-1974. Tres son los defectos sobre los que la OCDE llama nuestra atención:

1. La economía no ha contado con el tratamiento prioritario de sus problemas por la política. La atención prestada a los urgentes y graves problemas económicos ha sido secundaria y discontinua.

2. Las medidas necesarias de política económica para luchar con la crisis no se han aplicado con la necesaria resolución y con la debida perseverancia. Existen demasiadas acciones iniciadas y no terminadas. La reforma del sistema financiero se comienza en 1977, y se detiene después con consecuencias costosas para la Administración de la política monetaria: la reforma de la financiación de la Seguridad Social discurre con lentitud, si es que se ha iniciado; los programas de reajuste de los sectores productivos se han demorado constantemente y el programa de construcción de viviendas -que, nadie discute en su necesidad y conveniencia, pero que la falta permanente de coordinación de distintas autoridades impide materializar-, son otros tantos ejemplos de este defecto de la política económica española de ajuste a la crisis.

3. La excepcional rigidez de las rentas y los costes ha impedido un mejor comportamiento de los precios. Los salarios y otras retribuciones han crecido muy por encima de las ganancias de la productividad con el consiguiente aumento de los costes. La limitada desaceleración de los incrementos salariales, conseguida desde 1977 en una economía muy debilitada en su desarrollo, con un 10% como tasa de paro y con una moderada marcha de los precios de importación, constituyen una prueba de esa rigidez de costes y el escaso aval que la misma concede a la estabilidad económica.

Esos tres defectos de la política española de ajuste a la crisis indican alguna de las cosas que hay que hacer.

Ante todo, la política tiene que tomarse en serio la economía y concederle un tiempo continuado y la debida prioridad. Sin esta condición, las decisiones sobre los problemas económicos se irán posponiendo todos los días y agravándose cada hora.

En segundo lugar, resulta necesario disponer de un programa de actuación económica que se aplique resuelta y continuadamente. Un programa que no sea sólo una declaración de intenciones de lo que piensa hacerse cuando llegue el día oportuno, que no se sabe bien a qué mes y a qué año pertenece. Las medidas que deben adoptarse deben describirse operativamente y fechar su aplicación por la política económica.

Los incrementos salariales han sido la causa principal y permanente de la inflación

El tercer defecto de la política española de ajuste es quizá al que el informe de la OCDE concede una mayor presencia. Nos referimos, claro está, al comportamiento de las rentas, de los costes y de los precios a lo largo de la crisis económica. Los dos grandes males que resumen la crisis con la que hemos iniciado los ochenta, son bien conocidos: de una parte, una inflación aguda, y de otra, un estancamiento perceptible en las tasas de crecimiento económico. La economía española -afirma el informe de la OCDE- no puede permitirse el lujo de continuar permanentemente colocada en este plano de estancamiento y de inflación. Salir de él no es tarea fácil, y no lo es porque el diagnóstico de nuestros males sea complicado, sino porque los remedios resultan difícilmente aceptables por la población. La OCDE habla claro a los ciudadanos españoles cuando nos dice «que una condición absolutamente esencial para liberar a la economía española del estancamiento con inflación que padece es la moderación en el crecimiento de las rentas nominales. Los incrementos en los costes del trabajo (salarios y cuotas de la Seguridad Social) y otras rentas en dinero han sido, en el pasado reciente, la causa principal y permanente de la inflación». Y concluye que mientras este comportamiento no se modifique no resultará posible vencer la propensión inflacionista de la sociedad española. Sin mejorar el comportamiento en la inflación de costes, nada de lo necesario resultará posible: ni conseguir el ajuste exterior ni aumentar la inversión y el empleo, objetivos básicos del ajuste interno.

En efecto, España no podrá obtener el necesario reajuste de su balanza de pagos sin reducir sus costes y precios. El informe de la OCDE coloca un acento dramático sobre la importancia de este punto: España en el pasado ha podido exportar más y ganar cotas en los mercados exteriores, gracias al bajo nivel relativo de sus costes de trabajo. El crecimiento del comercio mundial tiró de nuestras exportaciones, que, pese a todo y para ganar presencia, necesitaron devaluaciones periódicas del tipo de cambio. Hoy este proceso ha concluido. España no tiene, frente a los nuevos países industriales, ventaja comparativa en los costes de trabajo. Nuestra economía ha perdido su vieja ventaja en los costes relativos, y los nuevos países industriales los arrebatan pedidos y presencia en los mercados de muchos productos, creando excesos de capacidad perceptibles en muchas de nuestras instalaciones industriales. Exportar en estas condiciones es una tarea imposible sin reducir los costes, esto es, sin moderar las peticiones de elevaciones de rentas nominales y sin aumentar la productividad.

Esa reducción de los costes tiene también todas las características de una condición vitalmente necesaria para realizar el ajuste interno de la economía, es decir, para elevar las inversiones y el empleo. Sin la moderación de los costes es imposible hacer nada en la política económica: ni el ajuste exterior podrá realizarse ni el interno tampoco. Contando con el cumplimiento de esa condición, es posible -y necesario- hacer más cosas, y ese quehacer adicional toma para la OCDE dos rumbos fundamentales en el frente interno: reajustar las líneas de producción afectadas por la crisis, lo que, a su vez, requiere la realización de un esfuerzo fundamental y continuado que aumente las inversiones, y obtener el ahorro necesario para financiarlas.

Los nuevos datos de costes y precios relativos han dejado al margen de la competencia y del mercado a sectores productivos enteros, que constituyeron centros de atención del desarrollo industrial de los años sesenta y setenta. Una reconversión industrial profunda viene impuesta a la economía española por los datos en los que la crisis se manifiesta. Tratar de evitarla es imposible y el propósito de diferirla es enormemente costoso. Los proyectos de reajuste industrial se han iniciado -como se afirma en el informe de la OCDE- parcialmente y con timidez, y a veces ni siquiera se han iniciado (como ocurre con los sectores del calzado y de los electrodomésticos). Poner más voluntad y energía en esta tarea es una conclusión fácil de alegar, pero muy difícil de aplicar, porque afecta a muchos intereses y a bastantes puestos de trabajo. Llevar adelante los planes de reajuste industrial es, sin embargo, y por doloroso que resulte, una actuación indispensable que la política económica debería tratar de hacer aceptable tras hacerla comprensible a la opinión pública española.

El reajuste productivo interno reclama un amplio programa de inversiones públicas y privadas

El reajuste de la producción demanda también el aumento de la oferta de energía, materias primas y productos agroalimentarios, que están limitando todos los días con sus escaseces y encarecimientos las posibilidades de desarrollo de la economía. Sobre la necesidad de acelerar las inversiones en algunos de estos sectores insiste el informe de la OCDE.

El reajuste productivo interno constituye una denominación tras de la que están una serie amplia de tareas. Tareas imposibles sin la previa reducción de costes y precios, que hay que conseguir moderando el crecimiento de salarios y otras rentas monetarias. Pero, cumplida esa condición, el reajuste productivo interno reclama un amplio programa de inversiones públicas y privadas. Un programa que para las inversiones públicas debería elaborarse con detalle, en cuanto a sus partidas y en cuanto al tiempo de su realización.

Ahora bien, ese aumento de las inversiones será imposible si el ahorro disponible -público y privado- de la sociedad no aumenta. Y ese aumento necesario del ahorro reclama el crecimiento de la producción y de la renta para hacerlo menos costoso. Esas dos condiciones son las que llevan al informe de la OCDE a conceder una importancia prioritaria a todas las actuaciones de la política económica que refuercen el ahorro y el uso eficaz de los recursos para elevar la tasa de crecimiento de la economía.

El mayor ahorro privado debe buscarse a través de una reforma del sistema financiero que liberalice plenamente sus actividades. Y, por supuesto, consiguiendo una moderación de costes que aumente los excedentes empresariales (base del ahorro privado de las empresas) y reduzca la tasa de inflación, principal freno del ahorro privado en cualquier sociedad.

Como las inversiones públicas deben aumentar, hay que financiarlas, y esa necesidad concede al ahorro público su gran papel. No puede justificarse una despreocupación por su cuantía, en manera alguna, y, en cualquier caso, es necesario que el déficit que pueda existir en las liquidaciones de las actividades del sector público se financie correctamente. El mercado de deuda pública debe ser eficiente y atender a los plazos y condiciones que pide el mercado. Por otra parte, ahorrar más será más factible si los recursos disponibles se administran mejor y la producción y la renta aumentan más. Consejo general para cuyo cumplimiento la OCDE ofrece como medio la generalización de la competencia y el mercado como forma de administrar los recursos disponibles. Consejo con el que no se pretende una reducción de las dimensiones ni del papel del sector público, sino la adopción de métodos de gestión económica más eficaces que la multiplicación de las intervenciones y reglamentaciones directas sobre el proceso económico.

Todas esas decisiones -moderación de rentas y costes, programación cuidadosa de las inversiones públicas, fomento del ahorro privado, consecución de un mayor ahorro público, extensión de la lógica del mercado en la administración de la economía- tienen una contrapartida obligada: la voluntad y el esfuerzo de los ciudadanos, sin los que resultará imposible llevarlas a cabo. Un esfuerzo que debe pedir una política que conceda la prioridad que realmente tienen a los temas económicos.