Primer Parlamento autonómico

AYER QUEDO constituido en Guernica el primer Parlamento vasco. Queda así abierto un proceso legislativo autonómico que presumiblemente llevará al poder en Euskadi al PNV, con Carlos Garaicoetxea como lendakari, y que conformará un Gobierno pactado que se enfrentará primordialmente con temas como las solicitudes de amnistía para los presos acusados de connivencia con ETA o de atentados terroristas (un diputado del Parlamento electo está en la cárcel de Soria), la aceleración de las transformaciones desde el poder estatal y la incorporación o no de Navarra a Euskadi.La realidad es que el primer problema del Gobierno vasco -y, acaso, del Gobierno del Estado- reside en la pacificación del país y en la erradicación del terrorismo. Operación política que puede pasar por la atención a los enunciados anteriores, pero que no se limita a ellos. No hay más remedio que contarcon un terrorismo separatista vasco (políticamente aislable), pero que siempre llevará las fronteras de cualquier negociación un peldaño más allá de lo posible, y que no tiene otra contestación que la eficacia policial. Y el terna de la amnistía, cuando sigue derramándose sangre inocente, es simplemente impresentable.

Ahora, a las doce menos cinco de la formación de los Gobiernos autonómicos vasco y catalán, es el momento de recordar las responsabilidades que asumen. Es ya un axioma político que las autonomías son caras; en lo económico y en lo político. Las autonomías también exigen de sus dirigentes dosis de valor moral y de honestidad política superiores a las reclamables a un presidente estatal. Este tiene siempre la pared del voto de confianza del Parlamento y nulas posibilidades de transmitir sus fracasos a entidades más altas. El Gobierno del Estado podrá cometer errores y cicaterías, pero los nuevos Gobiernos autonómicos han de guardarse de la tentación de negarse a asumir sus también previsibles errores agitando el maniqueo de un Gobierno estatal que ya no puede en estricta justicia tildarse de centralista.

El Parlamento vasco, precisamente, se acaba de constituir al filo de un inhumano acto terrorista que ha matado a un niño y dejado inválido a otro. Son las primeras víctimas infantiles del terrorismo en Euskadi y numerosas organizaciones cívicas vascas han protestado ya contra esta violencia asesina. Es un sentimiento de repulsa respetable, sin duda bien intencionado, pero inadvertidamente «tartufesco». Cuando se colocan artefactos explosivos en Azcoitia, Rentería, Lemóniz, o en Madrid o la Costa del Sol, se pone en peligro la vida de las personas en forma indiscriminada y sólo la casualidad evitó que otros niños fueran asesinados antes tan bárbaramente. Si estamos de acuerdo en que la libertad es indivisible, se nos permitirá estimar que el terrorismo en una sociedad constitucional tampoco es parcelable y que todo indica que sobre ETA militar recae la responsabilidad de las víctimas infantiles de Azcoitia. No sería la primera vez que ETA militar reconoce que, a más de haber asesinado, ha asesinado a personas que incluso desde su propia perspectiva eran «inocentes».

Por lo demás es trivial considerar ahora la terminología de algunos discursos (hasta Leizaola ha hablado de «la constante del hombre blanco en encontrar la libertad») o sobre la etimología de acepciones como Estado, nacionalidad o región. Lo que es preciso es que los Gobiernos autonómicos respeten la Constitución y que el Gobierno central no los trate con recelos avant la letre o, simplemente, con caducos reflejos centralistas. Existen unos niveles de subordinación que no deben traspasarse y unos planos de colaboración en los que debe brillar la lealtad mutua y la comprensión. El régimen autonómico es una fórmula (perfectible) de gobernar un Estado, no una pugna de competencias sumada a un peloteo de responsabilidades.