Un ex director de Televisión siguió cobrando después de dimitir

Asimismo, Luis Ignacio Parida, contra el parecer del interventor delegado y del jefe de personal de TVE, sigue desempeñando un trabajo en la segunda edición de telediario, una vez finalizado su contrato. Francisco Gil explicó que existe un acuerdo entre RTVE y el Ministerio del Interior por el cual, con ocasión de las campañas electorales y referendos, se abonan a determinados trabajadores de TVE, especialmente de los servicios informativos, entre 50.000 y 200.000 pesetas por persona. El interventor añadió que dichas remuneraciones se conceden, a propuesta del jefe de personal (cargo que ostenta el señor Pérez Bahón), en concepto de «sustitutivos de horas extraordinarias».Algunos socialistas manifestaron, al término de la reunión, que se había detectado «un cambio de postura y un intento de boicot por parte de Unión de Centro Democrático a los trabajos de la comisión». Lamentaron que se perdió mucho tiempo en cuestiones de procedimiento, en particular por la negativa de los centristas a considerar como «irregularidades » algunos de los hechos investigados, término que UCD prefiere sustituir por el de «reparos». Socialistas y comunistas, sin embargo, precisaron que Francisco Gil se refirió a algunos de los hechos como «irregularidades administrativas y legales». Las citadas fuentes elogiaron la colaboración de Francisco Gil, la consideran indispensable para esclarecer los hechos denunciados por la auditoría, y protestaron por el hecho de que aún no se había enviado a la comisión la documentación solicitada el pasado 15 de febrero, circunstancia que vulnera el artículo 16 del Reglamento de la Cámara.

La elección de los seis vocales del futuro consejo de administración por parte del Congreso, primer punto del orden del día del Pleno que se inició ayer, ha sido aplazada por tercera vez a petición del Gobierno. La elección se celebrarla el próximo jueves, día en que serán votadas globalmente tres leyes orgánicas (Libertad. Religiosa, Regulación de Bases de la Defensa Nacional y Financiación de las Comunidades Autónomas). El hecho de que los socialistas no hayan protestado este nuevo aplazamiento se interpreta como indicio de acuerdo para negociar la elección de los vocales. Las negociaciones previas son del todo necesarias para obtener la mayoría de dos tercios.

Por su parte, UCD facilitó a últimas horas de la tarde de ayer un extenso comunicado en el que protesta por la locuacidad de los representantes socialistas en la comisión, recordando que las deliberaciones de la misma son secretas. Denuncia también «la vergonzosa manipulación con la que los socialistas filtran a los medios de información el desarrollo de las sesiones».