Competencias del Parlamento catalán

El Parlamento de Cataluña ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos y controla la acción política y de gobierno, de acuerdo con las competencias atribuidas a dicha institución por el Estatuto de Cataluña. Una de sus competencias más concretas consiste en designar a los senadores que representarán a la Generalidad en el Senado, que habrán de ser diputados del propio Parlamento catalán.También tendrá potestad para solicitar del Gobierno español la adopción de un proyecto de ley, interponer recurso de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal Constitucional en los conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas, o de los de éstas entre sí.

Hasta que el Parlamento de Cataluña legisle sobre las materias de su competencia, continúan en vigor, conforme a lo establecido en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía, las actuales leyes y disposiciones del Estado que se refieren a dichas materias. Las leyes de Cataluña estarán excluidas del recurso contencíoso-administrativo, y únicamente sujetas al control de constitucionalidad ejercido por el Tribunal Constitucional.

Corresponde exclusivamente al Parlamento la potestad propia de la Generalidad para establecer y exigir los impuestos, tasas y contribuciones especiales, así como la fijación de los recargos.

Defensor de los derechos fundamentales

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 54 de la Constitución, relativo a la institución del defensor del pueblo, y de la coordinación con la misma, el Parlamento catalán podrá nombrar un sindic de greuges, para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos de Cataluña, a cuyo efecto estará facultado para supervisar las actividades de la Administración de la Generalidad.El Parlamento de Cataluña tendrá su sede en Barcelona, pero podrá celebrar reuniones en otros lugares, en los términos establecidos por la correspondiente ley catalana. Sus miembros serán inviolables por los votos y opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo, y no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Cataluña, salvo en caso de flagrante delito.