Administración de la investigación: más, pero no mejor

La investigación científica y técnica en España va mal: se investiga poco, se importa mucha información. En este diagnóstico, tantas veces repetido y tan ampliamente difundido por los medios de comunicación de masas, todos estamos de acuerdo. Pero, lo que conviene examinar con mesura y seriedad es, primeramente cuáles son las causas de tales males y, sólo después de entenderlas, cuáles son los remedios.En cuanto a las causas, lo que se viene afirmando es que no nos gas tamos bastante dinero en investigación. Esta argumentación se ha ce comparando los porcentajes del PNB que gastan en investigación los países occidentales. En estos términos, en proporción al PNB, es obvio que nuestro esfuerzo es menor que el de otros países. Pero, aunque no quepa duda de que el bajo porcentaje de PNB que nos gastamos en investigación es una medida del escaso valor que la sociedad española atribuye a esta actividad, cabe preguntarse si éste es el único factor que explica que produzcamos tan poco y tan mal.

Insistiendo casi únicamente sobre el presupuesto de la investigación, la prensa silencia otros factores no menos importantes de la política científica española. Se trata de los aspectos organizativos y administrativos de la investigación en España.

Países que invierten en la investigación científica y técnica un volumen absoluto de recursos inferior al español -Bélgica, por ejemplo- tienen una investigación científica y técnica de mayor nivel cuantitativo y cualitativo que la nuestra. Porque, al fin y al cabo, el volumen de recursos depende tanto del porcentaje del PNB dedicado a la investigación, como de la magnitud misma del PNB. Queda, pues, por explicar cómo con recursos absolutos iguales o inferiores, otros países logran cotas de productividad científica y técnica muy superiores.

Gastar mejor

Para producir más y mejor en la investigación, no sólo hay que tomar en cuenta si se gasta más: hay que examinar también si se gasta mejor. Las macro magnitudes económicas enmascaran realidades que, en cuanto a las actividades de investigación se refiere, son de enorme importancia. Una de ellas es que aun cuando el porcentaje del PNB que España destina a la investigación es, comparativamente, muy bajo, muchas instituciones investigadoras disponen de volúmenes de recursos que, también comparativamente, son muy elevados. Y llegan, en algunos casos, a ser incluso muy superiores a los que utilizan instituciones francesas o americanas de similares objetivos.

Ahora bien, sobre este tema, el de la Administración de la investigación científico-técnica, se habla poco en España, por aquello de que si hay poco que administrar, poco importa cómo se administre. La falacia de este argumento sólo es aceptable para los beneficiarios de la mala administración. No proseguiré con este análisis; me limitaré a indicar algunos aspectos de la problemática de la administración de la investigación.

Dado que la investigación científica alcanza hoy, incluso en España, volúmenes cuantiosos de inversión y de gasto, el administrar estos recursos, el traducirlos en una producción de alto nivel cualitativo y cuantitativo, es una actividad que no puede descuidarse y requiere la utilización de procedimientos racionales.

Como los recursos -aquí y fuera de aquí- son siempre escasos, su asignación es un problema prioritario en la administración de la investigación. Asignar recursos a uno u otro de los múltiples proyectos de investigación posibles implica el efectuar una evaluación de los proyectos.

Toda evaluación requiere criterios precisos y hay que subrayar que es una misión de la política científica nacional elaborar aquellos que conciernen, al menos, a los objetivos de los proyectos financia dos con recursos públicos. Pero la evaluación de proyectos no consiste solamente en estimar si los objetivos de estos coinciden más o me nos con las prioridades establecidas por la política científica.

Dando por supuesto que los objetivos de un proyecto son válidos, queda aún por determinar si el proyecto, tal y como se presenta, es factible. Por no hacer este último tipo de evaluación, muchas inversiones conducen a fracasos notorios. Los objetivos de un proyecto pueden ser meritorios, pero si no se alcanzan, ni pueden ser razonablemente alcanzados, más vale promover otro proyecto con objetivos menos meritorios, pero que se cumplan. Existen técnicas -mejores o peores- para estimar la factibilidad de los proyectos. Todas toman en cuenta si el personal cientifico-técnico responsable de su ejecución ofrece las necesarias garantías de competencia y disponibilidad para realizarlo, si los medios materiales, la metodología y el cronograma previsto son realistas. Y aunque una evaluación absolutamente objetiva sobre estas materias sea imposible, no cabe duda de que las técnicas existentes disminuyen la subjetividad en la toma de decisiones.

Problema social

No quiero dejar de señalar, sin embargo, que la existencia de una administración racional de la investigación científico-técníca no es un mero problema técnico. Si lo fuera, ya tendríamos en España unas organizaciones investigadoras bien administradas. Es, al contrario, un problema social, en el sentido estricto del término.

El desarrollo y la aplicación sistemática de métodos racionales de administración de la investigación sólo puede hacerse cuando la organización efectiva de las instituciones investigadoras lo permita. Por ello, plantear el problema de la administración de la investigación implica cuestionar la organización de nuestras instituciones, las pautas de selección y reclutamiento del personal, y las incompatibilidades de los investigadores. También conlleva el examinar la relación óptima entre los trabajos efectuados por personal de plantilla y contratado y los que se encargan a personas físicas o jurídicas exteriores a la institución responsable de un programa o conjunto de programas.

Para acometer esta necesaria reorganización del ordenamiento institucional de la investigación en España existen criterios racionales que debieran inspirar la actividad normativa del legislador. Un ejemplo admirable de conocimientos sobre la organización de la investigación es el libro Scientific Productivity, publicado en 1979 conjuntamente por Cambridge University y Unesco Press. En ese trabajo se recogen los resultados de un importante estudio efectuado, bajo la dirección de la Unesco, en seis países europeos. Este libro pone de manifiesto la importancia de cuidar los factores organizativos que determinan la productividad de la investigación. Los estudiosos españoles tienen conciencia de la importancia de este tipo de factores. Una muestra de ello es el número de agosto de 1979 de Información Comercial Española, y, en particular, el magnífico artículo de sobre Política científica y desarrollo económico: 1959-1979, que en él publica Félix Lobo.

Si se quisiera ignorar esta realidad al reorganizar la investigación en España, la configuración institucional de la investigación resultará sólo del equilibrio o compromiso entre los diferentes grupos de presión corporativos y políticos interesados en la investigación científico-técnica. Y no cabe duda de que el compromiso sobre la organización de la investigación será tanto más estable y fácil de alcanzar, cuanto más aumente el volumen de recursos asignados, es decir, el célebre porcentaje del PNB que gastemos en investigación: el gastar más servirá, ante todo, para eludir la penosa consideración de cómo gastar mejor.