Crecer hacia adentro

La suerte del acuerdo-marco interconfederal (AMI) suscrito por la Unión General de Trabajadores y la CEOE en las postrimerías del pasado año parece decidida a favor de su generalizada aceptación. No obstante, en el nuevo modelo laboral que resulte del diálogo inaugurado entre los interlocutores sociales habrá de reflejarse la carencia de una importante fuerza social, Comisiones Obreras, ausente del AMI y, en consecuencia, al margen de los convenios negociados dentro de su ámbito.Sin embargo, las organizaciones federadas en CEOE, UGT y, en alguna ocasión, en USO aceptan la negociación y asumen compromisos que se traducen en la suscripción de innumerables convenios colectivos.

Mientras tanto, Comisiones convoca huelgas y se repliega al ámbito de la empresa. No obstante, las acciones promovidas por el sindicato comunista chocan con la dificultad de movilizar a los trabajadores contra convenios colectivos que contienen aumentos salariales que oscilan entre el 13% y el 16%.

De otra parte, presionar para conseguir trabajar doce horas menos al año, o por la no asunción de cláusulas reductoras del absentismo -cuando éste ha visto doblada su importancia en los últimos cinco años- carece de la suficiente fuerza para justificar una huelga. Como telón de fondo a este decorado, los datos de desempleo existente golpean con contundencia extraordinaria las esperanzas de la opinión pública de superar la grave crisis económica que padecemos.

Paradójicamente, Comisiones y el PCE reconocen que el grave momento nacional e internacional exige la colaboración de todos. Pero, resulta evidente, no están dispuestos a aportar la suya si no se mantiene la filosofía del consenso como instrumento básico de ejercicio del poder político.

Y es aquí donde se centra la política del PCE y Comisiones Obreras, desvirtuando la democracia en base al consenso.

En efecto, la responsabilidad de gobernar se desnaturaliza en beneficio de la participación de todos los grupos políticos y fuerzas sociales en la elaboración de programas y decisiones. En tal supuesto, los que menos votos tienen reciben proporcionalmente mayor cuota de poder.

El PCE, a corto plazo, espera pocos éxitos de las urnas: la única salida del ostracismo en el que hoy se encuentra se halla en el consenso. La credibilidad del eurocomunismo entre las bases del PCE peligraría si el electorado no incrementara sus votos, con el consiguiente aumento del número de diputados en las próximas elecciones. Ello, sin embargo, no es probable que ocurra.

Esta situación justifica el afán del PCE por apurar la rentabilidad que puede obtener de la real fuerza de CCOO.

De esta manera, la central comunista antepuso a la negociación del AMI su empeño en mantener las movilizaciones, en una perfecta simbiosis entre los planteamientos políticos del PCE y su instrumentalización con el apoyo social de Comisiones Obreras.

La estrategia de CCOO

Pero quien no pacta, no existe. Visto que los convenios colectivos firmados sin Comisiones Obreras resisten todas las adversidades, es natural que surja el interrogante acerca de la real estrategia que esta central sigue en los momentos actuales. No es lógico que un aparato sólido, eficaz y que ha demostrado capacidad de decisión permanezca quieto.

Sería erróneo, sin embargo, esperar algo nuevo de CCOO. Casi nada ocurre en el universo comunista sin que obedezca a un previo programa.

Comisiones Obreras está «creciendo hacia adentro». Durante los próximos dos años, previsiblemente padecerá crisis internas, desafiliaciones, algunos abandonos ostensibles e incluso la incorporación de algún grupo con identidad propia, como es el caso de la corriente escindida de USO, que estos días negocia su integración en la central comunista. Mientras tanto, la dirección del sindicato empleará su tiempo en defender la fuerza y capacidad de asimilación e integración de su aparato entre sus propias bases.

Durante este período, Comisiones Obreras aguardará la oportunidad de reaparecer con las tesis consensuales sostenidas en diciembre de 1978 en Castellana, 3, cuando no fue posible el pacto social buscado por el Gobierno, por la insistencia comunista en lograr un nuevo consenso con las restantes fuerzas políticas. Si durante este tiempo todo fuera de mal en peor, no aumentase la inversión, creciera el paro, el desorden público, la inestabilidad en la calle, el terrorismo, etcétera, CCOO y el PCE harían valer su teoría reiterada en las negociaciones del acuerdo-marco para convencernos de que los graves problemas existentes exigen un inmediato acuerdo político y, por ende, el consenso.

La realidad, diferente

Pero la realidad aparece muy diferente de tan negras previsiones. UGT está adquiriendo presencia en un amplio espectro sociológico de la clase trabajadora, cansada de tensiones, huelgas, piquetes y confrontaciones.

De otra parte, la bondad del AMI parece evidente: la media de incremento salarial obtenido durante la negociación colectiva de este año se sitúa en un 15,7%, mientras que en 1979, y tras 190 millones de horas perdidas por huelgas que costaron al país muchos miles de millones de pesetas, los trabajadores no pudieron superar la cota de incremento salarial del 14%. También en este año, y durante el mismo período de negociación colectiva, las huelgas disminuyeron un 96,4%.

El patronato aceptó un acuerdo-marco con banda salarial muy alta, reducción de jornada e importantes concesiones en materia de derechos sindicales, en su intento por construir unas nuevas relaciones industriales basadas en la negociación, y no en la tensión permanente, de lograr un clima de mayor concordia en el que afrontar los problemas dimanantes de la crisis económica en la que nuestro país, y el mundo libre en general, se hallan inmersos.

El gran reto es consolidar el sistema democrático en España, sin arrojar al país a niveles de decadencia ya felizmente superados.

La consigna debe ser: con la democracia también se puede mantener y crear empresas y puestos de trabajo, ganar dinero, generar bienestar y, en definitiva, subsistir en un proceso que, desde la libertad, puede conducir el electorado a la justicia sin modificar el sistema.

El empresariado español trata de defender el modelo de sociedad en el que cree, de la única manera posible: entregando a los sindicatos el protagonismo y la cuota de poder que en una sociedad pluralista y democrática les corresponde. La CEOE huye hacia delante en una larga marcha, en la que sin duda quedará consolidado un patronato en condiciones de servir los intereses empresariales con eficacia y responsabilidad.

Para que nuestro sistema político guarde un adecuado equilibrio entre instituciones y poderes fácticos es esencial conferir a CCOO y al PCE la importancia que realmente tienen, sin olvidar el papel que han desempeñado en el proceso de consolidación de la democracia. Pero simplemente la importancia real que ambas organizaciones tienen. Una democracia, igual que una empresa, no puede ser gobernada más que por aquellos que, de acuerdo con los procedimientos legítimos, poseen la mayoría de las acciones. Respetando las minorías, por supuesto, pero situándolas en el lugar que en justicia les corresponde. Tan peligroso sería supervalorar determinadas fuerzas como pretender ignorarlas.