El convento de las Reparadoras debe conservarse íntegro
La Dirección General del Patrimonio Artístico pedirá a los actuales propietarios del convento de las Reparadoras, la inmobiliaria Promociones Gran Madrid, que cuiden ese monumento nacional. Esa es la única conclusión práctica de la entrevista que mantuvieron ayer los vecinos de la avenida de Burgos -en las proximidades del monumental convento- con el director general del Patrimonio Artístico, el concejal ucedista del Ayuntamiento de Madrid Javier Tusell.Según informaron a EL PAIS los vecinos, el señor Tusell aseguró ser un mero aceptante de los informes que le puedan presentar sus técnicos, por lo que, en este caso, se limitará a aceptar el dictamen que redacte la comisión mixta que se encargará de estudiar las alegaciones que sean presentadas en el actual período de información pública por el que atraviesa el estudio de detalle en el que está incluido el convento.
Al pedirle los vecinos que tuviera en cuenta el entorno que rodea el edificio en cuestión, el director general aseguró -siempre según los vecinos- que «la palabra entorno es algo muy difuso». Al sugerirle que estaba incluida en la ley sobre Protección del Patrimonio, de 1933, el señor Tusell respondió que «la ley de 1933 está obsoleta y, además, es una ley socialista».
Las alegaciones que los vecinos van a presentar para intentar defender el convento de las Reparadoras en su totalidad -el Ayuntamiento tiene previsto convertir sólo una parte de él, la declarada monumento, en centro musical para la zona-, se basan en tres puntos concretos: el primero de ellos hace referencia a la necesidad de que sea mantenido el entorno que actualmente tiene el convento; el segundo habla de que el nuevo estudio de detalle de la zona supone una modificación del plan especial de la avenida de La Paz, en que se incluye, ya que al volumen de edificabilidad anteriormente reconocido se suma el que, de hecho, ocupa el convento.
El tercer punto de esas alegaciones vecinales se refiere a la existencia sub judice de un recurso presentado ante el ministro de Cultura, en el que se reclama la declaración monumental para todo el convento -y no sólo para una parte- y que en tanto ese recurso no sea resuelto no puede actuarse directamente sobre el edificio.
