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Los interventores de Hacienda ratifican ante el Parlamento sus conclusiones sobre RTVE

Los funcionarios del Ministerio de Hacienda que realizaron la auditoría en RTVE, y cuyo contenido fue publicado por EL PAIS a finales del pasado mes de enero, ratificaron ayer buena parte de los hechos auditados en el apartado «circuito financiero» ante la comisión parlamentaria que estudia el contenido del informe y que se reunió ayer por tercera vez.

Entre los hechos más graves, según manifestaron fuentes socialistas a los medios informativos, se mencionó la existencia de la cuenta bancaria 757/271 del Banco Español de Crédito, sucursal de la calle de Agustín de Foxá. Los interventores de Hacienda habrían manifestado, en el transcurso de la sesión, que su propia existencia es inadmisible por tratarse de un organismo público y que además, dicha cuenta no está intervenida por los órganos de administración del Estado.La cuenta no estaría conciliada desde el punto de vista bancario, es decir, que no concuerdan los justificantes con los apuntes bancarios. Se utiliza para efectuar pagos de nóminas, adquisiciones de distintos materiales, y tampoco estaba autorizada por la dirección de TVE. Según las informaciones facilitadas por los interventores a la comisión de investigación sobre RTVE, dicha cuenta efectuó pagos por más de catorce millones de pesetas, mientras que los ingresos apenas superaron los siete millones de pesetas en el período de tiempo comprendido entre septiembre de 1978 y marzo de 1979. El saldo final, sin embargo, ascendía a 69 millones de pesetas. Extraña circunstancia que pusieron de manifiesto las citadas fuentes socialistas y que tampoco saben explicarse los interventores. La comisión puso de manifiesto que estos datos contradicen la réplica de RTVE publicada en el diario Cinco días, del pasado 29 de febrero, y en la que RTVE afirma: «Todas las (cuentas) que tiene abiertas son estrictamente legales y están comunicadas a la Dirección General del Tesoro, del Ministerio de Hacienda.»

Por lo que se refiere a otras cuentas bancarias, se informó que la 1.999.679 de la Caja Postal de Ahorros, aunque está intervenida, parece ser que carece de autorización. Hecho que se repetiría con la 30.751/20 del Banco Central. Tampoco consta que la cuenta 1.960.774 de la Caja Postal de Ahorros tenga autorización, si bien con cargo a ella se abonaron pagos a los miembros de la comisión ejecutiva de RTVE. Preguntados los interventores sobre la naturaleza de este órgano ejecutivo, manifestaron en la comisión que ignoraban en qué consistía dicho órgano de RTVE. Pasa a página 14

Citados a declarar altos cargos de RTVE

(Viene de primera página)Por lo que se refiere al capítulo de contabilidades generales, RTVE tiene pendientes de justificar nóminas por importe de 7.592 millones de pesetas, al 20 de febrero de 1979. El servicio de administración de RTVE afirmaría, según las informaciones de que dispone la comisión parlamentaria, que su responsabilidad sólo alcanza a las nóminas pendientes de justificar en metálico (3.648,6 millones de pesetas), mientras que las pendientes de justificar, y que se paga ron con talones bancarios (casi 4.000 millones de pesetas), serían responsabilidad del servicio financiero de RTVE. Las fuentes socia listas expresaron su opinión de que la dirección de RTVE está urgiendo en estos días la justificación de dichas nóminas.

Los actuales contratos que RTVE estipula con actores para intervenir en determinados programas, de acuerdo con la cláusula 11/2 de los mismos, llevan al absurdo de que éstos perciben más dinero que la propia RTVE cuando se venden dichos programas al extranjero. Los interventores habrían informado a la comisión que por los. trece primeros programas de la serie Curro Jiménez RTVE percibió 2.950.360 pesetas, mientras que RTVE tuvo que abonar a los actores por el mismo concepto de ventas al extranjero la cantidad de 5.507.878 pesetas. Cláusula ruinosa que, según las mencionadas fuentes, estaría aún vigente en RTVE. «Afortunadamente, los actores no reclamaron la totalidad de los ingresos», se repitió en la comisión al leer el texto de la auditoría.

La comisión parlamentaria examinó también la situación de la revista Tele-Radio. De acuerdo con los datos correspondientes al ejercicio 1978 y 1979, este semanario oficial tendría una tirada de 3,6 millones de ejemplares, de los que el 10% se distribuirían a tele-clubs, autoridades y como obsequio de cortesía, mientras que de los 2,9 millones de ejemplares a la venta se obtenía una devolución sistemática del 35%. Las devoluciones de 1979 fueron vendidas como papel, al precio total de 512 millones de pesetas.

Tele-Radio tiene además una deuda pendiente de cobro por importe de veintiséis millones de pesetas con la antigua distribuidora, que acabó en quiebra. El saldo negativo de la publicación ascendería a 198,2 millones de pesetas. Los socialistas han pedido al presidente de la comisión, para que lo tramite al presidente de la Cámara del Congreso, los contratos con los directores de Tele-Radio desde 1976 a 1979.

Estos directores serían Miguel Martín, Luis Angel de la Viuda y Miguel Angel Gozalo. Asimismo piden que comparezca ante la comisión este último, Miguel Angel Gozalo, para informar de los extremos contenidos en el informe y, en concreto, pormenorizar los 92 millones de pesetas que figuran en el capítulo presupuestario de gastos generales de Tele-Radio.

La comisión ha citado también a los señores Navas y Ramos, como máximos responsables de los servicios administrativos y financieros de RTVE, sin que las fuentes pudiesen precisar más datos sobre la identidad de dichas personas.

Rodolfo Guerra, por el grupo Socialistas de Cataluña, ha formulado las siguientes peticiones de documentos: la lista de funcionarios de RTVE con duplicidad de percepciones económicas y especificación de sus trabajos remunerados; relación de los componentes de la junta de publicidad y «qué asignaciones tienen como dietas y/o retribuciones»; lista de organismos oficiales deudores de TVE por concepto de publicidad; relación de personal, sueldos y colaboraciones de Tele-Radio, y relación de copias impagadas durante los diez últimos años y extraídas de los archivos de RTVE al objeto de ser reclamadas judicialmente, y lista de los funcionarios que autorizaron su salida sin cobrarlas o que no gestionaron su cobro.

Asimismo, pide la relación de las personas que durante los últimos cinco años integraron la dirección de medios y la dirección de los servicios de la filmoteca; el nombre o nombres de los funcionarios a cuyo cargo está la habilitación y/o servicio financiero del centro regional de Barcelona, así como el de TVE en el año 1977; copia del extracto de la cuenta 3.001-010-03683 del Banco de Madrid en Barcelona, con especial referencia al año que se hizo la última conciliación de saldos; solicitar al Banco de España relación de las personas que integran el consejo de administración del Banco de Madrid, y, por último, relación de los pormenores de los 38 millones de pesetas que RTVE adeuda al Parque Móvil.

Francisco Gil, interventor delegado de Hacienda en RTVE, acudió al Congreso para informar a la comisión. No pudo hacerlo, pese a que la reunión se prolongó durante tres horas y media, y acudirá a la sesión convocada para el próximo miércoles. La comisión, por último, constituirá una ponencia que investigará in situ los hechos denunciados en el informe.

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