Josep Melia: "La privatización de la televisión está en la Constitución"

«La privatización de la televisión está en la Constitución, y yo, por mi parte, no tengo puesto ningún empeño en evitarlo», declaró Josep Meliá, secretario de Estado para la Información, el pasado domingo al diario La Voz de Albacete. El señor Meliá se había desplazado a Albacete para presidir el acto de entrega de los premios «Destacados» y para recoger, en nombre del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, el título «Destacado de 1979».Josep Meliá dijo también en sus declaraciones al diario albaceteño: «De cara al año 2000, la televisión y la radio van a ser la mejor salida para la profesión periodística, ya que de cuatro profesionales, tres irán a ocupar puestos en dichos medios.»

La Secretaría de Estado para la Información, dependiente directamente de Presidencia del Gobierno, asumió el pasado 16 de enero las competencias sobre RTVE y Medios de Comunicación Social del Estado, adscritos hasta entonces al Ministerio de Cultura. Estas declaraciones de su titular, las primeras que hace sobre el controvertido tema del monopolio estatal de televisión, revisten particular interés, entre otros motivos, por el cargo del señor Meliá.

Tan sólo el ex ministro de Cultura Manuel Clavero se había pronunciado oficialmente, hasta la fecha, en favor de las televisiones privadas, y coincidiendo con los debates en tomo al Estatuto de la Radio y la Televisión, aprobado en diciembre de 1979. Recientemente (véase EL PAÍS del viernes 22 de febrero), el presidente de la Sociedad Española de Radiodifusión (SER), Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, declaró a Efe que «antes de dos años España tendrá su primera cadena de televisión privada» y que la entidad que preside está dispuesta a poner en funcionamiento el primer canal privado.

Mientras el Estatuto define a la televisión como servicio público esencial, cuya titularidad corresponde al Estado (artículo primero), el artículo veinte de la Constitución reconoce y protege el derecho «a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra, elescrito o cualquier otro medio de reproducción», y el artículo 38 reconoce «la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado».Todo hace indicar, a la vista de estas últimas declaraciones, que podría iniciarse en España un debate similar al producido en Italia -con una legislación en esta materia similar a la española- y que sólo podría resolver el Tribunal Constitucional. El monopolio de televisión por parte de la RAI fue declarado ilegítimo y anticonstitucional, por sentencias del Tribunal Constitucional italiano de 1974 y de 1975.