Andalucía

LA VALORACION de los resultados del referéndum del 28 de febrero no puede limitarse a registrar que el elevado listón que era necesario saltar en todas y cada una de las ocho provincias andaluzas para poner en funcionamiento la vía del artículo 151 ha sido limpiamente superado por seis provincias, en tanto que Jaén -salvo que las impugnaciones de la oposición prosperen- lo ha rozado y tan sólo Almería ha quedado descolgada. Sobre un total de población censada de casi cuatro millones y medio de electores, han faltado unos 25.000 votos -22.500 de Almería y 3.000 de Jaén- para que la pregunta sometida a referéndum fuera aprobada.Tras las restricciones a la campaña electoral (la pregunta absurda, el bloqueo informativo en televisión y en los medios de comunicación estatales, la escasez de los fondos y la demora en allegarlos), la oposición acusa ahora al Gobierno de haber inflado todavía más los ya engordados censos electorales con procedimientos del caciquismo de la Restauración, a fin de favorecer la opción abstencionista. Si esas graves imputaciones llegaran a confirmarse, habría que ir pensando que se ha iniciado ya la deriva de España hacia cierto «tercermundismo» político. ,

Los resultados de la consulta popular no van a producir presumiblemente otra reacción exterior del Gobierno que un aluvión de argucias para presentar lo que ha sido un descalabro como un triunfo. Pero esta apologética gubernamental, que sin duda se avecina, no debería impedir al señor Suárez y a su Gobierno reflexionar serenamente a cerca de las implicaciones y significados de este pequeño-Waterloo sufrido en Andalucía. La cosa ha sido tanto más grave cuanto que las razones que esgrimía el Gobierno respecto al procedimiento para negociar las instituciones de autogobierno eran, fuera de otras consideraciones, de mayor peso que las sostenidas por la oposición.

En efecto, la vía del artículo 151 apuntaba esencialmente a que las fuerzas políticas predominantes en Cataluña y en el País Vasco, entre las que no figura el partido del Gobierno, pudieran negociar la autonomía, si no en pie de igualdad, al menos como interlocutores válidos, con el poder ejecutivo y con una muestra representativa del Congreso de los Diputados. De esta forma, los partidos políticos que -como el PNV, en Euskadi, y Convergencia Democrática, en Cataluña- representan a gran parte de la burguesía y las clases medias de esos territorios quedaban facultados, junto a los socialistas vascos y los socialistas y comunistas catalanes, para negociar con el Gobierno de UCD y la Comisión del Congreso, en la que el grupo parlamentario centrista es predominante. Las dimensiones políticas de la cuestión vasca y de la cuestión catalana, de forma más o menos directa relacionadas con reivindicaciones o tentaciones independentistas, no sólo hacían aconsejable ese procedimiento, sino también las características especiales de sus instituciones de autogobierno, en especial el Parlamento propio y el Gobierno elegido por éste.

Ya el debate sobre el Estatuto gallego, incluido constitucionalmente en la vía del artículo 151, mostró la incongruencia de una negociación entre el Gobierno del Estado de UCD y el Gobierno de Galicia de una fracción de UCD. A falta de burguesía nacionalista, negociaciones de ese género tienen forzosamente que convertirse, bien en una exhibición de ventriloquía de UCD, bien en una pugna entre el Gobierno y la oposición socialista y comunista.

Aunque tarde, el presidente Suárez se percató del callejón sin salida al que le había conducido, en la etapa constituyente, el necio intento de rebajar el significado político de las autonomías de Cataluña y del País Vasco mediante el invento de la posibilidad de generalizarlas a través del artículo 151 y de los referendos de iniciativa. Para cortar ese peligroso camino, que llevaba a una organización disfuncional del Estado, UCD dio un brusco giro, casi en vísperas del referéndum andaluz, en favor del artículo 143 y de las autonomías mediante leyes orgánicas discutidas y aprobadas por las Cortes. El volantazo fue dado en una valerosa actitud. de fondo, pero con tan mala fortuna que el señor Clavero, acompañado por un sector del centrismo andaluz, salió disparado del vehículo gubernamental para dibujarse como líder de una opción política que buscaría el soporte electoral de las clases medias andaluzas. En suma, las torpezas del Gobierno y la lógica interna de la apuesta del señor Clavero podrían ser comadronas de ese partido político moderado, nacionalista y de clases medias que faltaba en Andalucía.

Sin embargo, lo realmente grave de la cadena de maniobras contra las autonomías es la humillación sentida por el pueblo andaluz después del 28 de febrero. No se puede decir que los partidos de la oposición, sobre todo los socialistas, hayan actuado sin dobles intenciones y claras reservas mentales al apoyar denodadamente la vía del artículo 151, cuyos riesgos y dificultades sus propios defensores reconocen en conversaciones privadas. Sin duda, el deseo de atrapar al Gobierno en un renuncio y de arrinconarlo en una posición desfavorable se ha impuesto sobre ese deber de clarificar, decir la verdad y establecer líneas de actuación a largo plazo que la clase política española en su conjunto no termina de asumir como propio.

En cualquier caso, el daño está ya hecho. La discutible victoria por los pelos de la opción abstencionista no hará sino confirmar a los andaluces sus resquemores contra el centralismo y vigorizará la infundada creencia -aceptada, sin embargo, como verdadera- de que un determinado procedimiento de negociar las autonomías y las instituciones de autogobierno así nacidas son la única vía para solucionar los acuciantes problemas de Andalucía -el paro, la emigración, la injusta distribución de la tierra, el retraso industrial, los deficientes equipamientos escolares, sanitarios y culturales- y para satisfacer los agravios comparativos respecto a las zonas desarrolladas donde los trabajadores andaluces emigran en busca de ese puesto de trabajo que les falta en su tierra. De nada vale lamentarse ante lo irremediable. Lo único que procede ahora es que el Gobierno, y también la oposición, acometan con imaginación, pero también con sentido común, los problemas que van a plantear los movimientos nacionalistas y regionalistas que UCD, aprendiz de brujo, que se creyó demoníacamente astuta y resultó ingenuamente irresponsable, contribuyó decisivamente a poner en marcha

con su estrategia de carnavales preautonómicos, fomento de los agravios comparativos hacia vascos y catalanes y defensa hasta las doce menos cinco de la vía del artículo 151 para Andalucía y otras regiones.