El Parlamento autoriza al INI a comprar Minas de Figaredo

Los diputados de la Comisión de Industria del Congreso cumplieron ayer el trámite de autorizar el traspaso de Minas de Figaredo al Instituto Nacional de Industria (INI), de acuerdo con la propuesta formulada por el Gobierno. El trámite parlamentario -la Comisión estaba dotada de competencia plena- fue cubierto sin debate en contra de esta nueva nacionalización de pérdidas privadas.

Sí hubo, en cambio, discusión respecto a la segunda parte de la propuesta gubernamental, para incluir en la ley de Presupuestos de 1981 una partida destinada a subvencionar las pérdidas de este ejercicio, a razón de 2.500 pesetas por tonelada, como límite máximo. Este punto fue contestado por los parlamentarios comunistas, quienes solicitaban que no se establecieran límites a la subvención. La enmienda, apoyada por el Grupo Socialista, fue derrotada por los votos mayoritarios de UCD.La tramitación parlamentaria del traspaso de Minas de Figaredo al sector público supone de hecho un intento de implicar a todos los partidos de la oposición en esta nueva socialización de pérdidas privadas, solicitada, por cierto, unánimemente por todas las fuerzas políticas y sindicales, decidida por el Gobierno el 16 de noviembre del pasado año.

La entrada de Minas de Figaredo en el Instituto Nacional de Industria (INI) se ha producido, como era de esperar, sin que se hayan clarificado los datos esenciales respecto a la realidad actual de la empresa y sus expectativas de inmediato futuro. Ayer, ante la Comisión del Congreso comparecieron el director general de Minas y el delegado provincial de Industria en Asturias, además de representantes del comité de empresa de la minera asturiana. Los datos aportados fueron sensiblemente inferiores a los ya publicados por los medios informativos. Dicho de otro modo, no añadieron nada a lo poco sabido. Revelaron, eso sí, la previsión de pérdidas para este año -1.729 pesetas por tonelada producida-, que resulta ser bastante inferior al tope calculado por el Gobierno para la subvención y que los comunistas pidieron se elevara indefinidamente.

El delegado de Industria en Asturias aportó una cifra, en cierto modo sorprendente: el pasivo de Minas de Figaredo era de sólo 465 millones de pesetas, frente a un activo de 2.122 millones de pesetas. Es de suponer que estas cifras correspondan a la declaración de suspensión de pagos presentada por la sociedad, porque el simple examen contable efectuado por técnicos del INI determinó, al parecer, una deuda de más de ochocientos millones de pesetas, sólo para los débitos a la Seguridad Social y al Banco Español de Crédito, y el número de acreedores de Minas de Figaredo rebasaba en aquellos momentos los dos centenares.

Disparidad de cifras aparte, lo cierto es que la situación real de la empresa recién encajada al INI permanece en el más riguroso de los secretos. El nuevo propietario de la sociedad minera asturiana efectuó el pasado año un estudio de viabilidad de Minas de Figaredo, cuya conclusión final fue ocultada incluso a la mayor parte de los directivos del Instituto, por indicación expresa del Gobierno. Los resultados del estudio indicaban una más dudosa viabilidad para la empresa asturiana y desaconsejaba rotundamente su integración en Hunosa, que era la fórmula inicialmente pretendida por las centrales sindicales y los partidos de izquierda.

La historia de Minas de Figaredo se encuentra estrechamente ligada a la de Hunosa, limitando fisicamente la mayor parte de sus pozos respectivos. El nivel salarial de los trabajadores de Figaredo (absentismo superior al 40%) es aproximadamente un 30% inferior al de los de Hunosa, pero ya el comité de empresa de la sociedad recién nacionalizada adujo ayer ante los diputados del Congreso la necesidad de ir a una pronta equiparación salarial.