"El problema de la administración del medio ambiente es la dispersión de competencias en numerosos ministerios"

La elaboración de un anteproyecto de ley General del Medio Ambiente ha provocado fuertes protestas por parte de los ecologistas, entes preautonómicos y partidos políticos de izquierda. Los diversos borradores que se conocen hasta el momento de ese anteproyecto han sido calificados de ambiguos e ineficaces para solucionar los problemas del medio ambiente. En esta entrevista, el subsecretario de Ordenación Territorial y Medio Ambiente, Juan Diez Nicolás, habla sobre la dispersión de competencias que existe en materias del medio ambiente dentro de la Administración y de los objetivos de este anteproyecto de ley que el Gobierno ha decidido sacar finalmente del calendario de desarrollo constitucional de este año y ha pasado a denominarlo ley de Normas Básicas.

Pregunta. La Subsecretaría de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente parece que debería ser, en principio, el departamento de la Administración encargado de los temas medio ambientales. ¿Hasta qué punto es esto así?Respuesta. Bueno, si debe ser o no ser sería feo que lo dijera yo. Soy un decidido partidario de la unidad de gestión en el tema del medio ambiente en la Administración. Que sea en esta subsecretaría, que sea en una dirección general, en una secretaría de Estado, en un ministerio, que en el caso de no ser en un ministerio que estuviera qui en Obras Públicas, en Presidencia o en Exteriores, en Industria o en Agricultura, me da exactamente igual.

P. Pero, ¿qué competencias tiene su subsecretaría en materias de medio ambiente?

R. Competencias, muy poquitas. Coordinar los trabajos de la CIMA (Comisión Interministerial del Medio Ambiente), llevar la presidencia y la secretaría de esta comisión, realizar estudios, celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, y la de dar una serie de subvenciones para actividades concretas. Todo el mundo se dirige a esta subsecretaría y a la Dirección General del Medio Ambiente denunciándonos atentados ecológicos o pidiéndonos responsabilidades y actuaciones, pero pocas personas saben la mínima capacidad de ejecución que nos han dado.

P. La dispersión de competencias en múltiples ministerios, ¿no dificulta la solución de los problemas del medio ambiente?

R. Por supuesto. Lo he dicho mil veces. El problema de España, como el de tantos otros países, es la gran dispersión de las competencias en materia medioambiental La CIMA ha hecho una gran labor de coordinación; poco a poco ha ido entrando la costumbre de que los distintos departamentos ministeriales, antes de sacar ninguna normativa o de entablar alguna acción, den cuenta a los demás. Pero yo creo que el problema ya no es de coordinación, sino de competencias de ejecución.

P. ¿No está previsto superar el nivel meramente coordinador de la CIMA?

R. La CIMA se ha quedado estrecha hace ya tiempo, como lo demuestra el que, siendo una comisión interministerial, tiene en su seno miembros que no pertenecen a ningún ministerio. Entonces, o bien se limita a representantes ministeriales, o bien hay que llamarla de otra manera. En esas estábamos cuando yo llegué aquí como subsecretario. En un primer momento pensamos si reducir la CIMA a lo puramente ministerial o ampliarla a otros grupos sociales, porque de hecho se había producido ya esa ampliación. A mí me gusta siempre acomodar la legalidad a la realidad en la medida de lo posible, y ya se había producido una situación de hecho que a mí me parece muy aceptable.

Por otro lado, el anteproyecto de ley General del Medio Ambiente prevé la unidad de gestión, entonces no habrá necesidad de una comisión interministerial coordinadora, y, en cambio, se pone más de relieve la necesidad de ese órgano, a nivel social más amplio, donde haya representaciones de otro grupos y no necesariamente sólo de los departamentos ministeriales esto es lo que en los borradores de este anteproyecto de ley General se denomina Consejo Nacional del Medio Ambiente.

P. ¿Este Consejo está previsto en el anteproyecto de ley General del Medio Ambiente?

R. Bueno, el proyecto lo será cuando el Gobierno lo haya aprobado. En los borradores que se han realizado hasta ahora, y ya vamos por el sexto o el séptimo, en todos se habla de crear ese órgano de máxima participación, cuya función será la de ser un consejo consultivo.

P. Pero con este consejo no se elimina la dispersión de competencias entre los diversos ministerios en materia de medio ambiente.

R. Una ley General del Medio Ambiente no puede ser una ley en quince tomos, donde vengan absolutamente todas las cuestiones; tiene que dar los principios generales, que luego serán desarrollados en leyes sectoriales, aunque muchas de estas leyes ya están ahí y lo único que tienen es que ser adaptadas a la ley general. No se puede pretender que esta ley general vaya a repetir desde los preceptos relativos al medio ambiente del Código Penal, que ya está en el Congreso. Por cierto, también he leído algunas informaciones en las que se dice que no se contempla en la ley general el delito penal medioambiental. Entonces es que no nos debemos leer las cosas que se publican, porque, vamos, la reforma del Código Penal está ya hace tiempo en las Cortes para enmiendas, y en el proyecto que ha enviado el Gobierno va tipificado el delito medioambiental.

Sobre los cambios de competencias dentro de los distintos ministerios, el proyecto de ley no habla para nada de este tema. Para eso hay otra ley en proyecto de reforma de la Administración pública.

Ahora, lo que interesa en la ley del Medio Ambiente son principios que no están previstos en ninguna otra parte, como puede ser el de la unidad de gestión. Esto no es nada filosófico, sino sumamente pragmático. Es la apoyatura legal que el Gobierno puede tener para decidir reagrupar determinadas actividades en un solo organismo.

P. Sin embargo, determinados sectores han criticado el hecho de que se esté dedicando todo un año a elaborar estos principios, mientras que lo urgente sería desarrollar de una vez estas leyes sectoriales.

R. Nosotros hemos recibido el encargo del Gobierno de preparar un proyecto de ley General del Medio Ambiente, y a eso nos hemos dedicado. Y, aunque es un tema discutible, a mí me parece que beneficia tener una ley general. Es evidente que hemos podido vivir sin ella, pero pudiera ser que viviéramos mejor con ella.

P. ¿Por qué, rompiendo una tradición de la Dirección General del Medio Ambiente, no se ha escuchado la opinión de los ecologistas -a la hora de elaborar el borrador del anteproyecto de ley general?

R. ¿Cuáles son los criterios por los que consultaríamos con unos grupos sociales y no con otros? Hemos ido más allá de lo que se está haciendo en otras leyes de desarrollo constitucional, y es que, al tener una comisión interministerial en la que además se da la circunstancia que los representantes allí no son sólo de los ministerios, sino que hay otros representantes, como son los colegios profesionales, como son la Federación de Movimientos Ecologistas, que han tenido la oportunidad de conocer los anfeproyectos que se enviaron a la CIMA...

P. Ellos han dicho que no fueron convocados.

R. ¿Quiénes son ellos? Yo conozco a muchas personas que son ecologistas, yo soy catedrático de Ecología; es decir, no sé quiénes son ellos. Le puedo decir a usted, y le rogaría que me lo desmienta si le es posible, que en la CIMA hay un representante de la Federación de Movimientos Ecologistas y representantes de organismos que no son propiamente ministerios, y que esas personas han estado, o han podido estar, porque la invitación la han recibido, en el pleno de la CIMA, y que, aunque no hayan venido, recibieron el borrador, con la petición de que hicieran las sugerencias que desearan.

Pero los principales ataques a este anteproyecto de ley, la oposición más importante, no vienen del lado de los ecologistas, sino de los que temen la unidad de gestión y que se regule el control y la vigilancia del medio ambiente. Hay muchas personas dentro y fuera de la Administración a las que la actual dispersión les viene muy bien.