Se suprimirán los monopolios para la venta de periódicos y revistas

El próximo Consejo de Ministros acordará, con toda probabilidad, la liberalización de la venta de periódicos y revistas, hasta ahora sujeta a autorización administrativa y limitada a los quioscos que gozan de tal autorización.

El anuncio lo hizo ayer el secretario de Estado para la Información, Josep Meliá, en respuesta a una pregunta sobre la situación de la huelga de los vendedores de prensa.El problema, dijo, tiene un doble nivel: por una parte, la intranquilidad por los atentados, y respecto a ella el Gobierno trata de adoptar el sistema de protección de que dispone, que con tantos puntos no puede ser tan completa como se desearía. El Gobierno -prosiguió- pide que cesen cualesquiera hostilidades, porque el derecho a la información exige también que no haya amenazas por la venta de publicaciones legales.

Otro aspecto del tema es la huelga ilegal, con perjuicios para los periódicos, que no son responsables de esta situación, y que agrava un momento económico muy difícil para el sector. En este sentido se exigirán responsabilidades.

«Pero existe un viejo problema, que es el de la liberalización de la venta de periódicos y revistas», prosiguió Meliá, y se trata de suprimir trabas del pasado. «Hay que suprimir trabas de oligopolio y liberalizar la venta, de forma que las propias empresas puedan instalar sus puntos de venta y que se amplíen estos puntos.»

Se le preguntó durante la conferencia de prensa por una nota que habían entregado al secretario de Estado para la Información los trabajadores de Informaciones, en la que solicitaban que se inhabilite a Sebastián Auger como empresario, en aplicación del artículo 33 de la ley de Relaciones Laborales.

«Es un tema que se tiene que estudiar», dijo, «y que requiere comprobar todos los extremos del asunto.»

Respecto al diario Informaciones, aseguró que el periódico necesita una profunda reestructuración tecnológica y laboral. En todas las conversaciones que he mantenido -dijo Meliá- con los sectores del periódico, y concretamente con los trabajadores, hemos indicado que si se instalan unos talleres más modernos, de Ofsset, y se reduce la plantilla a unas cien o 110 personas, y se aportan cincuenta o sesenta millones de pesetas, bien por la empresa, o bien por los trabajadores, con créditos personales, la Secretaría de Estado estaría dis puesta a aportar otra cantidad igual para garantizar la continuidad del periódico. Condición indispensable para ello es que se liquide el pasivo de la empresa.

En cuanto al cierre de los periódicos La Voz de España y Unidad, de San Sebastián, aseguró que los trabajadores siguen cobrando, y en cuanto al anuncio del Consejo General Vasco de reabrir los centros de trabajo, Meliá afirmó que esa decisión carece de todo fundamento y es nula, «a ver si queda claro que se trata de personal de un organismo autónomo de la Administración del Estado y que sus relaciones se rigen por el derecho administrativo y su reestructuración es competencia exclusiva del Gobierno». En cuanto al cierre de otros anteriores -añadió-, el Tribunal Supremo ha confirmado la correcta actuación deJa Administración.

En cuanto al «juicio de Atocha», Meliá aseguró que,en previsión de posibles incidentes, al terminar el juicio, se adoptarán las medidas necesarias, al igual que en las sesiones anteriores de la vista.

En cuanto a la labor del general Santamaría en las provincias vascas, Meliá afirmó que el Gobierno tiene informes constantes sobre la labor del delegado especial y que se está avanzando mucho en el objetivo de coordinar las tareas de los cuerpos de seguridad y ya se han producido frutos.