Un policía por encima de toda sospecha

LOS RUMORES que empiezan a circular sobre las presuntas conexiones -sean relaciones o implicaciones- de uno de los inculpados en el asesinato de Yolanda González con miembros de los servicios de seguridad del Estado no podrán, evidentemente, ser tomados en consideración hasta tanto la investigación policial y la instrucción del sumario progresen y conviertan esas todavía inseguras informaciones en pruebas. Sin embargo, ese flujo de noticias, que se ha producido también con ocasión de otros crímenes o atentados de la ultraderecha, constituye, de por sí, un síntoma de la desconfianza de un amplio sector de la opinión hacia determinados departamentos policiales especializados, en el antiguo régimen, en labores de investigación, información y represión políticas.Las presuntas amistades peligrosas salidas a la luz en el juicio oral de la matanza de Atocha, y que establecen la familiaridad de trato entre algunos encausados por ese crimen y algún funcionario del Cuerpo General de Policía no hacen sino dañar el prestigio y el respeto de esa institución. Ya va siendo hora de decir que resulta inaceptable que el Gobierno fuerce a los ciudadanos a soportar unos servicios de seguridad incontrolables y en los que desempeñan responsabilidades personas sospechosas de desdén hacia los preceptos constitucionales y de estar relacionadas con opciones grupusculares de ultraderecha, so pena -según dicen- del desmantelamiento del necesario aparato policial para vigilar el cumplimiento de las leyes. Esa imprescindible labor de vigilancia para que la ley se respete tiene que comenzar por un examen de la aptitud de los vigilantes para cumplir con eficacia y lealtad sus deberes. Y a este respecto, la labor de muchos y muy buenos policías es a veces lamentablemente empañada por los errores (llamémoslos así) de determinados y concretos miembros del Cuerpo. El anterior ministro del Interior se empecinó en asociar la necesaria reforma del Cuerpo General de Policía, en función de la competencia profesional y la neutralidad política de cada cual, con una operación de depuración política, que nadie pidió nunca, pero que no hubiera sido legítimo solicitar habida cuenta de la triste y espeluznante historia de la Brigada Político-Social del franquismo. A esa decisión de negarse a una imprescindible operación de reajuste se unió luego la canonización del comisario Conesa, que había sido durante el anterior régimen un hombre de apasionadas y proclamadas convicciones políticas antidemocráticas, como puede testimoniar la larga lista de inquilinos forzosos de los calabozos de la Puerta del Sol que hoy se sientan en el Parlamento, o incluso en despachos ministeriales. Ese comisario Conesa, ya jubilado, del que el señor González Pacheco, alias Billy el Niño, parece ser discípulo.

Pero es que ni Conesa ni González Pacheco han sabido, por lo demás y por lo que se ve, unir a sus preferencias ideológicas y políticas, difícilmente compatibles con los valores propios de un régimen constitucional de libertades, el talento para la investigación y la eficacia profesional que, en última instancia, son las únicas cualidades que deberían haber justificado sus ascensos y sus destinos. Su único y misterioso acierto fue la resolución del caso Oriol-Villaescusa, y frente a ese acierto se pueden señalar no pocos errores y fracasos. Mientras tanto, el Cuerpo General de Policía ha demostrado, en los últimos meses, que su escalafón incluye a excelentes detectives y magníficos funcionarios capaces de realizar su labor con un escrupuloso respeto por las libertades ciudadanas y con magníficos resultados. Así, el comisario Francisco de Asís Pastor, para quien no existen asesinos de derecha y asesinos de izquierda, sino sólo criminales, resolvió en pocos días el enigma del Batallón Vasco Español y procedió a la detención de los autores del siniestro «paseo» de Yolanda González, como último listado de continuos éxitos «profesionales », entre los que cabe destacar la detención de los acusados por la matanza de Atocha y la de los del atentado contra la cafetería California. ¿Tan insensato sería utilizar la sabiduría profesional y la competencia de este funcionario a fin de organizar sobre bases más racionales nuestra policía? ¿O el Gobierno piensa seguir de nuevo el principio de premiar a los incompetentes con fulgurantes ascensos y castigar a los eficientes relegándolos al olvido?

El comisario Pastor va a ser jubilado, al parecer, a finales del próximo mes de abril por razones de edad. Sin embargo, esa nueva situación administrativa no sería obstáculo para que fuera designado a un alto cargo de responsabilidad en la policía. Suponemos que al Gobierno le interesa de verdad reducir esa preocupante brecha de confianza que separa a la opinión pública del Cuerpo General de Policía, abierta por hombres corno Conesa, y que perjudica tanto a la gran mayoría de los miembros del Cuerpo como a los ciudadanos y al propio sistema político. Y una buena prueba de ello sería, por ejemplo, que no prescindiera de la eficacia y la honestidad del comisario Pastor. Un hombre y un policía que se encuentra política y profesionalmente por encima de toda sospecha, y que cuenta con un equipo profesionalmente preparado, según ha venido demostrando.