El terrorismo no se considera delito político y no se obstaculizará la extradición

El Pleno del Congreso acordó ayer, por 265 votos favorables, dos en contra y tres abstenciones, proponer la ratificación del convenio europeo para la represión del terrorismo, pactado en Estrasburgo por los miembros del Consejo de Europa en enero de 1977. El convenio, al que sólo se opuso el diputado de Unión del Pueblo Canario, Fernando Sagaseta, otorga facilidades para la extradición de terroristas, a cuyos actos no se podrá aplicar la consideración de delito político.

El objeto del convenio, según su preámbulo, es lograr que los Estados miembros del Consejo de Europa adopten medidas eficaces para que los autores de actos de terrorismo no escapen «a la persecución y al castigo».Para ello, no serán considerados como delitos políticos, conexos con un delito político o delitos inspirados por móviles políticos una serie de actos, entre los que destacan la captura ¡lícita de aeronaves y otros actos contra la seguridad de la aviación civil; el ataque contra la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas que tengan derecho a una protección internacional, incluidos los agentes diplomáticos; el rapto, toma de rehenes o secuestro arbitrario; la utilización de bombas, granadas, cohetes, armas de fuego automáticas, o cartas o paquetes con explosivos ocultos, en los casos en que dicha utilización represente un peligro para las personas; así como cualquier acto grave de violencia que esté dirigido contra la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas.

A efectos de la extradición de los autores de los actos citados, el convenio establece que afectará a la participación como autor o cómplice y también a la tentativa de comisión del delito.

Como cláusula de salvaguardia, el convenio establece que no existirá la obligación de llevar a cabo la extradición si el Estado requerido tiene serias razones para creer que la solicitud de extradición «se ha presentado con el fin de perseguir o de castigar a una persona por consideraciones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o que la situación de dichas personas corre el riesgo de agravarse por una u otra de las citadas razones».

Oposición de Sagaseta

Sólo el diputado de Unión del Pueblo Canario, Fernando Sagaseta, se opuso a la ratificación del convenio, mediante un discurso escuchado por muy pocos diputados y con el banzo azul vacío. Sagaseta comenzó afirmando que cuando Carlos Marx descubrió que la gran partera de la historia había sido la violencia, no hacía referencia a un deseo subjetivo, sino que reflejaba un hecho objetivo. Tras esta cita, el diputado nacionalista canario aseguró que no patrocinaba el terrorismo, y señaló que a veces los idealistas violentos retrasan el proceso histórico, del mismo modo que otros terroristas, amparados en el Estado, tratan de impedir ese proceso.

Fernando Sagaseta aludió a la situación de oposición al convenio registrada en Francia, no solo por parte de la izquierda, sino también de los gaullistas. Expresó su desconfianza hacia la expresión de «delito político», que UCD aplica a los piquetes de huelga. Recordó también que el convenio no ha sido ratificado todavía por ningún país mediterráneo y aludió a las disposiciones que permiten al Gobierno hacer discriminaciones entre unos terroristas y otros en base de consideraciones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas. En un momento dado, aludió críticamente a determinadas instancias judiciales, por lo que el vicepresidente, Modesto Fraile -que dirigía en ese momento la sesión-, le llamó la atención.

Por el grupo centrista, Joaquín Satrústegui defendió la ratificación del convenio y replicó a Sagaseta. Afirmó que el delito político no existe cuando los países son democráticos, sino sólo cuando son autoritarios. Aseguró que para UCD no son delincuentes políticos ni quienes mataron a seis guardias civiles ni quienes mataron a una joven -Yolanda González- cerca de San Martín de Valdeiglesias.

Por Coalición Democrática, José María de Areilza recordó que el Consejo de Europa está constituido por veintiuna naciones democráticas, en las que existen las mas variadas ideologías. Destacó que en el convenio se enumeran taxativamente los actos de terrorismo, a cuyos autores se les podrá aplicar la extradición. Añadió que el convenio no había sido ratificado por dificultades internas de tipo parlamentario y político, aunque recientemente, en Dublín, los miembros de la Comunidad Económica Europea habían suscrito un documento parecido.

PSOE y PCE, a favor

Por el Grupo Comunista, Jordi Solé Tura se mostró favorable a la ratificación, en coherencia con una concepción de izquierdas no coincidente con la óptica de Sagaseta. Expuso la posición comunista de dar salida, en una sociedad en crisis, a los valores que conduzcan a una sociedad más justa, y dijo que para eso «es indispensable que el protagonista del cambio sea la mayoría de la población». Aseguró que el terrorismo de uno y otro signo no deja margen de maniobra a las mayorías.

Por último, el socialista Vicente Sotillo, que criticó las ausencias en los escaños centristas, se expresó tajantemente a favor de la ratificación del convenio y dijo que contra el terrorismo la única solución es «democracia, democracia y democracia». La traducción de esta frase es, según el diputado socialista, la participación de los ciudadanos en la vida política, económica y cultural del país. Añadió que la erradicación del terrorismo exige el respeto a la Constitución, incluido el derecho que ella misma reconoce a cambiarla. Destacó que el convenio contenía garantías procesales incluso para quienes no aceptan el Estado democrático.

La sesión plenaria de ayer se inició con la aprobación del final del proyecto de ley, por el que se independiza el régimen retributivo de los funcionarios al servicio del poder judicial respecto al general de la Administración del Estado. Cómo en la sesión anterior, se rechazaron prácticamente todas las enmiendas, propuestas en su mayoría por socialistas y comunistas.

El socialista Francisco Ramos planteó la supresión de las prórrogas a los jueces y magistrados a partir de los setenta años, edad establecida para su jubilación. Lo justificó en el propósito de rejuvenecer la cúspide de la carrerajudicial. El proyecto de ley establece que, a pesar de la citada jubilación, los magistrados del Tribunal Supremo y miembros de la carrera judicial y fiscal podrán excepcionalmente continuar en el servicio, activo hasta los 72 años de edad, previa comunicación al Ministerio.

La enmienda socialista fue rechazada y asimismo otra de Coalición Democrática, que solicitaba que quienes disfruten de prórroga hasta los 75 años, de acuerdo con la legislación vigente, conservaran tal derecho adquirido.