UCD ofrecerá hoy fórmulas de acuerdo sobre la reforma del Código de Justicia Militar

Para la mañana de hoy está previsto que la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso encargada de informar la reforma del Código de Justicia Militar, tras las gestiones realizadas por los ponentes centristas cerca del Ministerio de Defensa, salga del punto muerto en que se encontraba. UCD ofrecerá fórmulas transaccionales a algunas enmiendas socialistas en torno a los límites de la jurisdicción militar.

Según los centristas, el Código reformado impedirá que la jurisdicción militar realice procesamientos como los de Albert Boadella y demás miembros del grupo teatral Els Joglars; el director de Diario 16, Miguel Angel Aguilar, y más recientemente, el de los autores de un comic publicado en 1978, en El Viejo Topo, sobre la vida cotidiana en Guernica en 1945, que ha sido considerado presunto delito de injurias contra la Guardia Civil.Según Efe, el fiscal general del Estado ha pedido al fiscal de San Sebastián que reclame para la jurisdicción ordinaria la causa que sigue la jurisdicción militar contra Mario-Onaindía, procesado por supuestas injurias a la Guardia Civil.

Todos estos procesamientos se han hecho con base en el artículo 317 del vigente Código de Justicia Militar, que establece la pena de prisión (hasta seis años) para quienes «de palabra, por escrito o por cualquier medio de publicidad injurien u ofendan, clara o encubiertamente, a los ejércitos o instituciones, armas, clases o cuerpos determinados de los mismos».

El Gobierno, en su proyecto de reforma, añade lo siguiente: «... siempre que el culpable fuese militar o el hecho se produzca ante un mando en presencia de sus tropas o en acuartelamiento, recinto o lugar militar.» Los Ponentes centristas estiman que con este añadido se superan los casos anteriormente citados y otros similares. Los socialistas, por su parte, pretenden que se suprima la expresión «u ofendan, clara o encubiertamente », y consideran que hay que llegar hasta el final en la aplicación de la jurisdicción militar al ámbito estrictamente castrense, mediante el criterio de que sólo será competente tal jurisdicción cuando tengan la condición de militares los sujetos activo y pasivo del delito.

La controversia sobre este punto guarda relación con la reforma de los artículos 6, 9 y 13 del Código castrense, en los que se establece la competencia de la jurisdicción militar por razón, respectivamente, del delito, del lugar o de la persona. En ese punto se encuentra estancada la ponencia, a cuya reunión concurrirán hoy los ponentes centristas con fórmulas transaccionales, que no quisieron anticipar a EL PAIS, pero que estimaron capaces de solucionar el problema planteado. Uno de ellos, Guillermo Medina, manifestó que el Gobierno tiende a reducir la jurisdicción militar «a todos aquellos supuestos en que se vea afectado el buen régimen y servicio de las Fuerzas Armadas».

El proyecto gubernamental entiende competente a la jurisdicción militar en casos como los de falsificación de sellos, marcas, contraseñas o documentos militares; adulteración de víveres destinados a los Ejércitos; delitos cometidos en su trabajo por los funcionarios civiles de la Administración militar, y, en general, en todos los delitos y faltas cometidos en establecimientos militares. Los socialistas, con base en la referencia constitucional de que la jurisdicción militar actuará sólo en el ámbito estrictamente castrense, «y en los supuestos de estado de sitio», mantienen la supresión de todas esas categorías de delitos y reducen la competencia de la jurisdicción militar a los delitos comprendidos en el Código de Justicia Militar y a aquellos que se definan o castiguen como delitos militares en los bandos militares, cuando haya sido declarada la guerra o el estado de sitio.

Ante la amplitud de la reforma, que en principio abarcaría a doscientos artículos, la ponencia acordó reducirla por el momento a la adecuación del Código de Justicia Militar a la Constitución y a los pactos de la Moncloa, quedando el resto para una posterior reforma en profundidad. Para los centristas bastará ahora con modificar unos veinticinco artículos, mientras que los socialistas desean extender la re forma parcial a unos ochenta, siempre que UCD se comprometa a remitir en breve plazo un proyecto de nuevo Código.

Conectado con la reforma del Código de Justicia Militar está el proyecto de ley de criterios básicos de la defensa nacional y de la organización militar, que mañana comenzará a debatir la Comisión de Defensa del Congreso. Según el ponente socialista Luis Solana, la ponencia de este proyecto de ley no ha resuelto el problema de los límites de la jurisdicción militar, que, en su opinión, debería remitirse a la reforma del Código castrense. Añadió que otro punto sin resolver es el control del Parlamento sobre la defensa nacional. Sobre la dependencia institucional de la Guardia Civil, la Comisión de Defensa, y en su momento el Pleno de la Cámara, deberá optar entre tres posiciones encontradas: la de UCD, que estima a la Guardia Civil integrante del Ejército de Tierra; la del PSOE, que desea hacerla depender del Ministerio de Defensa, y la del PCE, que propugna su vinculación al Ministerio del Interior.