Fondos del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona fueron entregados a una financiera privada

Cheques cruzados librados por el Consorcio de la Zona Franca, de Barcelona para el pago de terrenos inexistentes -por un total de unos 1.200 millones de pesetas- eran convertidos en cheques bancarios al portador mediante su paso por una cuenta abierta en la agencia número siete de Barcelona del Banco de Santander, a nombre de la empresa privada Financiera de Negocios, SA (Finesa).

Esta financiera privada fue constituida en 1961 por José Luis Bruna de Quixano, entre otras personas. Bruna de Quixano fue delegado especial del Estado en el consorcio entre el 2 de marzo de 1967 y el 6 de noviembre de 1970, y entre el 13 de mayo de 1977 y el 22 de junio de 1979. Ahora es una de las tres personas contra las cuales el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado querella criminal por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y estafa.Esta información, debidamente contrastada, fue obtenida por este diario en medios financieros barceloneses de la máxima solvencia. Por otro lado, la empresa privada Financiera de Negocios, SA (Finesa) aparece claramente detallada en el Registro Mercantil de Barcelona.

Según dicha fuente, fue constituida en 1961 con un capital de 100.000 pesetas, repartido en cien acciones, de las cuales setenta eran propiedad de Bruna, quien, junto con Fernando Moreno Gil de Biedma, fue nombrado administrador de la sociedad. Este último fue sustituido en el cargo por la esposa de Bruna, Concepción Brotoris Manresa, el 30 de marzo de 1967.

El 6 de septiembre de 1972 se otorgaron amplios poderes al hijo del señor Bruna, y en 1977 fueron reelegidos administradores de la sociedad los esposos Bruna de Quixano. El actual capital social es de 2.900.000 pesetas.

El 19 de diciembre de 1968 hubo un aumento de capital en 300.000 pesetas. Fueron aportadas por Francisco Rafols Serda, quien es, o fue, presidente del consejo de administración de la empresa privada Docks del Mediterráneo, SA, la cual ya habla sido repetidamente citada en estas páginas con relación al grave endeudamiento del Consorcio.

Resulta, en efecto, que con un capital de sólo medio millón de pesetas, Docks del Mediterráneo, SA, adeuda al Consorcio, según manifestó a este diario Carlos Güell, actual delegado especial del Estado en la entidad, ochocientos millones de pesetas, lo cual representa un pasivo de 1.600 veces superior a su capital social. Esta empresa es arrendataria de unos terrenos del Consorcio, de 82.000 metros cuadrados de extensión, en los que se alzan dos plantas, en régimen de exención arancelaria, de 12.000 metros cuadrados cada una. Se trata de unas edificaciones construidas por el arquitecto Antonio Bonet Castellana, una de las figuras cumbre de la arquitectura y el urbanismo, a nivel internacional, pero a las que prácticamente no se les ha sacado ninguna rentabilidad, y mucho menos una rentabilidad comparable con los costes.

La aparición de la titularidad de dicha cuenta, usada para transformar unos cheques barrados en cheques bancarios -equivalentes de hecho en dinero efectivo, absolutamente incontrolable- representa una seria complicación para la defensa penal de Bruna de Quixano, actualmente encomendada a Octavio Pérez-Victoria.

De esta manera queda claro el impecable proceder de los bancos en los que tenía cuenta el Consorcio (Bankinter, Banco Garriga Nogués, Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, entre otros), los cuales se limitaron a pagar los cheques barrados iniciales a través de la Cámara de Compensación.

Un punto delicado del tema está en el ingreso de estas cantidades en una cuenta privada y su conversión a través de la misma en cheques bancarios al portador, cuyo posterior destino y uso es de casi imposible averiguación, al contrario de lo que sucedía con los cheques barrados iniciales.