La campaña del referéndum andaluz comienza hoy, en un clima tenso con el Gobierno
Hoy comienza oficialmente la campaña del referéndum de autonomía de Andalucía, en un ambiente tenso sobre el que confluyen decisiones gubernamentales consideradas discriminatorias respecto a los referendos vasco y catalán; el retraso de las normas complementarias de la campaña, que afecta a temas como el voto por correo, modelo de las papeletas, composición del comité de RTVE y, finalmente, la polémica que se ha desencadenado a raíz de la publicación por EL PAÍS de una carta en la que se imparten consignas políticas a los directores de los periódicos andaluces estatales (MCSE), cuya autenticidad ha sido negada por su presunto autor, Donato León.
Mientras en relación con este tema el director gerente de MCSE, José Ramón Alonso, ha solicitado la actuación del fiscal por un posible delito de falsificación de documento oficial, el PSOE ha hecho una interpelación parlamentaria al Gobierno; el PCE ha elevado una proposición no de ley en la que solicita sanciones; el presidente de la Junta de Andalucía ha instado «todas las acciones, incluidas las penales, contra el presunto autor o autores de la circular» y el consejero de Interior de la misma ha elevado un escrito a la Junta Electoral para que, «con arreglo a la legislación vigente, adopte las decisiones que proceda».El director gerente del organismo autónomo MCSE, José Ramón Alonso, ha solicitado la actuación del ministerio fiscal después de que, «efectuadas las oportunas comprobaciones por esta dirección-gerencia, se ha podido tener la certeza de que la carta que reproducía el diario EL PAÍS no ha sido, en ningún caso, redactada ni autorizada ni, por tanto, enviada, por el señor León Tierno, a los periódicos de esta cadena, dándose, por tanto, indicios suficientes de que, por ignorada persona, se ha podido cometer un posible delito de falsificación de documento oficial de los previstos en el artículo 302 del vigente Código Penal».
Por el contrario, la Junta de Andalucía, el PSOE y el PCE, han reaccionado a estas informaciones solicitando acciones administrativas y penales contra Donato León y José Ramón Alonso, como responsables máximos de MCSE, y en el caso del PSOE, los diputados Alfonso Guerra, Guillermo Galeote y Pedro Bofill han requerido al Gobierno para que de forma urgente y puntual ofrezca las pertinentes explicaciones al Congreso de los Diputados.
La secretaría de prensa y propaganda del PSOE facilitó ayer tarde un comunicado en el que califica de intolerables «las continuas transgresiones que el Gobierno hace del texto constitucional» y «su intención de gobernar al margen del ordenamiento legal vigente y su total desprecio al pueblo español y a los derechos que al mismo le corresponden».
«Una vez más», se dice en el comunicado, «se constata el empleo manipulador del Gobierno, al hacer uso partidista de los Medios de Comunicación Social del Estado». Más adelante, el PSOE denuncia «las irregularidades que viene realizando el Gobierno respecto al proceso autonómico andaluz, cuya manifestación más contundente se manifiesta, en estos momentos, por las directrices impartidas acerca del comportamiento de los diarios pertenecientes a MCSE, con el fin de favorecer la postura de UCD». Finalmente afirma que esta acción viene a demostrar, como en el caso de RTVE, «la profunda corrupción política que existe en el seno del Gobierno».
Por su parte, el PCE considera que la circular viola el espíritu y la letra del artículo 20, apartado 3, de la Constitución, toda vez que de las consignas impartidas se deriva una falta de respeto al pluralismo político de la sociedad española, fundamento de nuestro ordenamiento constitucional.
Los comunistas consideran especialmente inaceptable la alusión que se hace en la supuesta circular al próximo referéndum andaluz, en el sentido de que «está en juego la desmembración del Estado». En consecuencia, el Grupo parlamentario Comunista presentó ayer una proposición no de ley para que se abra expediente a Donato León Tierno y a José Ramón Alonso, al objeto de depurar las posibles responsabilidades en las que hayan podido incurrir y se pongan las sanciones correspondientes.
Escuredo denuncia las demoras
Al tiempo que instaba acciones penales contra los responsables de la circular antes mencionada, el presidente de la Junta de Andalucía, según informa José Aguilar desde Sevilla, denunció la actitud del Gobierno, «por la demora injustificada de la publicación de las normas de desarrollo del real decreto de convocatoria de referéndum», prometidas por el señor Fontán para el sábado pasado y cuya aparición en el Boletín Oficial del Estado se retrasa injustificadamente.
«A quince días del 28 de febrero, no sólo no se han establecido las normas sobre el voto por correo, el modelo oficial de las papeletas, la composición del comité de RTVE, la inhabilitación a efectos docentes del día 28, sino que tampoco se ha regulado la obligación empresarial de dar facilidades a los trabajadores para el ejercicio del derecho al voto.» «Actitudes como ésta», finaliza el señor Escuredo, «no corresponden a la práctica habitual de una consulta democrática, que suporie, además, un grave atentado a los derechos individuales y colectivos de los andaluces reconocidos en la Constitución.»
La psicosis de desconfianza respecto a las actuaciones del Gobierno ha dado pie en Andalucía a los rumores más dispares. Ayer mismo se decía que la papeleta de votación iba a presentar tres opciones -sí, no y en blanco- y había que tachar las que no procedieran. Sin embargo, fuentes competentes manifestaron a este periódico que el rurnor era totalmente infundado y descabellado, ya que habrá papeleta con cada opción por separado.
Sin embargo, la actuación del Gobierno en relación con los sobres para el voto por correo, afimentaba ayer de nuevo la suspicacia de los miembros de la Junta, ya que se tenía noticia de que se abandonaba el diseño inicial, en el que figuraba en la parte superior izquierda la palabra Andalucía, para pasar a otro en el que no aparecen ni Andalucía ni el término autonomía.
AP recomienda la abstención
El congreso regional de Alianza Popular en Andalucía, reunido durante el fin de semana en Fuengirola, decidió recomendar el voto en blanco o la abstención en el próximo referéndum autonómico andaluz. El presidente nacional del partido, Manuel Fraga, en el discurso con que se clausuró el congreso, tuvo palabras desfavorables para los que defienden la autonomía para Andalucía: «Para muchos que hablan de ella», dijo, «la autonomía no es otra cosa que acercarse a la teta de los sueldos.» Posteriormente afirmó, en una rueda de prensa, que si el día 28 de febrero no sale adelante el artículo 151 de la Constitución, «creo que la Junta de Andalucía sabrá lo que tiene que hacer: que no es otra cosa que dimitir».
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Declaraciones prensa
- Rafael Escuredo
- PCE
- Política nacional
- Abstencionismo
- Constitución de las Autonomías
- Relaciones Gobierno central
- José Ramón Alonso Rodríguez-Nadales
- Congresos políticos
- Resultados electorales
- Presidencia Gobierno
- Referéndum
- Estatutos Autonomía
- PSOE
- Estatutos
- PP
- Partidos políticos
- Andalucía
- Comunidades autónomas
- Política autonómica
- Elecciones
- Normativa jurídica
- Administración autonómica
- Gobierno
- Gente