Marcial Fernández: "Nosotros construimos Las Ventas y la convertimos en la primera plaza del mundo"

Nueva Plaza de Toros de Madrid, SA (NPTMSA), la anterior empresa de Las Ventas, única -por otra parte- que ha tenido el coso hasta la última subasta, además constructora del edificio, se cree con derecho legal a continuar con su explotación, y por tal motivo ha entablado pleito contra la Diputación de Madrid. Hay además otras razones que no figuran en contratos, pero que los responsables de la sociedad consideran de peso, aunque quizá nunca sean esgrimidas ante los tribunales: en primer término, la categoría que durante cincuenta años, y hasta hoy, ha podido llegar a tener Las Ventas, ha sido conseguida por la empresa que la administró. Así lo entiende el presidente de NPTMSA, el anterior fiscal, hoy abogado, Marcial Fernández Montes, con quien hemos celebrado la siguiente entrevista

Pregunta. ¿Cuáles son los derechos que reivindican ustedes?Respuesta. Los que nos otorga la ley. El contrato que suscribimos con la Diputación en 1969 para el arrendamiento de Las Ventas durante diez años es de carácter civil y, por tanto, está amparado por la ley de Arrendamientos Urbanos, con los beneficios que la misma contempla, entre ellos la prórroga legal. Este derecho de prórroga es tan esencial y de tal naturaleza, que incluso el arrendatario no puede renunciar al mismo, pues tiene una función social. Por su parte, la Diputación entiende que el contrato es administrativo. Corresponde a los tribunales, en definitiva, dirimir quién tiene razón.

P. Sin embargo, cuando ustedes suscribieron el contrato en 1969 se daba por sentado que el mismo era de carácter administrativo.

R. Sí, según la Diputación; no, según nosotros. Lo firmamos porque no teníamos otro remedio, pero conscientes de que la cláusula correspondiente lo era de estilo en los contratos de las corporaciones y no afectaba a su naturaleza. Porque nunca la denominación que les den las partes, sea cual sea, puede alterar la naturaleza jurídica propia del contrato.

La historia de este pleito se remonta al año 1921, cuando se creó NPTMSA para la construcción de una plaza monumental en la barriada de Las Ventas. La Diputación cedió a esta sociedad la explotación del viejo coso de la carretera de Aragón y la comercialización de sus terrenos cuando fuera demolido. A cambio, tenía que adquirir los terrenos de Las Ventas donde se asentaría la Monumental y construir la nueva plaza a sus expensas.

Según Marcial Fernández, supuso muchos trámites, difíciles expropiaciones y gastos cuantiosos. NPTMSA obtuvo los derechos de explotación de la Monumental durante cuarenta años, por los que pagaba a la corporación un canon fijo y otro adicional. Al término de este período, en 1968, fue cuando se produjo la subasta.

P. ¿No recurrieron entonces?

R. En efecto, hicimos valer nuestros derechos, sin éxito, y optamos por concurrir a la subasta, en la que se nos reservaba el derecho de tanteo que, finalmente, ejercitamos. De manera que obtuvimos nuevos derechos de explotación por un canon anual fijo de 37.777.778 pesetas, más otro adicional, del 15% sobre las cantidades que rebasaran la cifra de 150 millones de los taquillajes brutos. Esta condición económica, muy gravosa, dificultaba la organización de las temporadas, pero todas se sacaron adelante y hoy, en lo que se refiere a la aportación «taurina» de nuestra sociedad, podemos ofrecer unos resultados brillantes, pues creamos la feria de San Isidro, que es la más importante del concierto taurino; promocionamos numerosos novilleros; por nuestra plaza pasaron los diestros y ganaderías de mayor interés. Se dice de Las Ventas que es «la primera plaza del mundo» y, sin que ello presuponga jactancia por mi parte, he de hacer observar que tal categoría la ha adquirido merced a nuestra gestión.

P. No obstante, las dos últimas temporadas que organizaron ustedes dejaron bastante que desear. Y nos extrañó, pues parecía lógico que, de cara a una inminente subasta, habrían querido hacer méritos.

R. Admito la crítica, admito que quizá lo que hicimos era mejorable, pero un dificilísimo esfuerzo de última hora no tenía objeto. Sabíamos que la Diputación preparaba una subasta «a cara de perro», con el objetivo de obtener la mayor cifra posible en el canon; que, en definitiva, los méritos no serían tenidos en cuenta, ni aunque contratáramos a Manolete redivivo. Y así fue. Nuestro historial, las excelentes relaciones que siempre tuvimos con la Diputación, no sirvieron de nada. Hasta se llegó a dar el caso de que Leopoldo Matos, como vicepresidente de la Diputación, se personó en Las Ventas el día en que concluía el contrato -6 de marzo de 1979- y, con la mayor frialdad, nos requirió para que desalojáramos el edificio. Así lo hicimos, presionados por la ejecutividad del acto administrativo, si bien levanté acta de que lo abandonábamos en contra de nuestra voluntad y sin perjuicio de los derechos de prórroga legal que fundamentan nuestro pleito. Previamente, primero hacia febrero de 1978, y luego al convocarse la subasta, habíamos dirigido sendos requerimientos a la Diputación advirtiéndole que nuestro contrato estaba protegido por la prórroga legal. Una vez producida la expulsión, hicimos un nuevo requerimiento notarial a la Diputación, planteamos un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo y el desalojo, e iniciamos el pleito civil de mayor cuantía. Este requirió el trámite previo de agotar la reclamación en vía gubernativa, para evitar una excepción dilatoria. Al propio tiempo lo notificamos a la Diputación, que no contestó; transcurridos dos meses sin obtener respuesta, el pasado 11 de enero, abierto el trámite procesal, planteamos demanda en pleito ordinario de mayor cuantía, ante el Juzgado de Primera Instancia número dieciocho.

P. Según sus cálculos, ¿puede durar mucho el pleito?

R. Más o menos, tres años. Pero seguiremos adelante, con tesón, ejercitando el derecho que la ley nos otorga, por poner todos los medios para que continúe una obra que iniciaron nuestros padres. Pues quienes hoy regimos la sociedad somos hijos de quienes la crearon, construyeron la plaza e iniciaron su explotación hasta llevarla a la más alta cima; lo que está en grave riesgo de perderse por los procelosos y confusos avatares del último año y de los que un futuro próximo permiten presentir.

P. Con Diodoro Canorea parece ser que la Diputación actual ha sido extremada y sorprendentemente comprensiva y generosa, y ha pasado por alto varios incumplimientos. ¿Ustedes habrían podido impugnar esta actitud de la Corporación?

R. Por supuesto, pero no lo hemos hecho pues somos quienes somos. En realidad, los otros licitadores y cualquier madrileño pueden hacer libremente la impugnación. Según mi criterio, en efecto, hay incumplimientos, y no entiendo cómo la Diputación no obró en consecuencia, como es su estricta obligación. Por ejemplo, el impago del canon es un serio incumplimiento, en el que nosotros jamás incurrimos en cincuenta años. Y otros, la muy irregular y deficiente constitución de avales y el incumplimiento, también patente, de cláusulas contractuales referidas a número y calidad de espectáculos, etcétera.

P. Llegado el caso, ¿aceptarían hacerse cargo de la organización de las corridas, a cambio de retirar sus demandas legales?

R. Siempre estamos dispuestos a buscar fórmulas de entendimiento. Lo consideramos como nuevo acto de respeto y colaboración con la Diputación.

P. Usted celebró no hace mucho una entrevista con Luis Larroque, vicepresidente de la Diputación. ¿Abordaron este asunto?

R. Con mucho gusto le hablaría de ello, pero aquella conversación no es sólo mía, sino también de Larroque, y ya comprenderá que no puedo decirle nada si no cuento con su autorización. Mas volviendo sobre la posibilidad de que aceptáramos aportar nuestra organización, estructura y amplia experiencia en el montaje de las temporadas, he de manifestar que nos agradaría. Lo único que pretendemos es mantener este patrimonio que NPTMSA ofreció al pueblo de Madrid, construyendo la Monumental y convirtiéndola en la primera plaza del mundo.