La izquierda se opone a la falta de financiación de la reforma sanitaria

El desfile de expertos ante la Comisión de Sanidad y Seguridad Social del Congreso de los Diputados -ayer comparecieron nueve, de ellos cinco catedráticos de universidad- y las preocupaciones planteadas por los grupos parlamentarios, han permitido decantar una dura oposición de la izquierda a la reforma sanitaria proyectada por el Gobierno. Las principales objeciones de socialistas y comunistas se refieren a la falta de financiación de la reforma, a la tendencia a privatizar parcialmente la sanidad nacional y a la resurrección de la iguala como modo de retribución de los médicos.El documento gubernamental, ya superado por el elaborado por el grupo de trabajo de la Comisión, aludía a la implantación progresiva de la reforma sanitaria, en relación, tanto con los recursos financieros actuales, mejor utilizados, como de los futuros, sin hacer mayores precisiones en cuanto a financiación. Asimismo, el Gobierno proponía que el Instituto Nacional de la Salud realice conciertos económicos de servicios asistenciales con entidades no estatales.

Por lo que se refiere a la iguala, el Gobierno partía de la conveniencia de que se produzca una retribución que estimule la calidad de la prestación médico-sanitaria. Argumentaba que para no recargar costes de la Seguridad Social y obtener mayor vinculación entre el médico y la familia que él atiende, «en virtud de su libre elección, se propugna que el médico, además de percibir un sueldo base de la Administración, pueda percibir directamente de sus pacientes unos ingresos que, tradicionalmente, en nuestro país se denominan iguala ».

En oposición a estos planteamientos del Gobierno, a los que en el documento parlamentario no se detallan alternativas, los diputados de la izquierda -de modo particular los socialistas Ciriaco de Vicente, Donato Fuejo y Francisco Yuste- intentaron, a través de sus preguntas a los expertos, una descalificación técnica de la reforma

En cuanto a la falta de una cuantificación del importe de la reforma y de su financiación, varios expertos reconocieron la necesidad de que exista un programa definido en sus cuantías, orígenes de fondos y calendario de aplicación. Así ocurrió con el ex director general de Régimen Económico de la Seguridad Social, Juan Aracil, y con el antiguo director general del Tesoro y Presupuestos, José Barea.

Este último, que concurrió a la Comisión en su calidad de catedrático de la facultad de Económicas de Madrid, se negó, sin embargo, a pronunciarse políticamente sobre la conveniencia de un sistema público de financiación de la sanidad o parcialmente privado. Las apelaciones que Francisco Yuste hizo a la Constitución sirvieron al señor Barea para declinar una opinión política sobre un tema que, según el diputado socialista, parecía resuelto por el texto constitucional.

Entre las personas que comparecieron ayer ante la Comisión figuraron el presidente del Consejo General de Odontólogos y el de la Asociación de Médicos de Sanidad Nacional. También informaron los decanos de las facultades de Medicina de Madrid, Alberto Oriol, y de Barcelona, Jacinto Corbella, y los catedráticos Ranión Martín y Luis Morell.