Premio Nacional de Historia

Leo en EL PAIS de 31 de enero una carta a propósito de mi libro, Los orígenes del Consejo de Ministros en España, firmada por Rafael Gil Cremades. Sin valorar, por respeto a esta tribuna, el tono del texto, me permito registrar algunas puntualizaciones de carácter estrictamente científico.1. Rafael Gil se atribuye la satisfacción de haber tenido conocimiento hace diez años, por información verbal de una tercera persona, de la existencia de las actas de la Junta de Estado. Simplemente recordaré que esas actas figuran registradas, desde principios de siglo, en el Inventario, papeles de Estado, índice de libros, del Archivo Histórico Nacional. Ello constituye, pues, un dato de público conocimiento para quienes hemos trabajado, sin noticias de intermediarios, en el citado archivo.

2. Supone el señor Gil Cremades que yo no he tenido «tiempo suficiente» para leer un artículo suyo, «denso y meditado» -como él lo califica-, que publicó en 1971. Aparte de no ser cuestión de tiempo, pues el texto del artículo consta exactamente de trece páginas, baste aquí decir que el citado artículo se encuentra citado y enjuiciado en mi libro.

3. Rafael Gil me atribuye no haber leído atentamente las actas de la Junta de Estado. Sobre ello quiero decir que soy yo quien publica -en el tomo ll- las citadas actas hasta ahora inéditas, y que, aparte de otras varias referencias, el capítulo titulado «La organización administrativa de la Junta de Estado» (tomo I, 639-659) está construido exclusivamente sobre datos de las actas.

4. El señor Gil me reprocha que yo presenté a Floridablanca como presidente de la Junta de Estado, por cuanto ésta «no tenía presidente». Como es bien sabido, pues es una distinción elemental, se puede ser presidente de iure de un organismo, con título como tal, o se puede presidir de facto, como primus inter pares. Aclarado esto, he de decir:

- Que la Junta no tuvo presi dente de iure no se deduce de la lectura de las actas, según Rafael Gil señala, sino -como el propio firmante debe saber- de una explícita frase del decreto creador del organismo (cfr. I, 424).

-En base a ello, yo comento la inexistencia de esa presidencia de

(Pasa a página 10) (Viene de página 9)

iure (I, 651 y siguientes). Baste una frase: «En pura teoría, la Junta Suprema de Estado no tenía presidente» (página 651). La creación del título de presidente del Consejo de Ministros la he estudiado yo mismo en un artículo publicado en el Anuario de Historia del Derecho de 1972, y ello tuvo lugar mediante real decreto de 31 de diciembre de 1824.

- Sin embargo, de hecho, Floridablanca era un presidente efectivo. Por varias razones: por ser ministro de Estado -hoy Asuntos Exteriores-, porque la Junta no formalizaba acuerdos en su ausencia; porque el secretario despachaba con él; porque él era el enlace de la Junta con el Rey, etcétera. Precisamente por eso, los contemporáneos acusaron al ilustre murciano de utilizar a la Junta como un instrumento.

5. No puedo extenderme sobre la funcionalidad de la Junta como Consejo de Ministros, tema que sí abordó -como recuerda el señor Gil- el profesor Pérez-Prendes en un sugestivo y generoso comentario sobre mi libro aparecido en este mismo periódico. Pero, naturalmente, el profesor Pérez Prendes es un serio profesional.

6. Rafael Gil confiesa su discrepancia con base a una nota de prensa y la vierte luego en una carta al director. Las polémicas científicas suelen sustanciarse -aunque no sea más que por razones de espacio- en libros y revistas especializadas, si bien yo a mi vez me he visto obligado a abusar de la hospitalidad de EL PAIS para responder ante los mismos lectores. Bien venido sea el señor Gil si, como anuncia, desea acceder a esa plataforma de controversia intelectual. Sólo que en ella es usual cierto tono de respeto, propio de la dignidad científica, y rige el principio -bastante recomendable, por cierto- de leer todo, o siquiera algo, del libro con el que se pretende polemizar.