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Tribuna:

Referéndum andaluz: de la razón de Estado a las sinrazón

Hasta siete argumentos encontraron los notables de UCD para explicar la reconversión de todos los procesos autonómicos por la vía del artículo 151 de la Constitución. Seis, debidamente etiquetados como razones de Estado, fueron plasmados en un documento que se presentó a la prensa con todos los honores; el séptimo permaneció algún tiempo inconfesado, pero finalmente se supo que era el miedo a la izquierda. Tanto derroche de razonamiento tenía que tener uríprecio, y así, todo parece indicar que al Gobierno y a UCD se le han agotado las existencias de razones en materia autonómica y ha comenzado el reparto de arbitrariedades.Las últimas decisiones del Gobierno en relación al referéndum andaluz -contenido de la- pregunta y duración de la campañay las inhibiciones de que está haciendo gala a cinco días del comienzo de la misma -falta de concreción sobre los fondos estatales para financiarla y sobre los espacios en RTVE y Medios de Comunicación Social del Estado- se corresponden más con una concepción del referéndum como delito punible que como derecho constitucionalmente reconocido y correctamente ejercitado por las instituciones de la región.

Recientemente, el secretario general de UCD y ministro adjunto a la Presidencia, Rafael Arias-Salgado, intentó razonar el contenido de la pregunta y la reducción de la campaña a quince días, temas ambos que han merecido durísimas críticas de la oposición andaluza. Siempre es íntelectualmente meritorio el intento de la cuadratura del círculo, pero es perfectamente inútil.

A las críticas al contenido de la pregunta, calificado de «farragoso, ininteligible e inaudito», el señor Arias-Salgado replicó diciendo que se había redactado «con rigor técnico y jurídico-constitucional».

Un ministro, hablando con rigor, no debería mentar a la Constitución en vano, porque, al hilo de la pregunta que se les formula y siguiendo el razonamiento ministerial, los andaluces van a pensar que la Constitución es un instrumento inventado en Madrid para torturar a periféricos respondones.

Respecto a la segunda cuestión, la reducción de la campaña a quince días, cuando vascos y catalanes dispusieron de tres semanas en sus respectivos referendos, el señor Arias-Salgado la despachó con un ex abrupto dedicado a la oposición -«una de las cosas que más me asombra es que la izquierda no se lea las leyes»- y una retahíla de fechas y plazos para demostrar que es imposible disponer de más días de campaña si se quiere celebrar el referéndum el día 28 de febrero.

Las cuentas del señor Arias-Salgado, hechas a partir de la fecha de publicación en el BOE de la ley orgánica de distintas modalidades del referéndum, son correctas. Pero una cosa es que la ley no permita más díasz de campaña -que no es así, ya que reconoce hasta un máximo de veinte días- y otra que el recorte sea debido al retraso en la publicación de la mencionada ley. Habría que preguntarle al Gobierno qué hizo con la ley desde el día 15 de enero, fecha de su aprobación en el Senado, hasta el día 23, en que fue publicada. Bien está invocar la supremacía de la ley, pero no es lícito confundirlá con la supremacía del Boletín, Oficial del Estado, que en ocasiones no pasa de ser una especie de geyperman para uso y disfrute de gobernantes.

Lejos de invocar la Constitución parajustificar decisiones arbitrarias, el Gobierno debería reflexionar sobre la desconsideración con que actúa respecto a una institución de la más pura raigambre democrática, como el referéndum, que es el reconocimiento al derecho de los ciudadanos a ser consultados sobre decisiones políticas de especial trascendencia, como así lo establece la Constitución en su artículo 92. Si las decisiones en materia autonómica son por propia definición constitucional de especial trascendencia, ¿cómo podría explicar el Gobierno la pregunta ininteligible que va a endosar a los andaluces? ¿Y cómo el haber hurtado casi una semana de campaña, cuando lo lógico sería haber dado una semana de más para explicar el sentido de tal pregunta?

Obstáculos a la campaña

Evidentemente, la campaña tiene que ser breve, no vaya a suceder que el puesto andaluz se entere de lo que vota. Pero la campaña no sólo ha sido reducida, sino que está siendo obstaculizada de antemano. Cuando vascos y catalanes gastaron alrededor de 450 millones de pesetas cada uno en su respectivo referéndum -a nadie puede parecerle excesivo dada la trascendencia de la consulta- la Junta de Andalucía lleva meses intentando saber de cuánto dinero va a disponer y todavía no lo ha conseguido, como tampoco sabe qué espacios se van a reservar para la propaganda institucional.

Después de varios contactos iniciales, el Gobierno designó a Antonio Fontán como intérlocutor válido con la Junta para negociar estos temas. Para hacer justicia a la terminología hay que dejar reducido el papel del señor Fontán al de mero interlocutor, porque de válido, náda.

El lunes pasado, el ministro de Administración Territorial volvía a remitir a los negociadores andaluces a Fernando Abril, José Pedro Pérez Llorca y Fernando Arias-Salgado, director general de RTVE, después de haber intentado descargarse en el ministro de Hacienda. ¡Hay que ver cómo se distraen los ministros de Suárez pasándose de mano en mano el paquete andaluz, con la seguridad que da el saber que no lleva dentro goma-2.

Si la campaña institucional en favor de la participación perjudica a UCD, que aboga por la abstención o el voto en blanco, el partido del Gobierno está a tiempo de rectificar y pedir el voto negativo. Pero las instituciones tienen la obligación de recordar a los ciudadanos su deber de votar. En un sistema político que se basa en la participación, es muy lamentable que el partido mayoritario predique la abstención, y totalmente reprobable que el Gobierno la fomente.

La actuación arbitraria del Gobierno culmina con la ley del silencio que pesa en los medios informativos estatales sobre el presidente de la Junta de Andalucía, tan institución del Estado como las demás. Su voz ha sido vetada en televisión hasta el día 28 de febrero, para evitar que haga declaraciones. El lunes último se impidió, por orden superior, que entrara en directo en el diario hablado de Radio Nacional de las ocho de la tarde.

Con este proceder da la impresión que los estadistas de UCD no han entendido la función que cumple un referéndum en la España democrática y están más próximos al papel que le estaba reservado en el franquismo a los plebiscitos. Aunque allí los referendos había que ganarlos y, en este caso, haya que perderlo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de febrero de 1980