Procesamiento de tres personas por supuesta malversación de fondos en la Zona Franca de Barcelona

El Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona dictó auto incoando sumario contra Antonio de la Rosa Vázquez, José Luis Bruna de Quixano y Rafael del Barco Carrera, por su presunta relación con los posibles delitos de malversación de fondos públicos y estafa, que tendrían por centro el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

Por el mismo auto el juez ordenó declarar secreto todo el sumario, por el tiempo de un mes, en virtud de los poderes que le otorga el artículo 302 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Al parecer, este carácter de secreto no afecta a los querellantes, sino tan sólo a los querellados, uno de los cuales -Rafael del Barco- había solicitado al juzgado la vista de las actuaciones sumariales.Paralelamente, la autoridad judicial fijó para el próximo martes el inicio de las diligencias de prueba. Las de dicho día consistirán en la toma de declaración de los tres querellados. Presumiblemente, no comparecerá Antonio de la Rosa, cuyo paradero se ignora desde hace meses.

El abogado del Estado Antonio de la Rosa fue secretario general del Consorcio durante unos diez años, después de haber sido jefe de la asesoría jurídica de la entidad. Dimitió el pasado mes de junio, para desaparecer posteriormente. José Luis Bruna de Quixano fue delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca entre el día 2 de marzo de 1967 y el día 6 de noviembre de 1970 y entre el día 13 de mayo de 1977 y el día 22 de junio de 1979. Había sido concejal del Ayuntamiento de Barcelona, con José María de Porcioles, y presidente del Patronato de la Universidad Autónoma de Barcelona. Rafael del Barco es el intermediario que concertó con el Consorcio la posible compra a éste de unos terrenos inexistentes por un precio que era la mitad del pagado por la entidad pocos meses antes.

La misma autoridad judicial había citado en días pasados a los presuntos propietarios de las supuestas fincas compradas por el Consorcio. Resultó que, al igual que las fincas, dichos propietarios tampoco existen, ya que no fueron hallados por el agente judicial ni por la policía judicial que llegó a consultar, con resultado negativo, la sede central del documento nacional de identidad. Estas fincas inexistentes serían 67, totalizando 181 hectáreas, por las que el consorcio pagó 1.184 millones de pesetas.

Las mismas fincas inexistentes y supuestamente compradas fueron objeto de una operación de venta por parte del Consorcio, a través de un documento privado de fecha 15 de marzo de 1979, y por un importe de 589 millones de pesetas. Esta operación de venta de fincas y terrenos física y registralmente inexistentes, por un precio que era la mitad del pagado pocos meses antes, no llegó a perfeccionarse, ya que dicha cantidad no llegó a ser pagada.

Las actuaciones judiciales son consecuencia de dos querellas presentadas el mismo día 25 de enero por el Ayuntamiento de Barcelona y el ministerio fiscal, de forma separada, pero contra las tres mismas personas, así como contra aquellas de quienes las averiguaciones judiciales dedujeran responsabilidad criminal.