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Tribuna:TRIBUNA LIBRE

El movimiento estudiantil, por la retirada de la ley de Autonomía Universitaria

El rechazo del conjunto de la política educativa del Gobierno, la exigencia de retirada del proyecto de ley orgánica de autonomía universitaria (LAU) de las Cortes y emplazar a los partidos parlamentarios de izquierda a que asuman esta posición del movimiento estudiantil han sido las principales conclusiones de la coordinadora estatal de estudiantes, celebrada en Madrid los días 19 y 20 de enero. En torno a estos objetivos se realiza la huelga estatal del 28-3 y la manifestación celebrada ayer, que llevan a cabo los universitarios y en la que también participan otros sectores de la enseñanza: enseñanza media, formación profesional, profesores y apoyo de las asociaciones de padres de alumnos. Esta reunión, mal que les pese a algunos, ha constituido un paso decisivo hacia adelante del movimiento surgido en diciembre. Por su incuestionable representatividad (503 representantes y 87 observadores de 41 provincias, además de Ceuta y Melilla) y el carácter democrático que posibilitó un vivo debate sobre cuestiones verdaderamente relevantes, que se resolvió por amplia mayoría, adoptándose posiciones nítidas que apuntan esencialmente a preservar el protagonismo de los universitarios como problema clave para el éxito de la lucha contra la LAU.Que esta LAU no se discuta en las Cortes, exigiendo su retirada, es la única postura que cabía tomar, por dos razones fundamentales, que desarrollaremos en dos bloques.

1. Por el contenido

Esta ley profundiza la degradación de nuestra universidad, abre vías para el control de parcelas de la investigación y la docencia de la universidad pública por el capital privado, niega, de hecho, una real autonomía e impone (en regresión respecto de la realidad actual de algunas universidades) una estructura no sólo de gestión, sino también en el conjunto de la vida académica, antidemocrática y jerarquizada. No sólo no serviría para levantar nuestra ya postrada universidad, sino que la hundiría aún más en su actual miseria, salvando, eso sí, los específicos y contados casos de universidades, centros y actividades que sean rentables a los monopolios privados, y éstos tengan a bien potenciar, con arreglo a sus particulares intereses (que no son los del conjunto de la sociedad), discriminando al resto que no le es útil en estos momentos de crisis. Nuestro rechazo es, pues, global, por considerar que esta antedicha es la filosofía que subyace al conjunto del articulado y que sobre la base del texto gubernamental no cabe esperar una ley favorable a la universidad.

Entrar a discutir el proyecto del Gobierno en la Comisión de Enseñanza del Parlamento no tiene sentido desde la perspectiva de un movimiento que aspira al máximo: derribar por completo la ley. La aritmética parlamentaria adversa asegurará que los ejes fundamentales que la hacen inaceptable permanezcan inalterados, aceptándose todas aquellas enmiendas que no toquen el fondo y permitan recabar para la LAU una legitimidad parlamentaria que no se corresponde con él nulo apoyo social y universitario de que goza. Prestarse a la discusión en la Comisión de Enseñanza del Parlamento es apuntar muchísimo más bajo de lo que ahora lo hace el movimiento estudiantil: intentar mejorar esta ley, enmendarla, planteándose un objetivo que, a pesar de los argumentos de «realismo y responsabilidad parlamentaria» que se esgrimen, es francamente utópico pordos hechos claros:El primero, que esta ley, por su contenido, es «inmejorable», vamos, ¡que no hay quien la enmiende! La impregna una concepción de la universidad casi imposible de volver del revés artículo por artículo. Y más aún si consideramos el segundo hecho (números parlamentarios cantan): si el Gobierno, a pesar de todo, no retira la ley, no será precisamente para permitir que ni un ápice de lo fundamental quede vulnerado en el texto. Es por esto que la coordinadora estatal de estudiantes ha emplazado a los partidos parlamentarios de izquierda a que, apoyando la voz del movimiento estudiantil desde el Parlamento, pidan la retirada (entendida como negativa tajante a entrar en discusión sobre la base del actual proyecto) y, en lógica consecuencia, se vayan de la Comisión de Enseñanza, para que de este modo, si el Gobierno no retira la ley, decidiéndose por el enfrentamiento con los universitarios, el resultado sea que se estrelle con su LAU y ésta sea papel mojado, huérfana también de toda legitimación en el Parlamento y aislados políticamente sus responsables. El propio ministro dice en su proyecto: «De nada serviría ninguna ley si los profesores y estudiantes no asumen el proyecto de vida académica que se propone.» Saque él sus propias conclusiones a la vista del «entusiasmo generalizado» con que ha sido recibida su obra.

¿« Responsabilidad parlamentaria» equivale a hacer de convidado de piedra en el hemiciclo? ¿Equivale a plegarse, por ingenuo respeto, al formalismo parlamentario, a una presencia estéril y testimonial, desprovista de cualquier efectividad que no sea lavarle la cara y taparle las vergüenzas a una ley que se quiere imponer sin más? ¿No es precisamente de este modo como se deja, por falta de reacción, que se haga del Parlamento un formalismo, un mero trámite de paso, un adorno inoperante? Si los partidos parlamentarios de izquierdas, a pesar del llamamiento del movimiento estudiantil, en un beato alarde de purismo parlamentario, no exigen claramente la retirada de la LAU y entran en la discusión de enmiendas en la Comisión, estarán apostando por la derrota, por la impotencia parlamentaria de quien (como ya ha ocurrido tantas veces) aguanta estoicamente la barrida sistemática de toda enmienda significativa.

Alguien se podría preguntar: ¿Tiene acaso el movimiento estudiantil, o cualquier movimiento social, derecho a inmiscuirse en un terreno, el de la táctica en el Parlamento, que es competencia exclusiva de los partidos que están en él? Todo lo expuesto anteriormente aclara suficientemente que lo que se hace en el Parlamento y cómo se hace afecta al futuro de un movimiento social, a sus posibilidades de desarrollo y potenciamiento, no siendo indiferente la actitud que tomen los partidos de izquierda en el Parlamento. «El movimiento estudiantil no se supedita ni concede cheques en blanco a las enmiendas a la totalidad que puedan defender los partidos de izquierda en el Parlamento. Lo que queremos es que sea el propio movimiento quien tenga el protagonismo, siendo el principal artífice de la elaboración de una alternativa junto al resto de los sectores sociales después de un amplio debate público.

2. Por su fonna de elaboración

Los estudiantes reivindicamos un nuevo proceso democrático de elaboración de la LAU que cuente con participación univeitaria, porque el seguido en esta ocasión nos ha marginado absolutamente. Entrar a discutir esta ley es un reconocimiento implícito del modo antidemocrático como se ha elaborado, ya que permite darle una credibilidad al resultado de la discusión en la medida que se ha aceptado participar en ella sobre las bases en que la ha plantado el Gobierno. Hacer problema de cómo se ha elaborado la ley no es formalismo estúpido. Está en el candelero la puesta en cuestión de toda una concepción de la democracia, la que practica el Gobierno, que sobre la base de las elecciones del día 1 de marzo de 1979, cree tener derecho a negar toda participación y todo recurso a la protesta y la contestación, legislando absolutamente al margen de los sectores afectados por sus leyes y en contra de la opinión mayoritaria expresada por ellos. Ya se sabe: «Esperar a las próximas elecciones, haber si hay suerte, que entre tanto aquí mando yo.» No es esta nuestra forma de entender la democracia y por ello el Gobierno trata de presentarnos como peligrosos desestabilizadores del sistema parlamentario. Sustraer, so pretexto de existir el Parlamento y ser éste «el único sitio donde se deben discutir las cosas y hacer política», las decisiones y las leyes a toda influencia y participación popular efectiva, es la mejor manera de implantar una nueva forma de dictadura y dejar la democracia, que es participación, diluida en huecas palabras de paternalismo parlamentario de los padres de la patria. ¿No desestabiliza más al sistema parlamentario un Gobierno que se empeña en imponer una práctica legislativa al margen de sus destinatarios y que se enfrenta con la opinión mayoritaria de éstos? ¿O no significa estabilidad tener una casa asiento y apoyo sobre una amplia base?

Desde estas mismas páginas solicitábamos, no hace mucho tiempo, del señor González Seara, antes de que tuviera la ocurrencia del debate televisivo con los parlamentarios, que mostrando la capacidad de su Gobierno para tratar al movimiento estudiantil de manera distinta a como lo ha venido haciendo en los últimos tiempos (y persevera en los actuales), nos concediera la categoría de personas normales (que saben lo que hacen y por qué lo hacen y actúan con la responsabilidad de quien tiene sus propias razones) y entrara en público debate con nosotros. Le sugeríamos un debate en Televisión. Ahora nos roba la idea para seguir marginándonos. Téngase en cuenta que una ley que sirva para algo más que para salir aprobada en el Parlamento necesita además, o mejor dicho, en mayor medida, que el apoyo de los parlamentarios (y la propia LAU, como hemos visto antes, lo reconoce) la aceptación de sus destinatarios (y los estudiantes somos la parte más importante, no se olvide), cosa bastante difícil si no se cuenta con ellos. Lo cuál no nos dejaría otra alternativa que recurrir a la defensa incondicional de las conquistas alcanzadas por el movimiento universitario, desoyendo un texto legal antipopular e impidiendo su aplicación en la práctica. Señor ministro, sepa que algunos estudiantes sí hemos leído su ley... y no nos ha gustado nada. De verdad ¿sigue pensando que no tenemos nada que decir?

Javier de la Puerta y Juan Celada Crespo son miembros de la Coordinadora de Estudiantes de las Universidades Madrileñas y este articulo ha sido discutido y aprobado por la comisión de portavoces de dicha Coordinadora.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de febrero de 1980