El Parlamento elige hoy ocho magistrados del Tribunal Constitucional

La actividad parlamentaria, oficialmente en período de vacaciones hasta comienzos de febrero, se reanuda de hecho hoy, con sendas sesiones plenarias extraordinarias del Congreso de los Diputados y el Senado, para formalizar las propuestas de magistrados del Tribunal Constitucional negociadas por centristas y socialistas. Fuentes oficiosas declararon a este periódico que el veto a Antonio Hernández Gil fue hecho personalmente por Adolfo Suárez. La única duda subsistente desde que el viernes pasado se cerró la negociación se resolvió finalmente en favor de Luis Diez Picazo.

La opción en favor del catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid Luis Díez Picazo confirma la proporción de ocho catedráticos, sobre el total de los diez candidatos negociados, anticipada el pasado sábado -26-1-80- por EL PAIS. De los otros candidatos para el último puesto por dilucidar, Gonzalo Rodríguez Mourullo, catedrático de Derecho Penal de la misma Universidad, fue el que contó con más posibilidades. La decisión final se debió, según fuentes solventes, a la conveniencia contemplada por centristas y socialistas de que entre los especialistas en las distintas ramas del Derecho que integrarán el alto tribunal figure al menos un civilista, una vez descartada la candidatura del catedrático de esta asignatura y ex presidente de las Cortes Constituyentes Antonio Hernández Gil.Veto "político"

En relación con el veto político a Hernández Gil por parte del presidente del Gobierno y de UCD, Adolfo Suárez, fuentes gubernamentales oficiosas lo vincularon con la escrupulosa actitud de neutralidad protagonizada por Antonio Hernández Gil durante el proceso constituyente, que produjo algunos roces entre la cúspide del ejecutivo y del legislativo, posteriormente subsanados, al menos en apariencia. Fuentes parlamentarias de la oposición revelaron, por su parte, la preocupación reciente del presidente del Gobierno sobre las interpretaciones de la Constitución que habrán de emanar del Tribunal Constitucional en temas especialmente conflictivos, como las autonomías, la enseñanza y el sistema electoral, entre otros. Aludieron concretamente al deseo presidencial de tener una comunicación fluida y fácil, sin excluir la telefónica, con el titular del Tribunal Constitucional, que la experiencia no parecía asegurar en el caso de que se tratara de Hernández Gil.

Por lo que se refiere al candidato a presidente preconizado por la Moncloa, las mismas fuentes no pusieron en duda el prestigio ni la independencia del catedrático de Derecho Mercantil Aurelio Menéndez, si bien manifestaron que sus antecedentes como ministro de Educación y Ciencia del primer Gobierno Suárez podrían determinar una posición previa favorable a las tesis centristas.

Junto con los citados Aurelio Menéndez y Luis Díez Picazo, las Cámaras elegirán hoy -a razón de cuatro cada una- a los restantes candidatos negociados por centristas y socialistas, excluidos los dos que propuso el Gobierno el viernes último -Jerónimo Arozamena y Rafael Gómez Ferrer-: Francisco Tomás y Valiente, preconizado para vicepresidente; Manuel García Pelayo, Angel Latorre, Francisco Rubio Llorente, Manuel Díez de Velasco Y Gloria Begué. Será preciso obiener un quórum de tres quintos en cada Cámara, que equivale a 210 votos en el Congreso y 125 en el Senado.

El Pleno del Congreso estudiará también la convalidación de tres decretos-leyes sobre modificación de la fecha de referencia para elaboración de censos, limitación de rentas y procedimiento a seguir en las causas de separación matrimonial. No será sometida al Pleno la convalidación del decreto-ley publicado ayer por el Boletín Oficial del Estado sobre liquidación de deudas de los ayuntamientos. Para la convalidación de los de.cretos-leyes, la Constitucion establece un plazo máximo de treinta días.

La Junta de Portavoces, que decidió ayer el orden del día del Pleno, contó, por primera vez, con la presencia de Gabriel Cisneros, en su calidad de secretario general de Relaciones con las Cortes, y de José Pedro Pérez-Llorca, como ministro encargado de tales relaciones.