Huelga de celo de los funcionarios de las cárceles madrileñas

La huelga de celo convocada para ayer por la Coordinadora de Instituciones Penitenciarias de Madrid ha sido secundada por la mayoría de los funcionarios de las prisiones de Carabanchel y Yeserías. En el resto de los centros penitenciarios españoles, ayer mismo se estaban realizando asambleas en cada uno de ellos para determinar la posibilidad de ir a la huelga general el próximo día 30. Ambas posturas propiciadas por dos entidades distintas dentro del Cuerpo de Funcionarios de Prisiones, tienen como objetivo la consecución de mejoras salariales y sociales para este colectivo.

Las asambleas provinciales están propiciadas por la Asociación Profesional de Instituciones Penitenciarias, entidad que agrupa a setenta centros -según la propia asociación-, de los 85 que existen en total. Esta asociación no apoya la convocatoria de huelga de celo realizada por la Coordinadora, ya que, según portavoces de la primera, «la coordinadora ha adoptado esta postura de manera unilateral y debido a la impaciencia de sus promotores ante el ritmo con que nosotros estamos llevando las negociaciones con la Administración».Dichas negociaciones quedaron ayer interrumpidas, al no poder celebrarse la entrevista que tenían previsto mantener con el subsecretario de Justicia, Manuel Marín, por haberse puesto éste enfermo a última hora. Sí fueron recibidos por el director general de Instituciones Penitenciarias, Enrique Galavís, quien les aseguró hacer lo posible para satisfacer sus reivindicaciones, y les remitió al subsecretario para el día 29, fecha en que se espera que se haya curado ya de su enfermedad.

Las reivindicaciones solicitadas por la asociación incluyen la concesión de la plena dedicación para todo el colectivo de funcionarios (unos 4.000 trabajadores), ya que actualmente sólo ostentan esta categoría el 5% de ellos, generalmente los que desempeñan cargos directivos; un plus de compensación de 5.000 pesetas, una mayor participación en los porcentajes de la ley de Presupuestos y el abono de las horas nocturnas y festivas como tales.

En cuanto a las reivindicaciones sociales, la asociación solicita que una comisión de parlamentarios se desplazase in situ a las prisiones para comprobar su seguridad, las necesidades urgentes en este sentido y «el trato que se da a los internos, de tal manera que no se siga desprestigiando nuestra imagen profesional». También piden que se amplíe urgentemente la plantilla de funcionarios, «pues en algunos centros el servicio de vigilancia se reduce a dos funcionarios por cada cien internos», y que se estudien y formalicen los medios materiales jurídicos, disciplinarios y policiales necesarios para la seguridad física de los funcionarios y de sus familias, así como la instalación de «medIos materiales modernos de custodia y seguridad».

El cuadro de peticiones de la asociación se completa con la demanda de que se dote de medios económicos suficientes para llevar a cabo lo previsto en la nueva ley Penitenciaria.