RTVE gasta sin límite y acumula facturas sin fecha para posteriores justificaciones

Radiotelevisión gastó con cargo a la cuenta de transportes una cantidad superior a los 230 millones de pesetas en 1978. De esta cifra, un 70% se abonó al Parque Móvil de Ministerios, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. En esta cuenta no se incluyen todos los gastos de alquiler de transporte que realizan los programas y productores y que alcanzan, cuentas de gran importancia y de muy difícil cuantificación. Esta situación, según los interventores de Hacienda, refleja la dificultad o casi imposibilidad de realizar una auditoría de las cuentas de gastos por falta de datos.

El informe señala hechos irregulares del tipo de los siguientes: «Se pusieron en circulación en 1978 expedientes de gasto para dar situación legal a compras y pagos efectuados en años anteriores. La inspección detectó en este caso la existencia de los expedientes 62, 82, 83, 84, 85, 136 y 137.» Indica también «la existencia de servicios que reconocen sin reservas que realizan gastos sin límite alguno y piden a los proveedores facturas sin fecha para ponerlas en circulación cuando se pueda».El informe continúa con una acusación política de cierta magnitud, que no concreta, pero que se redacta en los siguientes términos: «Todo lo anterior se agrava por lo que podríamos llamar gastos extraños a la gestión. Nos referimos a los gastos que se deciden por razones ajenas a la gestión del servicio público de Radiotelevisión, bien para promocionar a un personaje por razones de clientela política o administrativa, bien para inaugurar un centro o unas instalaciones en un momento oportuno políticamente, pero inoportuno desde el punto de vista de la gestión, bien para colocar en un puesto digno a alguien cuyos servicios no son ya necesarios. Este tipo de decisiones se toman, o bien fuera de los esquemas de gestión del organismo, o bien por altos funcionarios del mismo ligados a la actividad política. Lo menos que se puede decir de ello es que vicia todo el funcionamiento y distorsiona la escasa planificación que existe en RTVE.»

Favores políticos

Sobre este tema de los costosos favores políticos, el informe de los funcionarios de la intervención de Hacienda concluye en los siguientes términos: «Los costes de este tipo de decisiones son elevados. Se realizan, naturalmente. con urgencia. Requieren estructuras paralelas que se van creando en RTVE al servicio de intereses extraños a la gestión del servicio público, y, finalmente, crean entre el personal un sentimiento de resistencia a los directivos que participan en estos manejos, y entre los directivos, una sensación de culpabilidad que les resta autoridad ante sus subordinados.»

A la hora e entrar en el análisis de los gastos y después de formular las consideraciones anteriores, que en buena medida descalifican esta función en RTVE, los interventores señalan lo siguiente: «El presupuesto de 1978 ha sido el primero en la historia de RTVE y parece normal que se produzcan desajustes entre presupuesto y realidad Sin embargo, es norma corriente en este organismo utilizar el concepto presupuestario hasta que se acaba y, a continuación, seguir gastando sin mayores preocupaciones. Las soluciones a los desajustes se dan siempre a posteriori. Además, es de destacar que la función de producir programas prevalece sobre todas las demás Este hecho se refleja en el presupuesto de 1978, que utiliza la rúbrica gastos de producción y adquisición de programas, como saco donde pueden meterse gastos de las más variadas naturalezas.»

Acerca de los sistemas de contratación y de gasto en RTVE, el informe de Hacienda destaca la prevención de la casa hacia los expedientes de contratación y la preferencia que se da a los contratos directos con los proveedores. Así, por ejemplo, la contrata de limpieza, según el informe, que debería haberse hecho por concurso abierto, lo fue, sin embargo, por contratación directa.

Este sistema de contratación crea problemas por la falta de delimitación de competencias y de coordinación entre los distintos órganos de la casa. El informe dice: «Es normal en RTVE encontrarse con puestos de trabajo que por su nombre y retribución parecen suponer una fuerte carga de competencias. Sin embargo, al investigar éstas, resulta que prácticamente no existen. Por ejemplo, hay un denominado servicio de régimen interior, que aparentemente tiene competencias amplísimas en la gestión de casi todos los gastos corrientes. Este servicio asegura que no elige los proveedores, sino que éstos les vienen impuestos.» En este punto, el informe de Hacienda formula las siguientes preguntas a las que no responde: «¿por quién?, ¿de quién es la responsabilidad de una mala elección de proveedor?, ¿quién paga el despilfarro que produce esta dejación de competencias? Hay otro órgano dependiente de la dirección de administración y finanzas, denominado servicio de contratación y patrimonio. Pese a su alta situación orgánica, le sobra la palabra patrimonio y la mitad de contratación».

El informe sigue más adelante destacando la dejación de facultades de los poco competentes órganos de compra en favor de los órganos de producción. Este mundo de la producción, del que hablaremos mañana, es, según el informe, el que está peor controlado de toda la casa, y por tanto es en el que se produce mayor despilfarro.

158 millones al año para alquiler de inmuebles

Destaca el documento la cuantía del gasto destinado a alquiler de inmuebles, que les parece excesivo a los interventores. Este capítulo asciende a más de 158 millones de pesetas, sin incluir en él los alquileres de Estudios Roma y otros pagados por cauces no regulares. La política seguida en RTVE en cuanto a la opción de alquileres o compras de inmuebles, les parece a los autores del informe que no está basada en estudios económicos serios, sino «más bien se trata de una política de tapar huecos, sin planificación previa». «Este juicio», aseguran, «está basado en consultas a diversos responsables de producción, medios técnicos y administración, que, de forma unánime, han manifestado desconocer la existencia de estos estudios económicos.»

A la hora de estudiar el capítulo de alquileres, los interventores se ajustaron en principio al estricto sentido del concepto; pero, posteriormente, descubrieron casos de «alquileres de inmuebles, como el de los Estudios Roma, que no se pagan con cargo al mismo». La razón de esta exclusión la ignoran los interventores, según reza en el informe, pues en un caso similar, como es el alquiler de otros estudios cinematográficos en Esplugas de Llobregat, sí se aplica este concepto. Existen otros gastos de naturaleza parecida, como es el alquiler de salas para montaje y otros procesos de filmación que no se aplican a este concepto; en estos casos,. el precio incluye a veces otras prestaciones, pero entienden los