Documento del PNV sobre su retirada del Parlamento

La falta de transferencias al Consejo General Vasco (CGV) y, sobre todo, las leyes de desarrollo constituck nal, que, en opinión del PNV, están perturbando el contenido del Estatuto de Autonomía y los pactos a que se llegó en el curso de su negociación, son las razones que alegan los nacionalistas vascos parajustificar las medidas adoptadas, según el documento que el PNV hizo público ayer.De entrada. advierte el documento que el PNV ha manifestado reiteradamente su voluntad de participar leilmente en el juego democrático, y así aceptó el Estatuto vasco como instrumento válido. mientras reiteraba que «sólo probaría su validez definitiva tras su desarrollo práctico, que podría quedar condicionado por las leyes orgánicas con él relacionadas y por la voluntad interpretativa. extensiva o restrictiva del poder central».

Asimismo recuerda el PNV que advirtió que no toleraría una interpretación restrictiva del Estatuto. bien porque las leyes orgánicas no hicieran salvedad clara de lo que dispone. bien porque el Gobierno desvirtúe su espíritu y el «auténtico alcance de las negociaciones que lo hicieron posible».

Sentado esto, el PNV denuncia que desde que en febrero de 1979 se traspasó un paquete de competencias al CGV, las constantes reclamaciones de más transferencias por parte de este organismo han sido sistemáticamente desoídas por el Gobierno, lo que resultaba «parti.cularmente absurdo y enojoso en vísperas de la autonomia».

En segundo lugar, el PNV enumera el conjunto de leyes orgánicas, en proceso de elaboración o ya aprobadas, «cuyo contenido puede querer invocarse para perturbar una interpretación adecuada del Estatuto. Así, la ley del Consejo General del Poder Judicial, tema respecto al que se acordó, según el PNV. que la comunidad vasca ejercería -las facultades reservadas al Gobierno en la provisión de personal y medios para la Administración de justicia.

También la ley sobre diversas modalidades de referéndum «ignora a las comunidades autónomas como entes consolidados», y aunque el PNV entiende que no interfiere en el Estatuto vasco, piensa que en su elaboración se ha puesto de manifiesto «un lamentable olvido de sus compromisos» por parte del Gobierno.

También se cuestionan las leyes del Estatuto de los Trabajadores, actualmente en debate en el Senado, porque da prioridad a los convenios de carácter estatal en las comunidades autónomas; la ley de policías autónomas, en debate en el Congreso, que, según el PNV, necesitaría que se excluyera de su ámbito el régimen de policía del Estatuto, para fundamentarlo en el régimen foral, la ley de financiación de las comunidades. también en el Congreso, requeriría excluir de su ámbito los conciertos económicos.

Por último, el PNV impugna la ley de seguridad ciudadana, en trámite de ponencia en el Congreso, que «perturba una interpreta'ción racional y flexible del Estatuto» y «es absolutamente desconsiderada con las comunidades autónomas», así como la ley de autonomía universitaria, igualmente a la espera de debate en el Congreso, que «conculca escandalosamente las competencias atribuidas a la comunidad vasc,a».

En consecuencia con todo ello, el PNV desea decir la verdad exacta al pueblo vasco, por lo que debe «denunciar y oponerse por todos los medios'a la interpretación restrictiva que pretende hacerse» del Estatuto vasco.

Por ello, informa que se opuso a que el CGV cambiase su denominación por la de Gobierno provisional vasco, porque este nombre es impropio del nivel de competencias asumidas, y anuncia que, a la vista del sistemático desoimiento que han tenido sus planteamientos, sus parlamentarios no ocuparán sus escaños hasta que obtengan garantías de que las leyes en elaboración sean corregidas hasta hacerse coherentes con una cabal interpretación del Estatuto.

Asimismo, los miembros del PNV que integran el CGV se abstendrán de todo Cuncionamiento corporativo, salvo en situaciones excepcionales en que la reunión sea imprescindible para ejercer las competencias ya asumidas o posibilitar el proceso autonómico.