Autonomías: los costes del oportunismo

ES DESGRACIADAMENTE seguro que, a corto plazo, las posiciones de principio sobre los procesos autonómicos aún pendientes, solucionados ya los contenciosos históricos del País Vasco y de Cataluña, y sobre el articulado de la Constitución que debe regularlos están destinadas a recibir improperios y juicios de intención por parte de los grupos comprometidos, con una acelerada implantación en sus territorios de las instituciones de autogobierno. Sin embargo, cuanto más tarde amanezcan más amargos serán los despertares de quienes, muchas veces con completa buena fe y argumentos no por falsos menos brillantes, han apostado todas sus bazas en favor de los estatutos de autonomía como bálsamos de Fierabrás para curar las reales dolencias del paro, la emigración, el subdesarrollo, la distribución de la tierra, la falta de industria, la escasez de escuelas y la insuficiencia de redes hospitalarias y de servicios públicos comunitarios en sus territorios.En este sentido, el caso de Andalucía resulta paradigmático. Es doloroso tener por anticipado la certeza de que sectores honestos y probadamente democráticos de esas ocho provincias van a considerar como un insulto deshonesto y antidemocrático contra su dignidad colectiva la resuelta negación de que sus problemas económicos, sociales y culturales vayan a ser resueltos por el artículo 151. Sin embargo, no existe más remedio que reconocer que la decisión adoptada ayer por el comité ejecutivo de UCD, aunque discutible en aspectos que se relacionan con los intereses partidistas de la propia organización, se adecúa a las necesidades a largo plazo de la construcción de un Estado a la vez funcional y democrático, rectifica quizá a tiempo el peligroso curso de esa insensata torrentera producida por el desplazamiento hacia los ámbitos territoriales de cuestiones amortiguadas o desactivadas dentro del marco nacional y no perjudica la causa de Andalucía.

El documento hecho público ayer por el partido del Gobierno es un texto valiente y a la altura de las responsabilidades que cabe exigir a quienes ejercen el poder y tienen a su cargo el encauzamiento del proceso de consolidación de las instituciones democráticas, al menos hasta 1983. Las líneas generales de su discurso poseen cualidades poco frecuentes en la literatura política de estos años: rigor conceptual, veracida, idea del Estado y estrategia a largo plazo.

Examinemos con detalle algunas de las afirmaciones de este documento. Es cierto que el objetivo del proceso autonómico debe ser una distribución territorial más justa y eficaz del poder estatal y un acercamiento al pueblo de los centros de decisión. Es cierto que ese proceso debe realizarse sin improvisaciones, gradualmente y con sentido de la responsabilidad, asegurando la funcionalidad de las instituciones de las comunidades autónomas con la nueva organización estatal y evitando los altos costes económicos y sociales de una innecesaria aceleración de esa transformación de una estructura fuertemente centralizada en otra autonómica. Es cierto que cada Estatuto no puede ser una pieza aislada en el tiempo y en el espacio, sino una parte coherente del sistema jurídico institucional global. Es cierto el peligro de que las instituciones de autogobierno den lugar a la formación de burocracias y centralismos subsidiarios, esto es, a la codiciosa ocupación por la clase política subalterna de cargos, prebendas y privilegios que solucionen sus particularisímas necesidades de empleo y vanidad.

También es cierto que un Estado moderno necesita unos mínimos de unidad de decisión y funcionamiento. Es cierto que asociar la solución de los problemas económicos, sociales o culturales de una región con la autonomía es simple demagogia. Es cierto que un desbordamiento insensato del proceso autonómico y de reconversión del Estado sería irresistible en términos de costes económicos y políticos, tanto por sus efectos sobre el gasto público y el funcionamiento de los servicios colectivos como por el frenesí electoral que implicaría. Es cierto que la identificación del artículo 151 con beneficios económicos y del artículo 143 con una bastardía de la penuria es insostenible, y que no habría mayor obstáculo para el progreso económico de cada territorio y del país entero que un sistema de autonomías improvisado e incoherente. La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero, exprésela UCD o la oposición.

¿Se trata así, pues, de cubrir de flores y guirnaldas al señor Suárez y a su Gobierno? Para hacerlo seria preciso padecer de amnesia, pues gran parte de las responsabilidades de esa situación que el documento del comité ejecutivo de UCD trata de enderezar cuando falta un minuto para la medianoche incumbe a los hombres y al partido que ha ejercido el poder desde las elecciones de junio de 1977. La necia tentativa de anegar en una artificial riada de autonomías el inevitable y urgente arreglo de los contenciosos históricos con Cataluña y el País Vasco fue, sin duda, una genial ocurrencia de los estrategas de café del centrismo. Y la clamorosa ausencia de una idea de Estado en el proyecto democrático de UCD demuestra hasta qué punto el pragmatismo del avezado desmantelamiento del franquismo realizado por el señor Suárez fue una huida hacia adelante bien intencionada en sus propósitos, pero carente de un proyecto meditado para la construcción de una comunidad política democrática. Tiempo habrá -las primeras reacciones polémicas contra la declaración de UCD son los truenos iníciales de una tormenta que puede convertirse en una tempestad- de examinar las nada escasas responsabilidades de los partidos de la oposición en esa lamentable puja demagógica que, con finalidades electorales o de consolidación de posiciones de poder, ha jugado peligrosamente con necesidades y reivindicaciones populares muy reales, desde el paro y la emigración hasta los agravios comparativos, al crear desmesuradas y falsas expectativas acerca de la capacidad de los estatutos de autonomía para satisfacerlas. Pero hoy parece inexcusable resaltar la frivolidad e irreflexión, demostradas hasta ayer por el Gobierno, que va a pagar muy caro, aunque le honre su actual decisión de abonar su deuda, esa carencia de idea de Estado de la que ha hecho irresponsable gala desde el proceso constituyente hasta las vísperas de lo que hubiera podido ser el juicio final de la democracia española.

En esta perspectiva, la dimisión del señor Clavero es una insignificante anécdota y en modo alguno una atenuante, y todavía menos una eximente, para el Gobierno y su partido. Es cierto que el señor Clavero, durante su infausta etapa como ministro para las Regiones, se comportó como un charlatán de feria que ofrecía a cada territorio la baratija que solicitaban los notables locales. Pero su cómica teoría de la tabla de quesos fue aceptada como buena por su partido; y el señor Suárez premió, en abril de 1979, su calamitosa labor con el Ministerio de Cultura. También es verdad que la crisis ha sido agravada y enconada por los intereses personales del señor Clavero, que ha compaginado su burdo intento de situarse en la estela de Blas Infante, como presidente de UCD en Andalucía, con el afanoso cultivo de la flor y nata del caciquismo sevillano y ha utilizado sus intentos de acuerdo con la oposición andaluza para fortalecer sus posibilidades de futuro jeque de las instituciones de autogobierno andaluzas. Pero el gusto, al estilo del antiguo régimen, del señor Suárez por lavar la ropa sucia dentro de casa y por ocultar a la opinión pública los problemas realmente serios del Estado salvaron al señor Clavero de la destitución y le han permitido el nardo de su dimisión.

Finalmente, lo más insólito del texto de UCD sea que el partido del Gobierno, de ese Gobierno que ha condenado la abstención en todas las consultas electorales hasta ahora realizadas en la España democrática, se convierta ahora en promotor del alejamiento ciudadano de las urnas.