Iniciativa privada y fidelidad a la OTAN, principios del programa del nuevo Gobierno portugués

Las grandes líneas de orientación del programa del nuevo Gobierno portugués son, en política exterior. la Fidelidad atlántica y la integración en la CEE, y en política interior, el estímulo a la iniciativa privada y a las inversiones.El programa que Francisco Sa Carneiro presentó ayer al Parlamento portugués está fuertemente inspirado en los. principios económicos del liberalismo y en el modelo de sociedad de mercado. Con la justificación global de preparar el ingreso de Portugal en la CEE -proceso considerado como ya iniciado el nuevo Gobierno enuncia una serie de intenciones legislativas destinadas a corregir, tan profundamente como lo permite el texto constitucional, el sistema vigente en Portugal.

Como previsto la nueva mayoría de centro-derecha se propone revisar dos leyes fundamentales: la de separación de los sectores privado y público y la de Reforma Asiraria. En el primer caso se trata de abrir a la iniciativa privada campos que le están actualmente vedados. tal como la banca y los seguros. En el segundo el ejecutivo anuncia su intención de distribuir tierras estatalizadas a pequeños agricultores individuales en el contexto de una política agraria Global favorable a las empresas privadas de tipo familiar aunque de dimensiones económicamente rentables.

Son más las declaraciones de intenciones que las medidas concretas, en un documento de cincuenta páginas, que dedica una parte importante a la reorganización de la Administración y del cuadro legislativo del Estado.

Las principales innovaciones consisten en el anuncio de la introducción del referéndum como forma de consulta electoral. la revisión de la ley Electoral (para permitir una mayor participación de los emigrantes y la alteración de la división administrativa del territorio.

En materia de política social. la prioridad la obtiene la lucha contra la inflación (que se prevé del 20% para 1980) y contra el paro (mediante estímulo a las inversiones nacionales y extranjeras tratadas en pie de igualdad). El «consenso social» que el Gobierno pretende alcanzar se centrará alrededor de la defensa del poder adquisitivo más que sobre el aumento de los salarios nominales. El equilibrio presupuestario que se pretende alcanzar será sobre todo el resultado de una fuerte compresión de los gastos públicos, tanto del aparato del Estado como del sector empresarial estatalizado. En este último, los aumentos de salarios y precios serán consentidos en función de un aumento de productividad y de inversiones.