Peligra el plan oficial de actuación urbanística en la ciudad de León

La construcción de 2.246 viviendas en un polígono de propiedad privada amenaza con paralizar las actuaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en León, donde están a punto de salir a la venta alrededor de ochenta hectáreas de terreno ya urbanizado, con capacidad para 4.500 viviendas sociales, en su mayor parte destinadas a cooperativas o al propio Instituto Nacional de la Vivienda.

En la operación, que ha sido presentada por un sector de la prensa local como una maniobra de carácter especulativo apoyada por algunos representantes de UCD, intervienen directamente el Banco Atlántico y la sociedad Coviviendas, SA, con sede en Madrid, junto con una tercera entidad colaboradora -Consultores Urbanísticos, SA- vinculada al mismo banco.Según el proyecto presentado a un grupo de cooperativas de León, a las que se espera atraer a los nuevos terrenos, el Banco Atlántico se ha comprometido a financiar la urbanización de los mismos, tras haber llegado a un acuerdo con los propietarios sobre los precios iniciales de venta -3.000 pesetas por metro cuadrado, en casi veintidós hectáreas- y la posterior entrega de las parcelas, que sería gestionada por Coviviendas, SA, como sociedad «macrocooperativa» en la que deberían integrarse las primeras. Estas tendrán que entregar antes del 31 de enero una cantidad que oscila entre 500.000 y 700.000 pesetas, en concepto de anticipo por cada uno de los pisos que vayan a construirse en el futuro. El 8% de la inversión global -entre cuatrocientos y quinientos millones de pesetas- quedaría en manos de la sociedad gestora.

El polígono donde se proyecta construir las nuevas viviendas cuenta con un plan parcial basado en la normativa de 1956, que no ha sido revisado desde entonces, y en el que se contempla una densidad de edificación de 103 viviendas por hectárea, frente a las 75 que autoriza, como máximo, la nueva ley del Suelo. El consiguiente déficit de terrenosdestinados a servicios y equipamientos colectivos puede verse agravado, según lo publicado hasta ahora, por un próximo cambio de calificación del polígono, que pasaría a figurar como «zona urbana» en el próximo plan de ordenación de la ciudad, de acuerdo con los proyectos de UCD, mayoritaria en la Corporación, de cara a «descargar a los propietarios de numerosas aportaciones adicionales de parcelas destinadas a usos públicos. En este sentido, el proyecto dado a conocer por el Banco Atlántico representa un paso atrás incluso en relación con los planes urbanísticos del último Ayuntamiento franquista, que preveía para el polígono diez una densidad de viviendas de apenas 55 por hectárea, rebajando así las cifras de las anteriores normas de ordenación urbana.

UCD, a favor del proyecto

En esta ocasión, algunos concejales y miembros de la ejecutiva provincial de UCD se han mostrado públicamente favorables al proyecto durante las reuniones habidas en las últimas semanas entre el banco, los propietarios de las parcelas y las cooperativas, señalando que el Ayuntamiento estaría dispuesto a otorgar las primeras licencias de construcción con un pequeño aval bancario, aun en el caso de que no hubieran sido terminadas las obras de infraestructura urbanística (éstas no han podido llevarse a cabo en los últimos años por problemas financieros, lo que motivó la paralización del polígono).Por su parte, fuentes bancarias consultadas por EL PAÍS manifestaron que el Banco Atlántico había iniciado contactos con un grupo de entidades, entre las que figuran la Caja de Ahorros de León, la Caja Postal, el Banco Hipotecario y el Banco de Crédito a la Construcción, para asegurar la operación y negociar créditos a largo plazo que permitieran financiar las viviendas. Las mismas fuentes añadieron, sin embargo, que estas entidades podían no estar interesadas en el proyecto, por considerar que la mayor parte de los costos financieros iban a recaer sobre el crédito oficial -particularmente sobre la Caja de Ahorros-, mientras que el Banco Atlántico, vinculado al Opus Dei, actuaba como intermediario casi monopolista en el mercado, de la vivienda, limitándose a financiar las obras de infraestructura a través de sociedades filiales y a «recoger la parte del león», ofreciendo algunos créditos-puente para que las cooperativas pudieran acceder al crédito oficial, que, a su vez, requiere inversiones mucho mayores -del orden de .7.000 millones de pesetas- y a un plazo superior a diez años.

Por último, fuentes próximas al Ministerio de Obras Públicas dijeron desconocer «oficialmente» los detalles de la operación, aunque reconocieron que ésta. podía retrasantemporalmente los planes del Ministerio en orden a poner a la venta durante las próximas semanas ochenta hectáreas de terreno urbanizado en un polígono de iniciativa estatal, Eras de Renueva, con capacidad para 4.500 viviendas sociales y unos 20.000 habitantes.

Se da la circunstancia de que este polígono, terminado a mediados de la década de los sesenta, concebido como una alternativa a los problemas de especulación del suelo, permanece sin edificar desde hace más de diez anos por cuestiones administrativas, que, en medios políticos de León, se achacan a grupos de presión interesados en mantener los actuales precios del suelo urbano.