Los civiles abandonan la Junta de Gobiemo de la República de El Salvador

Mario Andino, último representante civil que quedaba en la Junta civico-militar salvadoreña, dimitió ayer en San Salvador a consecuencia de la crisis política que afecta al país desde el ultimátum planteado a las fuerzas armadas por el alto funcionariado. La dimisión de Andino, representante de los medios financieros, fue precedida la jornada anterior por la de los otros dos civiles, el democristiano Román Mayorga y el socialdemócrata Guillermo Ungo. La Junta de Gobierno queda reducida pues a sus dos miembros militares, los coroneles Amoldo Majano y Jaime Abdul Gutiérrez.

A la crisis política hay que añadir el agravamiento, durante las últimas horas, de la situación del orden público en las calles de las principales ciudades del país, donde el pasado viernes cuatro personas resultaron muertas y un centenar heridas. También el viernes, durante un asalto a un cuartel de la Guardia Nacional salvadoreña, dos soldados resultaron muertos. La policía y el Ejército patrullan las principales localidades del país. Entre tanto grupos de campesinos mantiene bajo ocupación algunas haciendas del interior del país. En varias capitales continúan los encierros en iglesias, por parte de grupos de trabajadores y estudiantes que reivindican mejoras salariales y profundas reformas en la Administración y gobierno del país.Para el coronel Arnoldo Majano, la crisis política resulta «propia de un país que inicia un proceso de democratización tras el derroca miento del general Romero», el pasado mes de octubre. Por su par te, Mario Andino, el último civil en abandonar la Junta cívico-militar, manifestó ayer que su dimisión «debe permitir a las fuerzas armadas salvadoreñas reestructurar el Gabinete».

Mientras la extrema izquierda y las organizaciones guerrilleras lanzan llamamientos a la insurrección general contra el nuevo régimen al que califica de contrarrevolucionario, los dos militares que permanecen en la Junta de Gobierno realizan gestiones políticas para conseguir formar un nuevo Gabinete en las próximas horas.

Las negociaciones se han encauzado inicialmente hacía la Democracia Cristiana, eje hasta ahora de la representación civil en la Junta de Gobierno. Sin embargo, los coroneles del máximo órgano de poder salvadoreño no descartaron otros contactos con representantes de varios partidos políticos. En los contactos con la Democracia Cristiana hajugado un papel destacado el arzobispo de San Salvador, Angel Romero, que, durante el mandato del derrocado general Oscar Humberto Romero, se destacó por la exigencia de libertades democráticas en el país y profundas reformas. Ante la extrema debilidad política que se observa dentro del poder en El Salvador, tras el abandono de la Junta Militar por parte de sus componentes civiles, elreformismo moderado, preconizado por el sector joven del Ejército que encarnan los coroneles Majano y Gutiérrez, afronta la más dura prueba desde que se alzó con el poder el pasado 15 de octubre. Su programa político, consistente en la nacionalización del comercio exterior del café y del azúcar, en el comienzo ¿e una reforma agraria profunda que redistribuya la gran riqueza agrícola del país -concentrada en extremo sobre doscientas familias-, la creación de una comisión de encuesta para averiguar el paradero de numerosos desaparecidos y represaliados por motivos políticos y, sobre todo, una amplia democratización de las instituciones y de la vida política salvadorenas, no ha podido ser aplicado.

El Ejército, sin cambios

A este programa liberalizador se ha opuesto fundamentalmente el Ejército, dondc los mandos más afines al régimen del derrocado Carlos Humberto Romero conservan los mismos resortes de poder que durante su anterior -mandato. Este podjer. que únicamente se ha visto alterado por escasos traslados de algunos jefes de guarniciones y de destacamentos de la Guardia Nacional, ha seguido aiplicando una fuerte represión sobre los movimientos políticos y de campesinos radicales qué efectuaron ocupaciones de sedes ministeriales, iglesias y haciendas para forzar la aplicación de drásticas reformas políticas y salariales en El Salvador. A finales del pasado mes de diciembre, la represión de una ocupación campesina se saldó con un balance de treinta muertos.Simultáneamente, los movimientos políticos radicales, entre ellos el Bloque Popular Revolucionario, el FAPU y las Ligas Populares 19 de Febrero, que inmediatamente después del golpe mantuvieron una situación de expectativa respecto a los planes democratizadores de la Junta de Gobierno, pasaron a extremar su oposición al nuevo régimen al que calificaron de perpetuador del régimen dictatorial del general Romero. Por su parte, además, las poderosas organizaciones guerrilleras, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí y las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional, incrementaron su hostigamiento armado hacia el Ejército y la policía en las ciudades y en los medios rurales.

Ayer se conoció que los miembros de la recién estrenada comisión de encuesta sobre los desaparecidos y represaliados políticos compuesta por tres abogados de la capital, San Salvador, renunciaron a pertenecer a este organismo en virtud de las dificultades halladas para el cumplimiento eficaz de su tarea. Las denuncias de cementerios clandestinoly centros de torturas, formuladas vivamente por todo el abanico político, sindical y guerrillero del país, no han encontrado por parte de los responsables de la seguridad facilidades para su prueba, lo cual ha crispado más aún las reivindicaciones que desde casi todos los sectores se exigían a las nuevas autoridades. Actualmente, la única salida política a la crisis se encuentra en relación directa con la actitud que asuma la Democracia Cristiana en las negociaciones que sigue, hasta ahora sin resultados, con las auto ridades militares. El deterioro que la presencia de este partido en una Junta que no ha podido aplicar sus reformas le ha acarreado explica la declaración el viernes de su líder, José Napoleón Duarte, opuesto abiertamente a autorizar a sus militantes a participar en un Gabinete debilitado y duramente atacado por la derecha militar, la extrema izquierda y las organizaciones guerrilleras.