La irrenunciable autonomía: Canarias, Andalucía y el País Valenciano

Corren aires de nuevos consensos. El desarrollo de la Constitución está exigiendo que los grandes partidos parlamentarios vuelvan a sentarse a la mesa de negociaciones por «razones de Estado». Son unas «razones» que podemos llegar a comprender aquellos que deseamos una larga etapa de paz democrática para el país, y por eso -mal que nos pese- aceptamos estos nuevos consensos.Uno de los temas decisivos en el desarrollo constitucional es, sin lugar a dudas, el autonómico, que ahora salta al tapete, nuevamente, cuando están a punto de solventarse los estatutos de las tres nacionalidades privilegiadas, constitucionalmente hablando; es decir, Euskadi (sin Navarra), Cataluña y Galicia (aunque lo que está pasando con esta última nacionalidad es sencillamente lamentable). Salta al tapete porque hay que decidir qué se hace con el resto de las autonomías. Un tema que responde a la necesidad de solucionar el secular problema de administrar razonadamente ese puzzle nunca bien ajustado que llamamos España. Resolverlo, al menos, al gusto de la mayoría, ya que no podremos al gusto de todos.

La cosa no deja de tener su lógica, aunque de entrada se tropiece con dificultades tan grandes como los traumas que se quiere evitar. La, dificultad más importante radicaría en el hecho de pasar a todos por el mismo rasero, como algunos pretenden. Sin embargo, si alguna virtud ha de tener el futuro «Estado de las autonomías» con respecto al actual «Estado centralista» es que aquél estará capacitado para responder a la diversidad real de cada una de las piezas del puzzle. Las «razones de Estado», pues, han de encaminar a los responsables a tratar cada pieza individualmente, de acuerdo con sus peculiaridades históricas y su realidad actual.

En este marco de referencias hay tres países con perentoria necesidad de subir al carro autonómico: Canarias, Andalucía y el País Valenciano. Y un cuarto, en muy parecidas circunstancias: las islas Baleares. Las razones geopolíticas (caso canario), las de marginación económica (caso andaluz) o las de la paz social, la capacidad de autogobierno y la supervivencia cultural (caso valenciano y, en cierto modo, el de las islas Baleares) cuentan igualmente de manera específica. Omitir estas y otras muchas singularidades puede suponer un error gravísimo que impregne de permanente inestabilidad la ya difícil aventura de hacer un Estado español a la medida europea.

De los dos caminos que la Constitución señala para el acceso a la autonomía, los artículos 143 y 151, urge poner definitivamente en marcha este último para unos pocos países españoles. Las excusas de mal pagador de los reticentes a la autonomía, si ésta no se ajusta a partidistas, pueden desencadenar procesos de irritación colectiva de alcance insospechado. Eso lo sabemos, por desgracia, en el caso de Euskadi, y nadie ni nada puede asegurar que no se den en otras latitudes. Muchas veces se abona el terreno inconsecuentemente a lo largo del tiempo, y los procesos aletargados despuntan un día en las peores circunstancias. Los sentimientos de fraude y desilusión, tras las promesas autonómicas de las campanas electorales, son ya muy grandes. Y hay que tener en cuenta que sólo la hegemonía política de los actuales partidos parlamentarios -que se juega con una salida honorable en el tema autonómico- puede evitar catástrofes políticas venideras.

Sacar las cosas de quicio significa irremediablemente pasar el protagonismo a los radicalismos de cualquier signo. Ya se ha cumplido con creces el requisito de los tres cuartos de municipios por cada provincia pidiendo la autonomía. No hay ningún motivo para frenar el proceso. No convocar el primer referéndum supone un gratuito y despótico desplante a la voluntad democrática de los diferentes países en liza. Si el camino del 151 ya es de por sí difícil, los obstáculos que se están interponiendo lo están dificultando aún más.

La fecha del 28 de fébrero -día de los posibles referendos andaluz, canario y valenciano- adquiere así una gran importancia. Quizá sea uno de los últimos cartuchos que quedan. Si la fecha está asegurada para Andalucía, no cometamos la insensatez de descolgar a Canarias o al País Valenciano de esta cita electoral. El Gobierno de Madrid puede estarjugando con fuego al dejarse llevar por el temor a perder ciertas parcelas de poder en las autonomías de mayoría de izquierdas. Después de esta fecha, si no se efectúa el referéndum, todos somos conscientes que el panorama autonomizador puede tomar cualquier rumbo. En consecuencia, la estabilidad política en estas nacionalidades y, por tanto, del propio Estado depende de la sagacidad para resolver con decisión este problemático panorama. A partir de aquí, podremos hablar de nuevos consensos, porque estaremos hablando de auténticas «razones de Estado».