El baremo de participación en los impuestos indirectos perjudica a numerosos ayuntamientos

La participación municipal en los impuestos del Estado se está convirtiendo en motivo de preocupación para gran parte de los ayuntamientos de la provincia, porque el Ministerio de Administración Territorial se basa en cifras absolutamente superadas. Esta participación se fundamenta en el número de habitantes de cada municipio y el ministerio lo hace con el censo de 1975.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada aprobó la impugnación de la orden de 14-11-1979, por la que se regula esta participación, en el último pleno de noviembre (véase EL PAIS de 5 de diciembre pasado). Según la Corporación, el censo de población de la localidad se ha multiplicado por tres desde 1975 hasta nuestros días. Por esta razón, los 35 millones de pesetas que se le adjudicarán por dicha orden habrían de ser más de noventa.Pero este desfase no existe sólo con relación a Fuenlabrada. Quizá junto con Parla sean las dos poblaciones más perjudicadas de la provincia. Esta última, que en 1975 tenía una población de 30.000 habitantes, pasó a tener 45.000 a principios de 1979, por lo que debería recibir más de cien millones, en vez de los 69 que le han sido asignados. Y estas cifras, según representantes municipales, se establecen en cuanto a Población de derecho, pero en Parla existe una población de hecho de unas 70.000 personas.

Las cifras son notablemente superiores en otros pueblos de la provincia, aunque la diferencia en porcentaje es menor. Mientras que en Fuenlabrada la diferencia es de un 300%, en Móstoles, por ejemplo, no llega al 50%, pero las cantidades son significativas. Según fuentes municipales, con relación al censo de 1975 le corresponden al pueblo 172.717.182 pesetas de subvención por impuestos indirectos. Sobre la población de derecho de 1979 le corresponderían 280.225.282 pesetas, y entrando en la pblación de hecho estima finalizar este año, la participación sería de 414.075.200 pesetas. La corporación estima que se le escatiman casi 250 millones.

Los problemas se centran, principalmente, en las llamadas ciudades-dormitorio. Son localidades que crecen a un ritmo desmesurado y reciben un aluvión de gente que, aunque disfruta de todos los servicios municipales, no está integrada oficialmente y tarda bastante tiempo en arreglar su situación.

Además de los casos citados, existen muchos otros. Hechos los cómputos globales de participación municipal en impuestos estatales sobre tenencia y disfrute de vehículos y sobre plusvalías inmobiliarias del impuesto sobre la renta de las personas físicas, sobre participación en impuestos indirectos del Estado, sobre participación en el fondo nacional de cooperación y sobre carburantes, las diferencias entre lo que recibirán y lo que estiman que deben recibir son significativas. En este caso, se encuentran también Leganés, Alcorcón, Coslada, San Fernando de Henares, Torrejón, etcétera. Algunos pueblos grandes, como puede ser Getafe, aunque sufren el desfase, las diferencias son menores, porque no son localidades dormitorio. En Getafe concretamente, según manifestó el alcalde, Jesús Prieto, a EL PAIS, el desfase representa, aproximadamente, un 15%.

El sentimiento generalizado de las corporaciones de la provincia es que el censo de 1975 está anticuado. Al menos el Ministerio de Administración Territorial debería estimar como más actualizado el empleado para las últimas siete elecciones que se han celebrado en nuestro país, que. rectifica errores del de 1975.