El Gobierno incumplió la mitad de su programa de desarrollo constitucional para 1979

Poco más de la mitad del programa legislativo para el desarrollo de la Constitución, previsto por el propio Gobierno para el período comprendido entre los meses de junio a diciembre -ambos inclusive- de 1979, ha tenido su entrada en las Cortes Generales antes de fin de año. Sobre el total de 33 proyectos de ley incluidos en el calendario gubernamental, sólo diecisiete entraron ya en el Congreso de los Diputados.La agencia Europa Press, recogiendo datos de la Secretaría de Estado para el Desarrollo Constitucional, contabiliza veintiocho leyes entre las programadas por el Gobierno para este período, sin contar los cinco proyectos de ley cuya aprobación por el Gobierno estaba prevista para el actual mes de diciembre y, que difícilmente, pasarán la aduana de la reunión del Consejo de Ministros que probablemente se celebre todavía antes de que finalice el año actual. Los proyectos de ley citados se refieren a la protección del medio ambiente, estatuto de libertades públicas y amparo judicial; servicio militar; objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria, y reforma de enjuiciamiento criminal.

Entre las más importantes leyes pendientes de llegar a las Cortes para su elaboración parlamentaria -y que probablemente no puedan ya ser incluidas en el calendario legislativo para el período de sesiones febrero-junio, excepto si el Gobierno pide tramitación por procedimiento de urgencia para alguna de ellas- figuran las de regulación de la huelga; Gobierno y Administración central del Estado; régimen local; divorcio; función pública; adaptación a la Constitución de la ley general presupuestaria; reforma de la legislación de menores, y protección a la familia.

En la relación de proyectos de ley recogidos por Europa Press entre los remitidos por el Gobierno a las Cortes se incluye la proposición de ley sobre el defensor del .pueblo, presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con cuya iniciativa el Gobierno quedó descargado de una de sus 33 obligaciones legislativas para el período junio-diciembre, en orden al desarrollo constitucional.

Como explicó detalladamente EL PAIS (véase número del 4-11-1979) con referencia a un bloque de doce leyes entonces pendientes, las disensiones en el seno del Gobierno han sido las causas esenciales que impidieron un cumplimiento más estricto del calendario fijado por el propio Gabinete. Sin embargo, el secretario de Estado para el Desarrollo Constitucional, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, con gran sentido práctico, manifestó a nuestro periódico que se había conseguido «el triple de lo que se hubiera logrado de no haber existido el programa establecido, con fechas fijas». En cualquier caso, destacó que el ritmo de producción de proyectos de ley había sido satisfactorio a nivel de funcionarios, que han venido trabajando «a tope». Sin embargo, hasta el momento, las únicas leyes que desarrollan la Constitución que se encuentran ya en vigor son la del Tribunal Constitucional y los estatutos de autonomía vasco y catalán.

En contraste con estos resultados, el señor Ortega y Díaz-Ambrona ha declarado a Europa Press que «el balance del trabajo realizado es positivo, porque en los seis primeros meses de calendario legislativo hemos cumplido más del 75%». Señaló también que «para algunos partidos, como Coalición Democrática, el desarrollo legislativo va muy deprisa, y para otros, como el ;PSOE, el ritmo es demasiado lento. Yo creo que el ritmo es el posible y que es bastante acelerado».