Razones para una moratoria nuclear

Estamos llegando a la hora cero de la energía en España. Decir qué energía queremos, cómo y quiénes deben administrar los recursos energéticos, es apuntar una solución concreta y global para la sociedad del futuro. Es obligado resolver ahora un problema del largo plazo cuando los retos políticos inmediatos son prioritarios, con un Gobierno que no parece capaz de dar perspectiva y camina de susto en susto, transmitiendo a los ciudadanos su propia inseguridad. La acumulación de demoras (o moratorias) en política energética ha sido espectacular: veinte meses para el PEN, veinte días en el proyecto de ley sobre creación del Consejo de Seguridad Nuclear, paralización de las acciones concertadas de 1975, inhibición y retraso en la promoción del sector del carbón térmico, etcétera. El suministro y búsqueda de materias primas energéticas es una actividad estratégica en los países industrializados; los jefes de Estado y de Gobierno intervienen de forma directa para asegurar los niveles normales de abastecimiento. En España todavía la acción coordinada del sector público es solamente un ideal, y la resistencia a conjurar las operaciones de CAMPSA, Enpetrol, Petroliber y otros entes públicos tiene ya connotaciones dramáticas. El país contempla sorprendido la dispersión de esfuerzos en la exploración de yacimientos de gas (Cádiz, Jaca) por organismos y empresas dependientes del Estado. Los partidarios entusiastas de la energía nuclear no lo han sido tanto como para ocuparse de formar el personal técnico imprescindible para gestionar los grupos nucleares en construcción avanzada. Tampoco se ha hecho nada por mejorar la posición tecnológica, acentuando la situación «ancilar» respecto a las técnicas externas.En el área institucional encontramos que el Gobierno ha conservado el viejo y roqueño statu quo. Europa camina hacia la progresiva racionalización y planificación del sector eléctrico, concebido como servicio público de primera necesidad; aquí se mantiene el reparto de mercados por empresas privadas que procuran concentrar en su zona instalaciones generadoras, ocasionando distorsiones graves en emplazamientos y calidad de la red. La inversión por kilovatio instalado y por kilovatio/hora producido crece de forma continua, haciendo las cargas financieras demasiado pesadas para la mayoría de las compañías privadas. Esto lleva a una política de «ensuciar» los activos mediante la transferencia de gastos corrientes (financieros, sobre todo) del ejercicio al inmovilizado en curso, buscando dar dividendos aunque no esté claro que se hayan generado beneficios. A ello se añade la carestía elevada en la captación de recursos por la vía de ampliación de capital, fórmula realmente ingeniosa en sus inicios, pero que hoy es difícilmente defendible. Necesidades primarias y bienestar ciudadano dependen por completo del suministro de electricidad. No es concebible hoy dejar en manos privadas (muy pocas manos) el enorme poder de administrar un bien primario por excelencia. En situación de emergencia se hace apremiante la gestión óptima de las centrales eléctricas con criterios de beneficio social, lo que exige la propiedad pública de la red y el Reca (Repartidor de Cargas), incluso por razones de seguridad. El control del Reca está localizado en un piso, mientras en otros países se encuentra debidamente protegido. La gran mayoría, o todas, las empresas eléctricas no reúnen las características de tamaño y medios técnicos que se consideran mínimos para operar con garantías una planta nuclear. Ahí está el informe Kemeny como referencia inmediata. Esto constituye un riesgo a corto plazo, pues en los próximos 3/4 años deben entrar en servicio siete grandes grupos nucleares con una potencia que ya no es posible sustituir por otros medios (o en muy pequeña proporción). Estamos ante una urgencia inmediata de agrupar esfuerzos y medios por encima de intereses particulares. En efecto, el tema es tan serio que no puede ser ideologizado. Se precisa constituir una organización de dimensión suficiente con el mayor apoyo técnico para hacer viable el manejo del sector nuclear que se nos viene encima. Las implicaciones económicas, gestión de residuos, impacto en la estrategia militar, protección y evacuación de poblaciones, imperativo de constante información y transparencia hacia los ciudadanos (véase informe Kemeny) lleva a postular la titularidad pública mayoritaria en la propiedad y dirección del ente encargado de las plantas nucleares. Se puede configurar así un sistema mixto de propiedad en el conjunto del sector eléctrico que no es incompatible con las resoluciones del Congreso de los Diputados sobre el PEN. El sector público detentaría el control de las áreas especialmente sensibles, asegurando el suministro.

En el contexto se explica la insistencia de la oposición en conseguir un Consejo de Seguridad Nuclear realmente independiente, dotado con la personalidad jurídica y autoridad necesarias para regular el sector nuclear y conceder las distintas licencias y permisos. Su papel trasciende en buena parte la política coyuntural de cada Gobierno y, por tanto, su composición debe responder a la voluntad de la sociedad expresada por medio del Parlamento. No es admisible la dependencia presupuestaria y orgánica (vía plantilla de personal) del Ministerio de Industria y Energía, que se reserva además la autoridad efectiva en materia de seguridad. Los principios aprobados en el Congreso y en el preámbulo del proyecto de ley se contradicen con el contenido del articulado. El proyecto del Gobierno intenta además introducir de forma oblicua la actual legislación sobre seguridad nuclear como norma válida hacia el futuro.

Está el problema del presupuesto y el personal técnico. No queremos que el SCN vaya a ser el parachoques de la indignación y las exigencias ciudadanas, alguien a quien echar la culpa en los momentos críticos, localizado hábilmente en la periferia de la Administración. La responsabilidad es posible si hay competencias que permitan gestionar la seguridad de forma global, lo que implica la calificación de empresas para el manejo de plantas, los certificados a operadores de centrales, la supervisión de las industrias y sociedades de ingeniería que suministran equipos y proyectos al sector nuclear. Disponer de plantilla suficiente y con personal calificado es un factor crítico y, en mi opinión, debe ser un plano de intransigencia política de la oposición.

Creemos que hay razones sobradas para congelar el trámite de centrales nucleares hasta no contar con los dispositivos, normas e instituciones de seguridad indispensables. A partir de ese momento, los mecanismos democráticos de la sociedad y las actuaciones del CSN tendrán la palabra.

Es el momento de llevar a los centros de poder la convicción de que estamos dispuestos a desplegar toda la influencia y presión política para obligar a que las cosas se hagan muy bien o no se hagan.

, miembro del comité ejecutivo del PCE y responsable de la comisión de Industria y Energía de este partido. Tiene cuarenta años y trabaja como ingeniero industrial en una empresa pública. Fue candidato por Badajoz al Congreso de los Diputados en las últimas elecciones.