Decenas de campesinos y obreros muertos en enfrentamientos con la fuerza pública en El Salvador

Existe una gran confusión en torno al número exacto de muertos causados por la intervención militar para desalojar centros de trabajo y fincas ocupados por militantes izquierdistas en diversos puntos de El Salvador, pero la impresión generalmente aceptada es que los incidentes del martes constituyen la más grave crisis producida en el país desde que, el pasado 15 de octubre, un grupo de jóvenes oficiales derrocó al presidente Carlos Humberto Romero.

Algunos diarios y emisoras locales señalaron que la operación de desalojo costó doce vidas. Las Ligas Populares 28 de Febrero(LP-28), muchos de cuyos seguidores formaban parte de los grupos de ocupación, aseguraron, por su parte, que la intervención de los cuerpos de seguridad había originado más de sesenta víctimas. Según un comunicado oficial, veinticinco personas resultaron muertas y cuatro heridas. Los episodios más sangrientos se produjeron, según distintas versiones, en una hacienda cafetalera situada en la localidad de Berlín, a unos 120 kilómetros al norte de San Salvador. Las instalaciones administrativas e industriales de dicha explotación habían sido ocupadas hace más de una semana por cerca de ochocientas personas, que exigían a los empresario el acatamiento de las medidas gubernamentales en materia de aumento de salarios. El lunes por la noche, soldados y policías, apoyados por tanquetas, atacaron la hacienda. En los enfrentamientos murieron, según las LP-28, cuarenta personas, entre ellas varios niños.En la hacienda de Opico, en el departamento de La Libertad, se produjo una operación similar, en la que perdieron la vida otras veinte personas. En San Salvador, la capital, los cuerpos de seguridad emplearon gases lacrimógenos para desalojar a los periodistas de un noticiario privado de televisión, quienes se habían encerrado en las oficinas de su empresa para reclamar pagos atrasados. Los mataderos de San Salvador, la escuela de Comercio y el mercado de San Jacinto, ocupados por militantes del Bloque Popular Revolucionario (BPR), fueron también escenario de violentos choques. Lo más confuso de todo resulta establecer el origen de las órdenes que provocaron la dura acción represiva de los soldados y policías. Si las instrucciones para el desalojo de los centros de trabajo ocupados partieron directamente de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno, la escasa y débil credibilidad de que disponía se habrá volatilizado. No hace aún una semana portavoces de dicha Junta aseguraron que las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad habían recibido instrucciones muy precisas y muy enérgicas para evitar enfrentamientos armados con grupos izquierdistas y para limitar a lo estrictamente indispensable las acciones represivas.

Está dentro de lo posible, sin embargo, que las intervenciones militares hayan sido ordenadas por los mandos de las distintas unidades del Ejército y la policía, en un claro enfrentamiento con el Gobierno. Para nadie es un secreto que, tras el golpe de Estado que derrocó al general Romero, numerosos altos mandos castrenses que habían colaborado abiertamente con el anterior régimen permanecen en sus anteriores puestos o, como mucho, fueron trasladados de destino.

El coronel Adolfo Majano, uno de los tres militares miembro de la Junta de Gobierno salvadoreña, lanzó una advertencia «a todos los grupos ilegales que atentan contra la estabilidad del Estado», al tiempo que afirmaba: «Serán juzgados como procede», informa AFP.

En el curso de una conferencia de prensa, en la noche del martes, Majano desmintió ciertos rumores según los cuales se gesta un contragolpe de Estado en San Salvador. «En las circunstancias actuales, un cambio de régimen sería desastroso para el país.» Y añadió: «La Junta de Gobierno cuenta con el apoyo de las fuerzas armadas y todas las decisiones se toman de común acuerdo con los cinco miembros de la Junta (tres militares y dos civiles). »