Ofensiva del presidente de la Junta andaluza para despejar las dudas sobre el referéndum

El presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, ha iniciado una intensa actividad política de cara a despejar esta misma semana las interrogantes que se ciernen sobre el referéndum de iniciativa autonómica de la región. Ayer visitó el Ayuntamiento de Sevilla, donde pronunció un discurso en el que instó al Gobierno a que mediante un decreto-ley remueva los obstáculos que podrían impedir la celebración del referéndum en la fecha prevista.

El jueves tiene prevista una entrevista con los máximos responsables en Andalucía de las fuerzas políticas parlamentarias, señores Clavero (UCD), Rodríguez de la Borbolla (PSOE), Rojas Marcos (PSA) y Soto (PCE-PCA). Esta entrevista se considera preparatoria de la reunión del consejo permanente de la Junta prevista para el sábado, de la que emanarán decisiones en uno u otro sentido.El señor Escuredo señaló en el Ayuntamiento de Sevilla que los próximos días serán decisivos para despejar la confusión existente en torno a la fecha de celebración del referéndum andaluz. «Quizá sea yo un presuntuoso y un pedante, pero me voy a dirigir directamente a la Moncloa para decir, desde aquí, que bastaría un decreto-ley y una sesión plenaria del Congreso para satisfacer las aspiraciones de Andalucía en este momento», señaló el presidente de la Junta, según informa nuestro corresponsal en Sevilla, José Aguilar.

Rafael Escuredo, que rechazó la acusación de estar jugando al pesimismo -«sólo soy un optimista bien informado»-, dijo que el proyecto de ley orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum, que ha recibido más de cien enmiendas de los distintos grupos parlamentarios, no permitirá, por muy rápida que sea su tramitación, celebrar la consulta popular el 28 de febrero.

En relación con este tema, el ministro para las relaciones con las Cortes, Rafael Arias-Salgado, tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, manifestó ayer que «es perfectamente posible que el proyecto de ley orgánica sobre diversas modalidades de referéndum quede aprobado por el Pleno del Congreso del jueves de la próxima semana; es una hipótesis posible. El Gobierno pidió que se diera trámite de urgencia a este proyecto, con vistas a que el referéndum de iniciativa sobre la autonomía de Andalucía, a celebrarse el 28 de febrero, pueda desarrollarse de acuerdo con esta ley».

Sin embargo, el presidente de la Junta no es tan optimista como el ministro para las Relaciones con las Cortes, por eso insiste en que se convoque mediante decreto-ley, que posteriormente podría incorporarse como disposición transitoria a la citada ley ordinaria.

Refiriéndose a un influyente medio de comunicación social que recientemente dirigió fuertes críticas a los políticos andaluces por sus posturas autonómicas, Escuredo negó tener otra ambición que no sea el autogobierno de Andalucía y señaló que «cuando se dice, tal vez al dictado, que la clase política de Andalucía es subalterna, puede acertarse, ya que aquí el pueblo es el protagonista, al contrario que en otros territorios, donde los políticos son los protagonistas y el pueblo el subalterno».

El presidente de la Junta advirtió «que no se engañe nadie, ni en Madrid ni aquí, porque vamos a pelear por la autonomía», anunciando que el consejo permanente del organismo preautonómico, convocado para el próximo sábado, puede adoptar ya una postura dura y enérgica ante el poder central, posiblemente a través de los ayuntamientos andaluces, si no se resuelve de inmediato el problema de la fecha del referéndum. «Que se oigan en el palacio de la Moncloa las palabras humildes de un hombre que no tiene ambiciones políticas», concluyó.

En medios políticos andaluces se piensa que el Gobierno dirá ahora su última palabra sobre la fecha del referéndum, después de haber designado a Antonio Fontán, ministro de Administración Territorial, interlocutor ante la junta para todo lo relacionado con dicha consulta. Por su parte, el PSA ha acusado de inoperancia al consejo, por no tomar ya medidas de presión ante lo que considera una voluntad deliberada de los partidos mayoritarios de confundir a la opinión pública para hacer que fracase el referéndum andaluz.