UCD inicia una campaña de información sobre el Estatuto de Centros

Los diputados de UCD Manuel Díaz Pinés y José García Pérez, miembros de la ponencia de Educación del Congreso, que ha redactado el informe al proyecto de ley de Estatuto de Centros Docentes, han calificado de gesto «meramente testimonial» la negativa de socialistas y comunistas a suscribir el texto final, y han anunciado el propósito de UCD de iniciar, a partir de ahora, un período de información a la opinión pública sobre el citado proyecto de ley, a través de propaganda impresa, actos públicos y mesas redondas.Los parlamentarios centristas aludieron, en el transcurso de una conferencia de prensa, a la «sorpresa» que para ellos había representado la actitud de los representantes del PSOE y del PCE, quienes, a su juicio, no tienen razón cuando interpretan como incorrecto, dentro de la técnica parlamentaria, la introducción de modificaciones sobre el texto del informe de una ponencia, en este caso de la de Educación.

García Pérez dijo que es habitual que, cuando se concluye el informe de una determinada ponencia, se produzcan una o más «lecturas», después de las cuales se introducen modificaciones hasta que queda elaborado un texto definitivo. Añadió que el letrado de las Cortes había confirmado que el informe tiene plena efectividad jurídica aun sin contar con las firmas de los ponentes socialistas y comunistas. Señaló que, pese a ello, UCD interpretaría como un gesto de concordia el que los partidos de izquierda reconsideraran su postura, en aras del diálogo y el afán de entendimiento, tal y como acababan de manifestar sus portavoces, con ocasión de la aprobación, por unanimidad, del dictamen sobre el proyecto de ley de creación del cuerpo de inspectores técnicos de formación profesional.

Según los parlamentarios de UCD, las discusiones de la ponencia se han producido dentro de un clima distendido entre todos los grupos parlamentarios y «se había llegado a muchos acuerdos en puntos clave». De ahí la sorpresa de los centristas ante la postura final de socialistas y comunistas.

El diputado Díaz Pinés aseguró que él había preguntado privadamente a varios representantes de la oposición sobre las razones de su negativa a suscribir el informe, y que de la respuesta de Marta Mata había deducido que la izquierda estaba obligada a mantener una postura de oposición al Estatuto, cada vez más firme, sobre todo después de los movimientos que se han producido en la calle en torno a este proyecto de ley.

Se refirió, entre los puntos más conflictivos, a la pretensión de los partidos de izquierda de exigir un estatuto especial para los centros subvencionados. La intención de la izquierda parlamentaria, según el diputado centrista, es impedir el ideario de los centros por la vía de considerar como públicos a los subvencionados.

Dijo también que había una verdadera obsesión por parte de la «izquierda marxista» en dar al ideario de los centros un sentido estrictamente ideológico. «Para ellos», añadió, «cualquier modo de entender la vida es ideología, salvo cuando esa interpretación de la vida se ajusta a la filosofía marxista.» Por el contrario, según Díaz Pinés, para UCD «el ideario no es un decálogo ideológico que se impone a los alumnos, sino un proyecto educativo dentro de un marco axiológico».

Negó, finalmente, el diputado de UCD que se hubiese introducido en el proyecto de ley, como han interpretado los partidos de izquierda, una vía para establecer el ideario también en los centros estatales. No es esa, en su opinión, la interpretación que cabe hacer del artículo 23 bis del informe de la ponencia, que dice textualmente: «El consejo de dirección elaborará un marco de directrices, axiológicas y, educativas, al que deberán ajustarse las actividades docentes En su aspecto valorativo incluirá los principios consagrados en la Constitución y en los convenios internacionales relativos a los derechos humanos en que España sea parte, y respetará las opciones filosóficas y religiosas inherentes al ejercicio por los padres de los alumnos del centro del derecho reconocido en el artículo 27.3 de la Constitución. Estas directrices serán sometidas a aprobación de la Administración docente, que velará por su cumplimiento.»

Pese a la afirmación de que «ha habido acuerdos con los partidos de la oposición en puntos clave», los socialistas han denunciado el rechazo sistemático de todas las .enmiendas de la izquierda, puesto que la única de cierta importancia que se ha incorporado al informe es el artículo 15. 1, según el cual, «los profesores, los padres, el personal no docente, y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos legal y reglamentariamente establecidos por la presente ley». Los socialistas, no obstante, piensan que esta aceptación, al cabo, pierde su verdadera entidad, al ser rebajada la capacidad de gestión y control con otros artículos.

La principal razón esgrimida por los representantes del PSOE y del PCE para no firmar el texto del informe es la modificación de una de las disposiciones finales, en virtud de la cual se resta carácter orgánico, pese a que tal es el sentido del proyecto de ley, a determinados artículos, que, según UCD, deben salvaguardar las potestades de las comunidades autónomas. Los partidos de la oposición parlamentaria creen que estas excepciones pretenden garantizar a UCD los votos del PNV y de la Minoría Catalana.