La Diputación, decidida a mejorar la temporada de Las Ventas

La comisión de gobierno de la Diputación Provincial de Madrid, en su reunión celebrada ayer, estudió ,las acciones a seguir como consecuencia de haberse rebasado el plazo que, en su día, fue comunicado a Diodoro Canorea, empresario de la plaza de Las Ventas, para que presentara aval bancario por el importe total del canon de arrendamiento, que asciende a unos 162 millones de pesetas. La comisión apreció una parte de las alegaciones de Canora respecto a tal plazo, pero también una serie de matices que podrían producir la introducción de una serie de modificaciones en el contrato de arrendamiento. Finalmente, se le comunicará a Canorea que tiene ahora de plazo hasta el 15 de enero de 1980 para la presentación del aval.La comisión de gobierno facultó al grupo de trabajo o comisión taurina que forman el vicepresidente de la Diputación, Luis Larroque, el diputado Eduardo González Velayos y el letrado José Beato, para que estudien dichas modificaciones, y el señor Larroque será quien, dentro de esta semana negociará con Diodoro Canorea.

Entiende el empresario, quien ha presentado al respecto un informe de dos abogados del Estado, que tiene de plazo para presentar el aval hasta primero de marzo, que es la fecha en que se cumple una anualidad del contrato, pero es obvio que la Diputación no puede aceptarlo, pues, si hubiera de ir entonces a la rescisión del contrato, no habría tiempo de convocar concurso para la adjudicación de la plaza, y ni siquiera para que la Corporación se hiciera cargo de la explotación directa de la misma.

Es un hecho cierto que ni el pliego de condiciones -una auténtica desdicha, jurídica y taurinamente hablando- ni la escritura pública de arrendamiento concretan la fecha en que ha de presentarse el aval, por lo que ambos documentos admiten diversas interpretaciones.

Los objetivos primordiales de la Diputación son garantizarse el cobro del canon correspondiente a 1980 -de ahí la exigencia del aval e introducir factores cuantitativos y cualitativos en el contrato para asegurar que la próxima temporada madrileña y sucesivas, tengan un contenido sustancial muy superior a la de 1979. Como, según manifestaba a EL PAIS Luis Larroque, la Corporación no arrienda Las Ventas como si se tratara de un negocio, sino como un servicio público mediante el cual puede fomentar un espectáculo popular, su política, en este aspecto, será pro mocionar la fiesta, y no tiene in conveniente en detraer del canon las cantidades precisas para subvencionar corridas o novilladas extraordinarias de los jueves y hacer una campaña de difusión.

En realidad, según hemos podido saber por alguno de los miembros de la comisión taurina, el ideal sería ir a un nuevo pliego de condiciones, el cual tendería a no ser gravoso para el adjudicatario, que darían plasmadas estas mejoras y definidas jurídicamente las obligaciones de ambas partes. Sería sacada a concurso (no subasta) la plaza, que podría incluso ser adjudicada de nuevo al propio Canorea, pues la Diputación comprende que éste ha tenido que resolver la temporada 1979 en unas condiciones de gestión poco favorables, y esto sería tenido en cuenta a la hora de estudiar las ofertas.

A la pregunta formulada por EL PAIS acerca de qué ocurrirá si el 15 de enero Canorea no ha presentado aval bancario, Luis Larroque responde que, inexorablemente, se irá a la rescisión del contrato. Y añade: «Sin aval, corremos un riesgo económico y, por otra parte, es imposible que estiremos por más días el plazo, pues hemos de tener tiempo de convocar y resolver el nuevo concurso antes de que empiece la temporada (marzo), y dárselo, a su vez, al adjudicatario, sea Canorea u otro empresario, para que pueda planificarla sin excesivos agobios.»