Escuela única: una mentira para la democracia

La ambigüedad del texto constitucional en su artículo 27, sobre la enseñanza, va a producir un enfrentamiento en la Comisión de Educación del Congreso. La Constitución con el consenso lo único que hizo fue aplazar el problema al desarrollo legislativo. Ahora vamos a ser testigos de la confrontación ideológica que necesariamente se va a originar en las Cortes alrededor del proyecto de ley del Estatuto de Centros Docentes y de Financiación de la Enseñanza.Los partidos políticos, cuyo objetivo es la conquista del poder, saben perfectamente la importancia que tiene la escuela para hacerse con la sociedad del futuro. No hay más que recordar la ruptura que se produjo con ocasión del debate constitucional.

En este mismo periódico, el señor Peces-Barba afirmó que el Partido Socialista Obrero Español no estaba dispuesto a transigir en el tema de educación. «Sólo habrá consenso», finalizaba, «si la nueva Constitución permite gobernar con toda la amplitud del término a las izquierdas.» Y hubo consenso, aunque esto obligara al partido en el Gobierno a ceder aspectos importantes de la libertad de enseñanza.

En el texto de la ley de Estatutos se han corregido bastantes deficiencias, pero todavía existen algunas ambigüedades que deben desaparecer.

Participación de los padres

En su articulo 5º, que tiene un arranque de las declaraciones y pactos suscritos por España, «los padres y tutores tienen el derecho a elegir el tipo de educación y el centro que deseen para sus hijos o pupilos». Pero ¿cómo se va a poder garantizar el derecho de los padres a elegir escuela si se desconoce cómo va a ser el sistema de financiación de la enseñanza? Tiene que quedar claro que el Estado garantiza este derecho sin discriminaciones económicas. Se trata de que los padres puedan elegir libremente el tipo de educación con posibilidad real; si no existiera ayuda económica, el reconocimiento de este derecho se quedaría en una simple declaración programática.

Otro aspecto importante que nos preocupa a los padres es el de la participación. Hasta ahora, la que se nos ofrece en los proyectos de ley de los partidos políticos es escasa. Ni el de consejos escolares, presentado en su día por el PSOE, que fue, derrotado en el Congreso, ni el actual, presentado por el Gobierno, nos satisfacen. Los padres queremos una representación que sea cuantitativamente igual a la de los profesores; su presencia en los órganos colegiados de gobierno es notoriamente desproporcionada de la que se asigna al profesor y al personal no docente. Por otra parte, la elaboración del reglamento de régimen interior, que compete, según el proyecto de ley, al claustro de profesores y se remite para su aprobación al consejo de dirección, en el que también están representados en mayoría los profesores, nos parece absurda, porque, tal y como está recogido, resulta que los profesores, que son los que lo redactan, son también los que lo aprueban. En los consejos de curso se debe incluir una representación de padres y alumnos junto con los profesores.

Quizá el punto más conflictivo en el proyecto de ley es el que se entiende por ideario educativo, que señala el carácter propio del centro. Si se reconoce a los padres el derecho a elegir «el tipo de educación», resulta natural que se reconozca a los titulares el derecho a establecer «el tipo de educación». Si el derecho de los padres a elegir, recogido en el artículo 5º, es igual para todos los padres, resulta sorprendente que ese derecho se le reconozca sólo a los padres que llevan sus hijos a centros privados. Nuestra confederación, que reúne asociaciones de padres de alumnos de escuelas estatales, y no estatales, pide que se haga extensivo este derecho a los padres que tienen a sus hijos en la escuela del Estado. Estos padres, mediante una participación democrática, también deberán poder decidir el proyecto educativo de esa escuela.

Somos conscientes de que el problema es muy complejo y de que es casi una utopía pensar en un centro público con un ideario. Pero ¿qué modelo educativo se ofrecerá en estas escuelas? ¿Será imposible, si los padres lo desean, que se imparta una educación inspirada en el sentido cristiano? Lo que no podemos aceptar, desde una perspectiva de padres, es que los de la escuela estatal queden fuera de juego para decidir estos aspectos importantes de la educación de sus hijos.

El problema de fondo que se va a plantear en el desarrollo legislativo está en la traducción de la libertad de enseñanza, que tiene un contenido diferente para la izquierda y para el partido que está en el poder.

Los partidos de izquierdas (el PC y el PSOE tienen un programa idéntico en la enseñanza, con la única diferencia de que el PSOE es alternativa de poder) entienden la libertad de enseñanza como el derecho de los profesores a la libertad de cátedra y se pronuncian por una escuela laica, única con pluralismo ideológico y autogestionada. Se pide la supresión del ideario, «que supone un serio peligro para los puestos de trabajo del profesorado y un atentado a la libertad de expresión». Estos grupos siempre tendrán una actitud en contra de la identidad de los centros, como siempre estarán en contra de admitir como preferente el derecho de los padres. Según palabras de Gómez Llorente, reconocer este derecho en la Constitución hubiera sido introducir «un elemento altamente reaccionario». Esta declaración concuerda perfectamente con la definición que se hace de la familia en el congreso de la FETE del año 1976, donde se la incluye entre «las cinco instituciones clave como foco de contagio cultural y como aparato eficacísimo para la difusión de la ideología del poder». En el mismo texto se define a la familia «como universo jerarquizado que transmite una moral conservadora y represiva». Resulta natural que si el partido considera así a la familia no le dé ningún protagonismo en la Constitución e intente suprimirla en su desarrollo legislativo.

Para los partidos de centro y derecha el principio de libertad de enseñanza se entiende como la posibilidad de elegir el centro educativo y el tipo de educación que se imparta; son los padres los primeros responsables, y todas las escuelas tienen que estar financiadas por el Estado, en base al derecho de los alumnos a una enseñanza no discriminatoria.

Financiación de la enseñanza

Herrero de Miñón dice, hablando del tema de financiación de la enseñanza: «Si la gratuidad se realiza de modo que se impida la libre elección del centro porque la ayuda se condiciona impidiendo al centro que la recibe conservar su ideología, o si la ayuda a la familia le impide a ésta elegir para sus hijos el tipo de educación, la gratuidad en manos del Estado no sirve, sino que lesiona su finalidad: poner al alcance de todos la libertad.»

Por eso, sin duda, el aspecto más difícil de comprender es aquel en el que «el socialismo lucha en la educación por el objetivo de llegar a una escuela pública única». En la declaración del voto, Gómez Llorente, como portavoz del sector del PSOE en la Comisión de Educación, ha rechazado la ley de Estatuto de Centros, pronunciándose por la escuela laica y única. Muchos se preguntan hasta qué punto le conviene al PSOE, cuyas votaciones en el último Congreso han dado la victoria al ala moderada del partido, tener a Gómez Llorente, que, sin duda, es el político de la izquierda que más sabe de educación, defendiendo la ponencia en el Congreso, cuando representa en el partido la fracción más radical.

En un país como el nuestro, con diversidad de opiniones y de iniciativas, la libertad de enseñanza debe ser garantizada a toda costa. Desde la libertad nadie puede anular la iniciativa de los diferentes grupos sociales; las distintas alternativas que se ofrecen en educación no pueden ser asfixiadas por el monopolio de la escuela única.

(*) Secretaria general de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, vicepresidenta de la Organización Europea de la GIAPEC.