Máxima tensión entre el alcalde y los socios cooperativistas de Hipergranada

«El hiper no cierra ni hoy ni dentro de 48 horas. Esperamos que antes de ese plazo se pronuncie la correspondiente sala de la Audiencia; pero, si no lo hace, nosotros seguiremos como si nada hubiera pasado», dijo ayer el presidente de la sociedad cooperativa Hipergranada, Rogelio Rodríguez, en el curso de una conferencia de prensa.

La clausura del hiper granadino y su posterior demolición, en un plazo máximo de cinco meses, fue ordenada el pasado día 4 por el alcalde de la ciudad, Antonio Jara, debido a la falta de licencias municipales y otros permisos legales preceptivos, sin los que el edificio ha sido construido y abierto al público, así como a su ubicación en terrenos no urbanizables del Plan Comarcal de Granada, correspondientes a zona agrícola de protección especial.La fecha oficial de clausura decretada por el alcalde era la de ayer, día 12, si bien concedió a los cooperativistas un plazo de 48 horas para el cumplimiento voluntario de la orden,

Durante su reunión con informadores locales, Rogelio Rodríguez calificó el decreto de clausura y demolición de Hipergranada como ilegal, y dijo que «antes de firmarlo, el señor alcalde debería haber considerado las solicitudes de recalificación del suelo y de licencia de construcción, que oportunamente hicimos ante el Ayuntamiento».

«Por otro lado», añadió el señor Rodríguez, «la firma del decreto va contra la decisión de la propia Corporación municipal, que, en el famoso pleno del día 4 de octubre, votó a favor de la no demolición del edificio, por mayoría, y aquella votación tenía carácter vinculante.»

Preguntado sobre si su decisión de no acatar voluntariamente el decreto del alcalde significa un desafío al Ayuntamiento, el presidente de Hipergranada negó tal posibilidad. «Sólo se trata de la postura de 150 familias que luchan por su supervivencia.»

Respecto a la solución de trasladar las instalaciones del hiper a los terrenos municipales de Mercagranada, tal como el propio alcalde les ha ofrecido públicamente a los cooperativistas, Rogelio Rodríguez dijo que «no podemos aceptar unas negociaciones que suponen nuestro hundimiento; tenemos muchas deudas y ni un duro para afrontarlas, con una serie de créditos oficiales congelados hasta tanto no estemos legalizados; por eso no podemos permitirnos el lujo de cerrar, ni siquiera una semana, pues sería nuestra ruina total».

Tras asegurar que a ninguno de los socios del hiper se le ha pasado por la cabeza la idea de amenazar, insultar o intentar agredir al alcalde, el señor Rodríguez terminó diciendo que «el hiper quedará aquí, donde está, porque, entre otras razones, este terreno, con más de 100.000 metros cúbicos de hierros y cemento, es ya irrecuperable para zona agrícola».

«No pienso contestar a las acusaciones de ilegalidad del decreto, ya que eso, en cualquier caso, sería un juez quien debería dictaminarlo», declaró, por su parte el alcalde, Antonio Jara, a EL PAIS.

«Yo voy a seguir adelante con el cumplimiento de lo que manda la ley y con la ejecución de mi propio decreto», añadió. «Para ello, en cumplimiento de la ejecución subsidiaria que se prevé en el mismo, mañana se precintará el edificio y todas sus instalaciones complementarias.»

En este sentido, según el señor Jara, si no fuera posible ejecutar el precintado del hiper valiéndose únicamente de los medios propios del Ayuntamiento, éste acudiría inmediatamente en petición de ayuda a la autoridad gubernativa. El alcalde subrayó, sin embargo, su máximo respeto por los derechos de las personas y dijo que, aunque «el Ayuntamiento intentará no ejercer medidas de coacción o violencia física, lo que no estamos dispuestos a consentir es el menosprecio de la autoridad municipal, como en este caso se pretende».