Las negociaciones sobre la autonomía valenciana, estancadas desde hace cincuenta días

Las negociaciones a tres bandas del proceso autonómico valenciano llegaron a un callejón sin salida después de mes y medio largo de conversaciones. Los negociadores reiteran, sin embargo, con declaraciones de cara a la opinión popular, sus optimismos y pesimismos, sus divergencias y acuerdos para mantener un interés mortecino sobre la conclusión de esta negociación, a la espera de que uno de ellos rompa la baraja y quede como responsable del imposible acceso a la autonomía de primera por la vía del artículo 151.

Las trabas al referéndum andaluz, el consenso roto del Estatuto gallego y los pactos de las direcciones federales de los partidos para reencauzar las autonomías constituyen hechos con suficiente relevancia para considerar que el proceso autonómico valenciano ha entrado en una crisis profunda.El proyecto de ley orgánica de referéndum es considerado por el PSOE como un nuevo elemento de freno al proceso. «Me parece un proyecto de ley preparado expresamente por UCD para atentar contra la autonomía del País Valenciano», afirma Joan Lerma, secretario general del PSPV-PSOE. Las trabas que plantea, no recogidas antes por la Constitución, hacen inviable la autonomía por la vía del artículo 151 para un plazo superior a los tres años.»

De aplicarse este proyecto de ley al País Valenciano, supondría la repetición del abrumador pronunciamiento autonomista de los ayuntamientos, especificando la vía constitucional que eligen -artículo 143 ó 151-, nuevo requisito no contemplado por el texto de la Constitución, lo que haría imposible, según los socialistas, el acceso a la autonomía plena de la actual legislatura. A este respecto, UCD asegura que mediante una disposición transitoria se pueden respetar las características de los pronunciamientos municipales ya realizados.

«Todo ello quiere decir que el alargamiento de las negociaciones», afirma Lerma, «no tiene más función que evitar llegar a un acuerdo entre los tres partidos hasta que el proyecto quede aprobado por el Parlamento y obligarnos a entrar en la vía autonómica recortada del 143. No hay posibilidad de acuerdo, y menos con este proyecto de ley orgánica, a no ser que UCD modifique su postura. Todo está en manos de UCD.»

El recorte de competencias del Estatuto gallego constituye el precedente más claro del juego autonomista del partido del Gobierno, según Antonio García Mirxlles, presidente del PSPV-PSOE, «porque no se entiende que UCD sacrifique una autonomía donde ostenta la mayoría, si no se trata de presionar por esta vía a otras comunidades para rebajar el nivel de sus estatutos o simplemente frenar sus autonomías.

Normalizar la vida política

La presión de los socialistas denunciando la inoperatividad de la negociación es valorada por UCD como «un intento deliberado de depreciar las negociaciones» y dificultar el restablecimiento de la normalidad en la vida política valenciana, limando conflictos entre los partidos y buscando la unidad del pueblo. «Que se diga esto después de las últimas reuniones, donde entrega mos un documento sobre nuestra posición, que ha supuesto un importante avance, resulta absolutamente falso.»La regulación del referéndum corresponde, según UCD, a la obligación del Gobierno de cumplir el calendario legislativo de desarrollo constitucional: «Con este proyecto de ley, el Gobierno está cumpliendo una obligación contraída, por otro lado necesaria, ante el desencanto autonómico de todo el país, que exige un debido equilibrio y organización de todos los procesos y una ordenación y racionalización, porque si no el Estado corre el riesgo de disgregación y esto lo pagaríamos todos los españoles», expresa Manuel Broseta, secretario general regional de UCD.» Como oposición responsable al partido del Gobierno señala que el PSPV debería preparar sus mociones a defender en los debates del Congreso sobre el proyecto de ley y evitar «acusaciones que resultan demagógicas e irresponsables desde una perspectiva de política de Estado».

El proyecto no es, en opinión de los comunistas, el principal problema de las negociaciones, «porque nuestra dificultad no viene de fuera, sino desde dentro de País Valenciano, donde los partidos debemos conseguir una posición clara para dinamizar la autonomía». Sin embargo, añade nueva confusión, pues supone que los referendos quedan pospuestos hasta después de su publicación y acentúa la discriminación con las autonomías vasca y catalana resueltas sin estos trámites.

Referéndum sin fecha

Sobre la mesa negociadora reposa una fecha propuesta por la izquierda para el referéndum el 28 de febrero, como el andaluz, pero al igual que otros ternas si resolver. «No convocaremos el referéndum mientras no exista el acuerdo de todos y cada uno de los puntos negociados», asegura a este respecto el secretario regional de UCD. «Mientras no volvamos a normalizar el Consejo del País Valenciano y ganar la confianza del pueblo es de un enorme maximalismo lanzar a toda costa un referéndum que sabemos que se perderá si los partidos previamente no somos capaces de resolver los temas conflictivos que dividen a los valencianos.» UCD, no obstante, si hay acuerdo, «irá por el 151, asumiendo el riesgo de que el pueblo no vote.Los últimos días, las reuniones se vienen sucediendo con más frecuencia y han roto, en parte, el impasse, al tiempo que el reto de los socialistas, responsabilizando al partido del Gobierno de la falta de acuerdo, arrastran las nuevas manifestaciones de los dirigentes de UCD; pero, como afirma el secretario general del PCPV-PCE, Ernesto García, «hay miedo por cargarse con el muerto de la auitonomía valenciana a cuestas». «Lo que no pueden soportar estas negociaciones», afirma, «es una reunión de trabajo cada dos o tres semanas porque las eterniza. Pero si se toman y se aceleran en serio en diez días puede verse si son por fin viables o no.»