Operación política y financiera para superar las anomalías del consorcio de la zona franca de Barcelona

El reciente nombramiento del concejal centrista y delegado especial del Gobierno en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Carlos Güell de Sentmenat, como presidente del consejo de administración del Puerto de Barcelona está en el centro de una operación política y financiera tendente a superar el problema creado con las muy graves anomalías descubiertas en el citado Consorcio. El eje del tema está en el pago por el Ministerio de Obras Públicas de fuertes cantidades por la cesión por parte del Consorcio de 120 hectáreas, destinadas a la ampliación del puerto de Barcelona.Por otro lado, recientes averiguaciones indican que la sorprendente forma de proceder del Consorcio en los últimos años alcanza a varias figuras de la vida pública, al tiempo que no queda limitada a la simple compra de fincas inexistentes.

El proceso arranca de un singular marco legal, fruto directo de lo que fue la Barcelona de Porcioles. Configuran básicamente este marco la ley número 102 de la Jefatura del Estado, de fecha 17 de julio de 1965, y el «estatuto de la Zona Franca de Barcelona», dictado por orden ministerial de 1 de julio de 1968. Ambas disposiciones fueron promulgadas siendo Juan José Espinosa Sanmartín ministro de Hacienda. Todo ello fue tan positivo para la trayectoria personal de los rectores del Consorcio que actualmente el citado ministro franquista aparece como presidente honorario del Consorcio.

El pasado 4 de noviembre, este diario reveló lo que constituye el punto de mayor escándalo de todo el gran tema del Consorcio: la inexistencia de fincas aparentemente compradas por el Consorcio, por un total de 181 hectáreas, por un valor próximo a unos 1.100 millones de pesetas, y, la desaparición del abogado del Estado en excedencia Antonio de la Rosa Vázquez, durante largos años secretario general y auténtico hombre fuerte del Consorcio.

En la génesis de aquella Información destaca el mutismo de la Administración, en particular el Ayuntamiento de Barcelona, que, con una interpretación muy estricta de lo que era y es una mera remisión de un informe al ministerio fiscal, no informaba le lo mucho que podía interesar al conjunto de la ciudadanía.

Pese a este mutismo. muy diferentes fuentes, amparadas casi siempre en documentación oficial, han ido facilitando en las pasadas semanas datos complementarios. En base a ellos puede ya establecerse que la desaparición del secretario general de la entidad y de mil millones de pesetas en pago de terrenos inexistentes son el aspecto más escandaloso y evidente de todo un tipo de gestión. pero que esta gestión aparece además como responsable de un endeudamiento muy superior (9.000 ó 10.000 millones), ocasionado en cinco años escasos. Este proceso de endeudamiento de una entidad pública ha sido paralelo a más de un beneficio privado. El comportamiento del Ayuntamiento barcelonés y de los responsables directos no demuestra una voluntad real de llegar al fondo del tema.

Siendo delegado especial del Estado en el Consorcio Santiago Udina Martorell se llevó a cabo una política de expansión que, vista desde la perspectiva de hoy, parecería increíble. La misma política fue continuada por el sucesor de Udina, José Luis Bruna Quixano. En ambos casos, el responsable, de la ejecución de aquella política de grandiosidad, con muchos poderes personales, fue el hoy desaparecido Antonio de la Rosa.

Al margen siempre del tema, expuesto en su día, de los inexistentes terrenos, el actual endeudamiento, fruto directo de aquella política, se centra en los siguientes puntos: edificación de dos grandes y suntuosos edificios (uno de ellos aún inocupado), un increíble contrato con una empresa privada llamada Docks del Mediterráneo, SA. la construcción de unos almacenes para el propio Consorcio y la compra de por lo menos una extraña sociedad privada. Para ello hubo de procederse a la financiación exterior, mediante emisión de obligaciones por importe de 5.000 millones (suscritas en su mayoría por las cajas de ahorro catalanas) a obtener créditos por valor d( 2.500 millones de diversos bancos y otros mil millones de empresas constructoras.

Respecto a los dos edificios citados, hay que destacar que uno de ellos, o ambos, se encuentran en situación de total ilegalidad urbanística, al estar edificado sobre zona de equipamiento. Cada uno de ellos costó unos mil millones de pesetas. Uno ocupa a los 260 empleados que, incomprensiblemente, mantiene el Consorcio, cuya única función real sería cuidar de la gestión de un polígono industrial de ochocientas hectáreas. Este edificio usado por el propio Consorcio es de un lujo indescriptible. Posiblemente ninguna institución pública de toda España cuenta con unas instalaciones comparables. El otro edificio está inocupado.

No menos interés ofrecen las relaciones del Consorcio con la empresa privada Docks del Mediterráneo, SA, constituida el 23 de febrero de 1970 con un capital de sólo medio millón de pesetas. El 6 de mayo de 1975, dicha empresa contrató en arriendo una superficie de terreno urbanizado, propiedad del Consorcio, de 32.000 metros cuadrados, sitos en la calle cinco del sector del polígono industrial.

Fue un arrendamiento en el cual el Consorcio, además de arrendador dador, hizo el papel de banco, financiando unas obras de construcción para Docks del Mediterráneo, SA, de unos almacenes de dos plantas, en régimen de excepción arancelaria, con una superficie por planta de 2.000 metros cuadrados.

Las obras financiadas por el consorcio para dicha empresa privada importaban en su primera fase 315 millones de pesetas, y en su segunda fase, 214 millones. Ahora, Carlos Güell, delegado especial del Estado en el Consorcio, afirma que la deuda de Docks -con su medio millón de pesetas de capital- con el Consorcio es e ochocientos millones.

Por otra parte, Docks del Mediterráneo, SA, obró asesorada técnicamente por otra empresa, denominada Asesoramiento de Tráfico y Comercio Internacioal (ATCI), fundada el 29 de sepptiembre de 1975, con Antonio de la Rosa Martí -hijo de Antonio de la Rosa Vázquez, secretario general del Consorcio- como gerente. De la Rosa hijo ocupó la gerencia de ATCI hasta el 14 de marzo de 1978, en que pasó a ser presidente de la misma sociedad, cuyo domicilio social está situado en el edificio que es sede principal y propiedad del Banco Garriga Nogués. El consejero delegado de dicho banco, de quien eran dientes destacados tanto ATCI como el propio Consorcio, es otro hijo de De la Rosa, Javier de la Rosa Martí. Este último, según fuentes financieras, está a punto de ser destinado a otra función, siempre dentro del grupo Banesto. Otro proyecto de orden comparable fue la construcción de unos almacenes de depósito de tres plantas, con una superficie total de 32.000 metros cuadrados. Su coste ha sido de unos seiscientos millones de pesetas. Su utilidad y, desde luego. su rentabilidad no aparecen muy claras. Después de estar largo tiempo inocupados, acaban de ser arrendados como depósito a la Tabacalera, que pagará unos cuarenta millones al año.

Otro tema lo constituye la aparición en el informe emitido por el Consorcio con relación a las emisiones de obligaciones de una sociedad mercantil privada denominada Inmuebles y Explotaciones, SA (Inedsa). Tanto en el informe de 1976 como en el de 1977 se afirma poseer el ciento por ciento de dicha sociedad, cuyo patrimonio se cifra en 78 millones de pesetas. En cambio, el registro mercantil señala un capital de un millón de pesetas (el de su constitución, en 1972), no indica el nombre de ninguna persona del consejo que sea conocida por pertenecer al Consorcio ni muestra ninguna actividad desde junio de 1977. Preguntado al respecto, Carlos Güell afirmó que «dicha sociedad es, en realidad, un terreno valorado en 78 millones, pero que, por lo menos ahora, no vale dicha cantidad. Lo he puesto a la venta y no aparece ninguna oferta».

Todas estas operaciones, al igual que la compra de terrenos inexistentes, se hicieron en base a financiaciones exteriores, totalmente ajenas al presupuesto ordinario del Consorcio.