Abril se niega a recibir a la comisión de alcaldes

El vicepresidente segundo del Gobierno, Fernando Abril, se niega a recibir a una comisión de los alcaldes de las principales ciudades españolas, que se reunieron el pasado lunes en Zaragoza y acordaron iniciar una nueva ronda de conversaciones con el Gobierno. La negativa del señor Abril a recibir a la comisión, hecho del que ha informado Ramón Tamames, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, sumada a la inasistencia de los alcaldes de UCD a la convocatoria de Zaragoza, marcan el punto más bajo en cuanto a las relaciones entre los principales representantes de la Administración local y el partido del Gobierno.

La intención de los alcaldes era intentar que el Gobierno diera marcha atrás en la negativa a sus pretensiones económicas, antes de que se celebrase la sesión plenaria en el Congreso sobre los presupuestos estatales. Los acuerdos tomados el lunes, junto con la documentación correspondiente, fueron enviados al vicepresidente Abril y a los ministros de Administración Territorial y Hacienda, Antonio Fontán y Jaime García Añoveros, respectivamente.UCD parece haber comenzado una política de distanciamiento respecto a los ayuntamientos dominados por otras opciones políticas. La cumbre de alcaldes de capitales mayores de 100.000 habitantes, que supuso el alineamiento junto al Gobierno y frente a sus homónimos de izquierda o nacionalistas, la cumbre de presidentes de diputación ucedistas celebrada el pasado fin de semana en Segovia, para asistir a la cual dieron plantón a otra convocada el mismo día por el presidente de la de Madrid; la inasistencia de los alcaldes de UCD a la reunión de Zaragoza -donde sólo estuvieron diecisiete alcaldes, aunque en representación de las ciudades más importantes- y, por último, el desaire de Abril Martorell, marcan una actitud de abandono claro respecto a la primitiva pretensión de UCD de ser neutral en cuanto a la Administración local se refiriera.

En Zaragoza, los alcaldes asistentes se reafirmaron en sus peticiones al Gobierno y en su contrariedad ante la negativa de éste. Las autoridades municipales asistentes consideraron indispensable que el Gobierno destine una partida de 50.000 millones para liquidar las deudas municipales, así como que cumpla con su compromiso de transferir a las arcas de los ayuntamientos el 10% de los ingresos por impuestos indirectos. Según Ramón Tamames, en los Presupuestos Generales del Estado para 1980, el porcentaje sólo llega al 8,5 %.

Asimismo, se acordó convocar, en los próximos meses, un congreso de ayuntamientos, en el que intervengan representantes de los 8.000 municipios españoles, de cara a analizar diversos aspectos relacionados con la nueva ley de Régimen Local.

«La actitud de los ayuntamientos no puede ser más realista y sería lamentable que tuviésemos que adoptar medidas de presión para que se nos atienda», dijo el alcalde de Sevilla, Luis Uruñuela (PSA) en el transcurso de una conferencia de prensa celebrada ayer para dar cuenta de la última reunión de alcaldes de las principales ciudades españolas, celebrada en Zaragoza. Informa José Aguilar.

El señor Uruñuela agregó que las peticiones de los alcaldes son racionales y moderadas y que no se puede caer siempre en «la técnica del 50%»; es decir, ofrecer por sistema la mitad de lo que se pide.