lrregularidades importantes en la gestión financiera del Metro de Barcelona

Importantes irregularidades de variado orden aparecen en la auditoría del Metro de Barcelona, ordenada en junio de 1977 por el entonces alcalde José M. Socías, de la cual este diario obtuvo ayer un amplio informe oficial de los auditores, entregado al actual alcalde de Barcelona, si bien los trabajos de la auditoria concluyeron hace meses.

Las irregularidades o anomalías comprenden la existencia de «una caja reservada», no reflejada en la contabilidad de la empresa, así como unas extrañas relaciones con el Banco Atlántico, una plantilla muy superior a las necesidades, una muy baja productividad comparativa y un gran costo general de funcionamiento de la empresa. Como marco general del tema hay que situar la política de importantes emisiones de obligaciones, preconizada a nivel municipal por el ex alcalde de Barcelona José María de Porcioles y su delegado de servicios de Hacienda, Sebastián Auger.El actual deseo del ex alcalde de Barcelona es, según fuentes municipales muy fidedignas, no divulgar el contenido de toda la auditoría, contrariamente a lo realizado por el alcalde Socías, quien difundió oficialmente los once volúmenes de la auditoría de los transportes de superficie y los remitió al ministerio fiscal. Ahora se divulgaría solo un informe-resumen. Con ello se evitaría, entre otras cosas, la aparición del nombre de la esposa de un ex alcalde, relacionada, según las fuentes, con los contratos de publicidad en las estaciones de Metro. Las fuentes afirmaron también que en el conjunto de la auditoría «hay materia para una querella criminal», y una destacada fuente jurídica, entre otros criterios más severos, señalaba que «es absolutamente necesaria y plenamente justificada una inspección del Banco de España en relación con operaciones bancarias que expone la auditoría».

El primer punto importante en que la auditoría centra su interés es el cálculo de las pérdidas. En base a los hallazgos de los auditores, puede ahora presumirse que las memorias oficiales de la Empresa Municipal Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, SA -nombre completo del Metro barcelonés-, podían responder a un intento de esconder pérdidas, para así colocar más fácilmente sus repetidas emisiones de obligaciones. La finalidad de algunas de las últimas emisiones de obligaciones podía ser simplemente pagar las primeras.

Así, la auditoría realiza ajustes de importancia en la cuenta de resultados y resultan unas pérdidas, entre 1973 y 1977, de 5.090 millones, cuando las memorias oficiales mostraban unas pérdidas de sólo 2.328 millones para el mismo período.

La postura del Metro frente a compañías suministradoras de material rodante, en concreto La Maquinista Terrestre y Marítima y Macosa, afirma la auditora, «fue débil al aceptar las condiciones impuestas». Asimismo afirma que «la existencia de una caja reservada, que queda fuera de los controles normales de la sociedad, como son los libros oficiales de contabilidad, y cuya existencia y disposición está al arbitrio de determinadas personas, constituye una importante debilidad en el control interno de la empresa, que, a juicio del equipo auditor, es totalmente inadmisible». Según fuentes directas, esta caja reservada y secreta, de uso arbitrario, centro de todas las sospechas imaginables, era de unos ocho millones, y llegó a ser de doce, con entradas y salidas. Su origen, también siempre según fuentes responsables, radica en cantidades que se detraían con ocasión de diversas compras.

Según las fuentes, de esta caja reservada se pagaban diversos sobresueldos. Fue suprimida de inmediato por el consejero delegade, nombrado por el alcalde Socías, Roberto Cortadas, quien fue el que solicitó la auditoría.

Disminución de capital

Entre 1973 y 1977, período auditoriado, el capital circulante de la empresa disminuyó en unos 3.000 millones. Ello, obviamente, repercutió en la gestión financiera. De ahí el recurso a las obligaciones para la financiación a largo plazo, el aplazamiento del pago a los acreedores y la sistemática utilización del crédito bancario. Los gastos financieros de tal política repercutían en un incremento del propio déficit, fruto también de una estructura de costes crecientes muy inflacionaria, por cuanto que sus aumentos anuales son superiores a los incrementos de precios al consumo.Entre 1964 y 1977 se aplicaron al Metro barcelonés 9.000 millones, mediante distintas emisiones de obligaciones. Pero de esta cantidad se invirtieron sólo 4.800 millones. Según la auditoría, el resto fue destinado nada menos que al propio pago de intereses y a la amortización de las propias obligaciones emitidas anteriormente. Ante ello, los auditores afirman un criterio que es antagónico al sostenido en su día por los rectores del municipio y su hacienda bajo el franquismo: «La emisión de obligaciones no constituye la alternativa adecuada para afrontar los déficit de explotación.»

Respecto al análisis de la gestión financiera, la auditoría afirma que «el examen global del conjunto de cuentas bancarias llevó a fijar la atención en las relaciones financieras sostenidas con el Banco Atlántico». Las relaciones con este banco se inician con la puesta en circulación de una emisión de 2.000 millones en obligaciones del Metro barcelonés y «se concreta en una serie de cuentas a plazo, de crédito y corrientes, cuyas interrelaciones y devengo de intereses, a favor y en contra, merecen especial atención».

La operación de empréstito se instrumentó, según la auditoría, a través de un circuito formado por Emilio Alberto Hap -director de la Empresa Municipal de Autobuses, cesado fulminantemente por Socías, en base a notables anomalías-, una persona apellidada Reyes, una compañía denominada Intra-americana Funding, Ltd., y el Banco Atlántico.

Condiciones de emisión

A continuación, la auditoría afirma «que las condiciones reales de la emisión han sido distintas de las previstas, por cuanto que el tipo autorizado era a la par, mientras que el tipo real fue bajo la par (98 %), justificado por el Banco Atlántico como un 2% de gastos de colocación y, además, el 2% como prima de aseguramiento de la emisión». Asimismo, afirma que el Metro no llevó detalle individualizado de las diez cuentas (corrientes, de crédito y a plazo fijo) del Banco Atlántico. Tal proceder, afirma, «puede considerarse sorprendente».Indica también la auditoría que «se efectuaron créditos financieros, en base a letras de cambio fibradas por personal directivo de Metro contra la propia compañía y descontados a su vez por el Banco Atlántico y abonados en la cuenta del librado, el Metro». Podría tratarse de las típicas letras financieras, conocidas también por pelotas en una variante nueva: el ser giradas contra una compañía de propiedad pública.

También sostiene la auditoría que «las imposiciones a plazo fijo, por un importe de 1.075 millones, estaban amparadas por tres documentos emitidos por el Banco Atlántico de Barcelona, que eran meros recibos, sin firma que autentificase la operación y sin que en ellos constase, además, el tipo de interés pactado ».

La auditoría comprobó que con un saldo medio depositado de 556 millones, entre junio de 1973 y diciembre de 1974, se había obtenido sólo una rentabilidad del 3,99% anual.

También contempla la adjudicación directa, sin concurso o subasta pública, de instalaciones comerciales -bares, estancos, quioscos- en las estaciones, y la gestión directa, en la práctica, en régimen de exclusiva a tres agen cias, de los espacios para la explotación de la publicidad de estaciones. Además, sin existir inventario de los espacios objeto de concesión. Finalmente, la auditoría comenta críticamente que en 1977 el coste directo de la recaudación del billetaje representara nada menos que 2,11 pesetas por billete expedido; es decir, el 40% del importe del billete en aquella fecha.

Como se recordará, la auditoría del transporte de superficie municipal (autobuses) fue remitida por el alcalde Socías al ministerio fiscal, el cual no creyó procedente intervenir.